06 de febrero de 2023
06 de febrero de 2023 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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El Juzgado Federal N°2 de Salta hizo lugar al pedido de la Fiscalía N°2 y la Procuvin
Indagarán a 38 funcionarios del SPF por corrupción en la compra de alimentos
El magistrado Miguel Antonio Medina ordenó que se le reciba declaración indagatoria a integrantes de la más alta jerarquía de esa fuerza. Los representantes del MPF habían aseverado que en el Complejo Penitenciario Federal del NOA se instauró un “régimen de hambre” que generó graves padecimientos a los detenidos.

El titular del Juzgado Federal N° 2 de Salta,  Miguel Antonio Medina, hizo lugar al pedido del fiscal federal N° 2  y coordinador de ese Distrito, Eduardo José Villalba, el fiscal general a cargo de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Miguel Palazzani, y el fiscal ad-hoc coordinador del Área de Corrupción en las Fuerzas de Seguridad de esa dependencia, Fernando Vallone, y citó a prestar declaración indagatoria a 38 funcionarios de la más alta jerarquía del Servicio Penitenciario Federal (SPF) por la deficiente alimentación en el Complejo Penitenciario Federal de Salta (NOA). En su presentación, los representantes del Ministerio Público Fiscal advirtieron que se instauró un “régimen de hambre” que generó graves padecimientos a las personas allí detenidas, y cuya causa habría sido la mala prestación del servicio de catering por parte de la firma Servicios Integrales de Alimentación S.A.

Entre los citados a indagatoria por el juez salteño se encuentran el actual Director del SPF, Emiliano Blanco, y sus antecesores en el cargo Alejandro Marambio y Víctor Hortel. En la investigación también se imputó a Fernando Díaz, quien se desempeña como  director del Servicio Penitenciario Bonaerense y se encuentra sospechado de participar en la maniobra delictiva por su rol de Auditor General del SPF al momento de los hechos. Según la acusación, todos los imputados habrían  incurrido en la comisión del delito de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en concurso real con el delito de vejaciones”. Los directores de la firma también están convocados para ser indagados.

Los investigadores detectaron una supuesta sobrefacturación por $1.957.725,5 en beneficio de SIAL: las raciones facturadas superaban a la cantidad de internos que había en esa institución penitenciaria.  Al mismo tiempo, de acuerdo a lo detectado por el  Ministerio Público Fiscal,  los costos del servicio se actualizaban “arbitrariamente”, incluso por encima de todos los índices de inflación.

Los fiscales resaltaron en su pedido que “la deficitaria situación alimentaria, crónica y extendida que se acreditó en el Complejo Penitenciario Federal NOA” tiene relación, a su juicio, con un escenario “plagado de irregulares contrataciones millonarias, gestionadas por las autoridades penitenciarias”.

Antecedentes

El hambre en las cárceles federales, ocasionado por la entrega de escasos alimentos de baja calidad, es denunciado desde hace décadas por los organismos estatales y no gubernamentales que despliegan controles en las prisiones, señaló la Procuvin. En ese marco, el fiscal general Palazzani explicó que la investigación "es un trabajo que comenzó cuando el Dr. Córdoba estaba a cargo de la dependencia y lo hemos continuado hasta llegar a esta instancia procesal, que se inició con un relevamiento de esa situación, mediante inspecciones y la recopilación de los antecedentes de distintos organismos que venían denunciando el hambre en las cárceles,  para instar y ejercer acciones penales en las jurisdicciones de Ezeiza, Morón, Salta y Capital Federal, y así deslindar las responsabilidades penales de los funcionarios públicos y empresarios que mediante la ejecución de maniobras fraudulentas en las contrataciones de alimentos ocasionan una sistemática vulneración de derechos de las personas detenidas en cárceles federales más pobladas del país, es decir en Ezeiza, Devoto, Salta y Marcos Paz”.

Por su parte, Vallone destacó que una de las misiones del área que encabeza “fue implementar un litigio estratégico para irrumpir de forma drástica en esa problemática”. Así, se logró “identificar que los proveedores de alimentos son un reducido número de empresas que se encuentran operando hace varios años con el Servicio Penitenciario Federal”, añadió. La Procuvin informó que ya suman más de 70 los sitios que fueron allanados a instancias de esa dependencia y de fiscales federales que acompañaron la medida. Al respecto,  indicó también que “es cuantiosa la documentación que se logró obtener para dilucidar los extremos de las maniobras ejecutadas, deslindar las responsabilidades penales y determinar el daño patrimonial y el perjuicio ocasionado”.

Otras investigaciones en curso

En la justicia federal de Lomas de Zamora, el juez subrogante  Federico Villena, tras reiteradas solicitudes de Procuvin -que llegaron a plantearse incluso ante la Cámara Federal de La Plata-, hizo finalmente lugar a registros domiciliarios y secuestros de documentación de proveedores del Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza. En esa investigación, ya fue posible detectar posibles retornos de distintos proveedores de alimentos a funcionarios del SPF.

 A su vez, la documentación secuestrada en el marco de la pesquisa por el Complejo Penitenciario Federal de Devoto ya se encuentra preparada para ser examinada por el Cuerpo de Peritos Contables de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por orden del juez  federal Sebastián Casanello.

Colaboración

Además de destacar la labor de los fiscales federales que acompañan las investigaciones, desde la Procuvin valoraron también los aportes otorgados a  las investigaciones por los equipos técnicos de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), y la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), para orientar los enfoques y análisis técnicos contables de las maniobras. Asimismo, también se hizo hincapié en la labor del coordinador general José Nebbia y los coordinadores Bárbara Franco, Ana Laura López y Maximiliano Medina, a cargo respectivamente de las áreas de Violencia en instituciones de encierro, Registro y Bases de Datos y Violencia Policial, que intervienen en el procesamiento de información, inspecciones y allanamientos.