03 de febrero de 2023
03 de febrero de 2023 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Por hechos ocurridos en julio de 2011 en el penal de Marcos Paz
San Martín: pidieron hasta 18 años de prisión para penitenciarios acusados de torturar a un joven
El pedido realizado por el fiscal general de San Martín Marcelo García Berro y el titular de la Procuvin, Abel Córdoba, incluyó a cuatro agentes acusados de ser los autores y a otros tres imputados por omitir hacer la denuncia de los hechos sufridos por un joven de entonces 20 años.

El fiscal general de San Martín Marcelo García Berro y el fiscal general a cargo de la Procuraduría de Violencia Institucional, Abel Córdoba, solicitaron esta tarde penas de 18 años de prisión para el agente penitenciario federal Juan Pablo Martínez y de 15 años para sus colegas Roberto Cóceres, Victor Meza y Javier Andrada por considerarlos culpables del delito de torturas agravado por haber ocasionado lesiones gravísimas en julio de 2011 a un joven detenido en el penal de Marcos Paz.

En tanto, que para el penitenciario Juan José Mancel pidieron 5 años de prisión, y para sus compañeros Juan Fernando Morinigo, 4 años, y Ede Martín Vallejos, 3 años, por considerarlos penalmente responsables del delito de omisión de denuncia del delito de tortura. La pena solicitada a Martínez y Mancel las más altas entre los dos grupos de imputados pues los fiscales valoraron su rol de jefes sobre los otros penitenciarios.

En su exposición, García Berro se ocupó en primer lugar de demostrar la secuencia de los hechos. Señaló que el 16 de julio de 2011, pocos minutos después de las 18, la víctima, que  se encontraba detenida en el Anexo 5 del Complejo Federal de Detención de Jóvenes Adultos, después de haber recibido visitas, protagonizó un incidente menor con el celador, y por ello fue sacado de su celda por orden del Jefe de turno, adjutor principal Juan Pablo Martínez.  Sin ningún motivo que lo justifique, señaló el fiscal, el acusado golpeó en la cara a Núñez con su puño, recibiendo una trompada del detenido cuando el penitenciario se aprestaba a golpearlo por segunda vez.

García Berro relató que “esto provocó la ira de Martínez y del personal de requisa que había sido convocado, los agentes Javier Andrada, Roberto Cóceres y Víctor Meza, quienes trasladaron a Nuñez a los golpes hasta una sala cercana que se utilizaba para realizar entrevistas psicológicas, lugar donde el interno fue brutalmente torturado por los cuatro penitenciarios mediante golpes de puño, bastonazos, patadas, quemaduras, y otros métodos de tortura como los denominados 'pata pata' (golpes en la planta de los pies) y 'chanchito' (esposar las manos y sus tobillos; y estos entre sí), como también a través de duchas de agua fría y roces con un bastón en la región anal del detenido".

El fiscal aseguró que “las diversas torturas le fueron aplicadas durante el transcurso de alrededor de dos horas y que le ocasionaron a la víctima severas lesiones físicas y graves secuelas psíquicas”.

Por otra parte, García Berro sostuvo que “también quedó perfectamente demostrado que Juan José Mancel, Ede Martín Vallejos, y Juan Fernando Morinigo, se desempeñaron ese mismo día como jefe de día, celador y agente de requisa, respectivamente, y en su carácter de funcionarios públicos del Servicio Penitenciario Federal conocieron la comisión del hecho en razón de sus funciones, omitiendo efectuar la denuncia correspondiente dentro del plazo estipulado por la ley”.

El fiscal general Abel Córdoba, en tanto, precisó que el joven torturado sufrió graves violaciones a los derechos humanos por parte de estos funcionarios públicos que además intentaron entorpecer, obstruir y demorar el accionar de la Justicia. El titular de la Procuvin aseguró que es imprescindible evitar la impunidad, más aun teniendo en cuenta que la víctima permanece detenida.

Además, explicó que las lesiones en los pies de la víctima tienen el objetivo por parte de los agresores de dejarlo postrado, quitarle al interno la condición humana de estar de pie. Córdoba también puso énfasis en la condición de vulnerabilidad de la víctima, una persona privada de su libertad y muy joven. Y agregó que “el contexto del hecho descarta un conflicto individual porque hay un desequilibrio estructural, una enorme desigualdad". En el encierro, explicó, la víctima no puede acudir a protección.

“La tortura refleja el deseo de vaciar al sujeto y convertirlo en una cosa que sólo siente dolor”, explicó Córdoba; y afirmó que “los torturadores prescinden de la condición humana del otro en forma sólo comparable con lo que hacen los protagonistas de ataques sexuales, algo del que tampoco se privaron algunos de los imputados”. Sostuvo al respecto que “toda práctica sexual forzada es una tortura, la agresión sexual es una tortura”. Y reflexionó acerca de que en el debate se analizó e hizo hincapié en el perfil psicológico de la víctima pero no de sus victimarios. Además analizó que las torturas al joven fueron un claro intento de ejercer el absoluto control del otro, incluso si es necesario, destruyéndolo.

Córdoba señaló que “la tortura es una experiencia límite, extremadamente cruel; y que el desafío del tribunal es volver a vincular a los imputados con la Justicia, con la legalidad; y la única manera es condenándolos”.

El titular de la Procuvin concluyó subrayando que “es un agravante el hecho de que los imputados hayan actuado en el subsuelo del Sistema Judicial y que la única manera de poner fin a esto es con la condena de los acusados”.