01 de julio de 2022
01 de julio de 2022 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Actuación de la Unidad Fiscal de Asistencia ante la Cámara Nacional de Casación Criminal y Correccional
La fiscalía solicitó que se confirme la condena a 16 años de prisión para el policía que le disparó a Lucas Cabello
En su exposición ante la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional la fiscal María Piqué hizo foco en la importancia de que la sentencia se cumpla en el menor tiempo posible.

La fiscal María Piqué, en representación de la Unidad Fiscal de Asistencia ante la Cámara Nacional de Casación Criminal y Correccional, solicitó ayer que se confirme la condena a 16 años de prisión para el policía que le disparó a Lucas Cabello, en noviembre de 2015. En la audiencia ante la sala 2 de ese tribunal expusieron también los querellantes y la defensa de Ricardo Gabriel Ayala, que solicitó que se revoque el fallo y se lo absuelva.

En diciembre de 2019, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº1 condenó a Ayala por el delito de “tentativa de homicidio agravada por haber sido cometida abusando de la función policial y por el uso de arma de fuego”. Además, se le fijó una inhabilitación de diez años para tener o portar armas y para ejercer labores de seguridad. En el debate, intervino la por entonces fiscal general Irma Adriana García Netto.

De acuerdo al fallo dictado por los jueces Adrián Pérez Lance, Luis Salas y Fernando Ramírez, el 9 de noviembre de 2015 cerca de las 15:45 el por entonces oficial de la Policía Metropolitana intentó matar a Lucas al dispararle a corta distancia en tres ocasiones con su arma reglamentaria. La secuencia ocurrió frente a la casa de la víctima, ubicada en Martín Rodríguez al 500, en el barrio porteño de La Boca.

Los disparos fueron en el cuello, la ingle y la pierna. Tras esto, Ayala ingresó rápidamente por la puerta lindera a la casa de Lucas, que quedó tirado sobre la vereda. “El rápido traslado a un hospital gracias a un vecino que lo llevó con su auto, más la intervención médica en el nosocomio, permitieron evitar su fallecimiento, aunque las lesiones le produjeron gravísimas consecuencias: la extirpación del testículo derecho, y una fractura con estallido de las vértebras cervicales con secuelas neurológicas hoy irreversibles, que consisten en la parálisis de sus cuatro miembros, una traqueostomía y una gastrostomía”, marcó el Tribunal.

En sus fundamentos, los jueces hicieron foco en que el ataque fue llevado adelante mientras el policía se desempeñaba como custodia judicial asignado a un grupo familiar en una vivienda. “El modo en que pudo reconstruirse el episodio refleja su voluntad de abatir a la víctima. Y aun cuando sólo hubiera querido dejarla fuera de combate, por la cantidad de disparos, la distancia a la que fueron efectuados y el lugar del cuerpo en que impactaron, no dejan dudas sobre la posibilidad de representarse un resultado mortal, sin que lo disuadiera de actuar”, sostuvieron. Contra la condena, la defensa del policía presentó un recurso de casación donde consideró que el fallo era arbitrario.

La audiencia ante Casación
Ante los jueces Eugenio Sarrabayrouse, Horacio Días y Daniel Morin, el abogado de Ayala reiteró su planteo y sostuvo que el Tribunal le dio “valor convictivo” a testimonios que no lo tenían. “No se tuvieron en cuenta los elementos que podían establecer el grado de violencia de Cabello”, marcó la defensa y agregó que la vida del policía “fue amenazada”.

Tras la exposición de las dos querellas (una que representa a la víctima y otra por la Liga por los Derechos del Hombre), la fiscal Piqué marcó que debe rechazarse el recurso presentado, por lo que debe confirmarse la condena a 16 años. Explicó que la sentencia es correcta, que está debidamente fundamentada y que todos los planteos de la defensa ya tienen una adecuada respuesta dentro del fallo.

La representante del MPF acompañó el pedido de prisión preventiva para el acusado que planteó la querella y además hizo foco en la importancia de que se ejecute la condena, es decir, que se cumpla con lo fijado en la sentencia. Explicó que la doctrina de que las sentencias no se puedan ejecutar hasta que el recurso de queja no sea rechazado por la Corte Suprema tiene consecuencias negativas. Indicó entonces que esta instancia llega la gran mayoría de las veces muchos años después de que sucedieron los hechos.

“Es inexplicable para la sociedad, para Lucas, para su mamá y para todas las víctimas que pase tanto tiempo. Casación confirma las condenas pero la persona puede seguir viviendo como si nada”, recalcó. En ese sentido, recordó que esta causa tiene aún más relevancia porque se juzgó a un policía que cometió un delito con su arma reglamentaria durante el horario de trabajo.

Con respecto a la prisión preventiva, recordó que si bien el Tribunal rechazó lo solicitado, si le fijó algunas restricciones, como una prohibición de acercamiento y de salida del país. En este sentido, analizó una situación que se dio luego de la condena: la apertura de otra causa judicial por falsificación de un registro donde Ayala fue considerado rebelde. El policía fue detenido y estuvo preso hasta la firma de un juicio abreviado donde se lo condenó a un año de prisión. La fiscal Piqué señaló que la Cámara de Casación había intervenido incluso en este expediente, al rechazar en dos oportunidades la excarcelación solicitada.

“Si la sala confirma la condena, el peligro de fuga se va a ver notablemente incrementado. Ayala ya tiene una condena firme y estuvo rebelde un tiempo en esa causa”, remarcó la fiscal al terminar su exposición. Tras esto, los jueces escucharon a la madre de Lucas: “van siete años que viene luchando con muchísimas complicaciones, lo que lo lleva a estar internado cada tres o cuatro meses”. Dijo también que su hijo merece tener justicia y pidió que el policía quede detenido y cumpla su condena.

Los magistrados analizarán los planteos de la defensa y lo expuesto en la audiencia para luego dar a conocer la decisión que tomarán en el caso.