El lunes de la semana pasada, una delegación del Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles inspeccionó el Complejo Carcelario N°1 "Reverendo Francisco Luchesse", y el martes hizo lo propio en el Establecimiento Penitenciario N°3 para Mujeres de Córdoba capital y el Complejo Carcelario N°2 "Adjutor Andrés Abregú", ubicado en la localidad de Cruz del Eje. Al finalizar la segunda jornada de inspecciones el ministro de Justicia provincial, Luis Angulo, junto al secretario de Gestión y Organización Penitenciaria, José Piñero, recibieron a la comitiva en la sede de esa cartera.  La comitiva estuvo conformada por los jueces Mariano Hernán Borinsky y Sergio Paduczak; el fiscal ad-hoc José Nebbia y la secretaria Bárbara Franco por la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin); el defensor público oficial Jorge Perano; la delegada local de la Procuración Penitenciaria Nacional, Roxana Gauna; Eva Asprella y Mariano Lanziano en representación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y la secretaria del Sistema de Control de Cárceles, Lucía Gallagher.

Tras las inspecciones, se hicieron observaciones respecto del sistema sancionatorio, la alimentación, el trato a las mujeres y a las madres con niños privadas de su libertad, lo que fue puesto en conocimiento de las autoridades provinciales durante la reunión.

Los integrantes del Sistema también fueron recibidos en el Palacio de la Suprema Corte de Justicia de Córdoba por el presidente del máximo tribunal provincial, Domingo Sesin, y por los ministros Aida Tarditti, Mercedes Blanc de Arabel, María Marta Cáceres de Bollatti y Sebastián López Peña. Allí también estuvieron presentes los jueces de ejecución provincial y el juez federal Julián Falcucci. Finalmente, parte de la comitiva fue recibida por los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones, con la que se intercambiaron criterios y fallos sobre cuestiones referidas a las personas privadas de la libertad.

El Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles, que preside el juez de la Cámara Federal de Casación Gustavo Hornos, busca proteger los Derechos Humanos de las personas privadas de su libertad, lleva a cabo controles para verificar las condiciones de vida de los detenidos y emite recomendaciones. El Sistema ya ha realizado monitoreos en unidades penitenciarias de distintas provincias, como Chaco, Misiones, Salta, Mendoza, Buenos Aires, Neuquén y Chubut. Procuvin integra su comité ejecutivo desde su constitución en 2013.