A pedido del fiscal Enrique Senestrari, quien actúa con la asistencia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Acivos (Procelac), el juez federal de Córdoba Ricardo Bustos Fierro realizó nueve allanamientos, algunos de los cuales se concretaron anoche, que derivaron en el hallazgo de documentación, computadoras y otros objetos que dan cuenta de la existencia de una mesa de dinero con la fachada de una financiera denominada "CBI Cordobensis", en pleno centro de la capital provincial, con la que presuntamente operaban funcionarios, sindicalistas y conocidos empresarios cordobeses.

La entidad no habría tenido autorización para operar en el mercado, según se desprende de las primeras averiguaciones. Por ese motivo, la hipótesis criminal de los investigadores es, por el momento, el delito de intermediación financiera ilegal, previsto en el artículo 310 del Código Penal para quienes realicen la actividad de prestar y recibir dinero y valores sin autorización del Banco Central.

La financiera contaba en sus instalaciones con un cajero automático del Banco de Santiago del Estero, cuyo sistema informático se encuentra en análisis.

Según informó la Procelac, entre la documentación secuestrada hay contratos, pagarés y cheques, que serán objeto de estudio por el personal técnico económico del área de Fraudes Económicos y Bancarios de la Procuraduría, a cargo de Pedro Biscay.

La investigación es derivación de la muerte del vicepresidente de la firma, Jorge Suau (de alrededor de 50 años), cuyo cuerpo apareció el viernes pasado en el interior de una camioneta Toyota Hilux, junto a un bidón de nafta, en la localidad de Alta Gracia.

La Procelac informó que, dos días después del hallazgo del cuerpo, "una mujer que habría mantenido una relación de pareja con Suau hasta su deceso, entregó una carta escrita al parecer por el nombrado, en la que daba cuenta de posibles delitos contra el orden económico /financiero por parte de la entidad y sus 'clientes', entre los que figuran conocidos empresarios, sindicalistas y funcionarios públicos del gobierno de la ciudad y también de la provincia de Córdoba". La carta -en dos copias- estaba dirigida al presidente de la Cámara Federal, Ignacio Vélez Funes, y al fiscal Senestrari.

Senestrari informó a Fiscales que la misiva había quedado en poder de la pareja de Suau, a quien le había requerido que se hiciera pública si a él le sucedía algo. "La carta no tenía el tono de alguien que tuviera la intención de suicidarse, sino que tenía miedo", indicó el fiscal. Entre otras cosas, el mensaje involucra a funcionarios públicos cordobeses en la canalización, a través de la financiera, del dinero proveniente de coimas.  

Frente al caso, Senestrari inició una investigación preliminar, recogió las primeras pruebas y luego solicitó los allanamientos al juez Bustos Fierro. También convocó al titular de la Procelac, el fiscal general Carlos Gonella, quien viajó a Córdoba para interiorizarse y poner a disposición de la investigación los equipos técnicos de la Procuraduría. Entre otras medidas de investigación, ya se concretaron declaraciones testimoniales.

Entre otras prioridades, los allanamientos tuvieron como objeto dar con un servidor que podría contener información importante para determinar maniobras delictivas. Después de los secuestros de computadoras realizados en los nueve procedimientos, se analiza si alguno de esos equipos cumplía la función de servidor donde se registraban las operaciones de la financiera.

En tanto, la pesquisa por la muerte de Suau está a cargo por el momento del fiscal de instrucción de Alta Gracia, Emilio Drazile, del ministerio público provincial, quien dispuso los primeros peritajes para determinar las causas del deceso.