La fiscal general Irma Adriana García Netto solicitó trece años de prisión para el efectivo de la entonces Policía Metropolitana Ricardo Ayala, al considerar probada su responsabilidad en el ataque a Lucas Cabello con su arma reglamentaria y el abuso cometido como funcionario público, el 9 de noviembre de 2015 en La Boca. Fue al término de su alegato, celebrado ayer ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 1.

Estos extremos motivaron el pedido de pena, a lo que se sumó la ponderación del daño causado a Cabello y su familia acreditado en las audiencias del debate, mediante las declaraciones testimoniales brindadas por el joven damnificado y su grupo familiar.

En su exposición, la fiscal también realizó un repaso de los testimonios que fueron parte del proceso y destacó que las declaraciones de quienes presenciaron el hecho confirmaron lo afirmado por Cabello en cuanto a la mecánica del ataque del uniformado. También puso en tela de juicio la declaración del imputado, al señalar que “no se condice con las pruebas y los testimonios”.

Para la Fiscalía, las declaraciones de quienes presenciaron el hecho confirmaron lo afirmado por Cabello en cuanto a la mecánica del ataque.

Previo a la alocución de la representante del MPF hizo lo propio la Liga Argentina por los Derechos Humanos, que como querella solicitó veinte años de prisión para el agente policial, adhiriendo al pedido formulado por la familia de Cabello en la audiencia anterior.

Desde el inicio de las actuaciones prestó su colaboración la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), en tanto que la familia contó con el acompañamiento de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC); ambas áreas especializadas funcionan en el ámbito del MPF.

Los hechos

Según acreditó la Fiscalía, el 9 de noviembre del 2015 Cabello volvió a su casa de comprar unos sándwiches para su pareja y su hija en una panadería cercana, a las 15:45 aproximadamente, y se cruzó con el agente Ayala. El efectivo cumplía una consigna policial por una serie de conflictos vecinales en el complejo habitacional ubicado en Martín Rodríguez al 500, en el cual vivía Cabello.

En ese marco ocurrió un entredicho entre el agente policial y la víctima: ante ello, el uniformado disparó a Cabello por primera vez, quien perdió el conocimiento y cayó al piso. Finalmente, el policía volvió a disparar una segunda y tercera vez, hecho que fue ratificado por testimonios durante las audiencias de debate. El ataque contra Lucas puso en riesgo su vida y le produjo heridas graves que le causaron una cuadriplejia, de la cual hoy se encuentra recuperándose paulatinamente.

En el 2017, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional había calificado el delito como una “grave violación a los derechos humanos”. El próximo jueves 26 de noviembre, desde las 13, será el turno del alegato de la defensa.