La Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin) participó de la reunión de funcionarios judiciales, del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, del Servicio Penitenciario Federal, de la Procuración Penitenciaria de la Nación y de organizaciones de la sociedad civil que, el 26 de junio pasado, acordaron crear el Sistema de Coordinación y Seguimiento del control judicial de las unidades carcelarias.

En ese ámbito, el titular de la Procuvin, Abel Córdoba, y el coordinador del Área de Encierro de esa procuraduría, Roberto Cipriano, integrarán junto a funcionarios de otras áreas del Estado el Comité Ejecutivo de ese Sistema de Coordinación y Seguimiento.

La conformación del Sistema surgió en el marco de una convocatoria realizada a todos esos sectores -con quienes la Procuvin viene trabajando y realizando intercambios desde su creación hace casi cuatro meses- por parte del presidente de la Cámara Nacional de Casación Penal, Gustavo Hornos, para realizar una evaluación "de la situación actual de los monitoreos de las cárceles que se vienen efectuando".

En ese contexto, los funcionarios participantes manifestaron su preocupación sobre la situación de los detenidos en las cárceles, el problema estructural de violación de derechos humanos en contexto de encierro y la deficiencia de los monitoreos que se deben realizar sobre las instalaciones carcelarias.

"Es una iniciativa positiva, porque se asume esta realidad. Tenemos expectativa en lo que pueda realizarse. Pero el estado de cosas demuestra la falta de actividad en todos estos años del Poder Judicial y cómo ello se tradujo en la vulneración de derechos", consideró Cipriano en diálogo con Fiscales, y advirtió que esta estructura "no alcanzará su cometido si los actores judiciales no se comprometen a actuar contra la tortura y las violaciones a los derechos humanos".

Este nuevo Sistema de Coordinación y Seguimiento se ocupará de "centralizar los informes de cada uno de los actores, a fin de coordinar el trabajo, para ahorrar esfuerzos y multiplicar resultados", según dejaron asentado los funcionarios intervinientes en un acta.

"A los fines de facilitar la consecución de esos objetivos, se resolvió dejar conformado un Comité Ejecutivo, integrado por un juez de la Comisión de Ejecución Penal, un juez de la Subcomisión, un juez de ejecución, un representante de la Procuración General de la Nación, un representante de la Defensoría General de la Nación, un representante de la Procuración Penitenciaria de la Nación, y un representante de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional", indica el acta.

La reunión, que se llevó a cabo en la Sala de Acuerdos del máximo tribunal penal de la Nación, contó con la participación del presidente del cuerpo, Gustavo Hornos, de los miembros de la Comisión de Ejecución Penal Mariano Borinsky, Ana María Figueroa y Raúl Madueño; de los jueces integrantes de la subcomisión Sergio Paduczak, Ivana Bloch y Martín Vázquez Acuña; de la jueza de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional, Mirta López González; del juez de la Cámara Federal porteña, Jorge Ballestero y la secretaria de ese tribunal, Guillermina García Padín; del titular de la Procuvin, Abel Córdoba; del secretario de esa procuraduría, Roberto Cipriano, y del secretario de Coordinación Institucional de la Procuración General, Lisandro Pellegrini; de las integrantes de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación, Paola Bigliani, Silvia Martínez y Catalina Moccia de Heilbron; del Procurador Penitenciario de la Nación, Francisco Mugnolo, y sus colaboradores Alberto Volpi y Ariel Cejas Meliare; de los Jueces de Ejecución Penal, Marcelo Peluzzi, Axel López y Liliana Barrionuevo; del director del Servicio Penitenciario Federal, Víctor Hortel, y de los subdirectores Benito Paredes, Adrián Petruzzi, Jorge Ceballos, Jorge Julián Gómez, Juan Natello, Héctor Sánchez y Fernando Zuppa; y de la abogada Eva Asprella, en representación del Centro de Estudios Legales y Sociales.