23 de febrero de 2018
23 de febrero de 2018 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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La Cámara del Crimen hizo lugar al pedido del fiscal Andrés Madrea
Derrumbe en Beara: revocaron el sobreseimiento de dos ex funcionarios del gobierno porteño
Son Martín Farrell y Pablo Saikauskas, quienes encabezaron áreas vinculadas a la habilitación de locales. Los jueces consideraron que se pagaron coimas y también revocaron los sobreseimientos de los propietarios del boliche. En el episodio murieron dos jóvenes y hubo más de 50 heridos.

La sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional hizo lugar al pedido del titular de la Fiscalía de instrucción N°14, Andrés Madrea, y revocó, por segunda vez, el sobreseimiento de dos ex funcionarios del gobierno de la Ciudad, en el marco de la causa por el derrumbe del boliche Beara, que provocó la muerte de dos jóvenes y más de 50 heridos en septiembre de 2010.

Se trata de Martin Farrell, ex director General de Habitaciones y Permisos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), y Pablo Saikauskas, ex director de la Dirección de Habilitaciones y Especiales de la Dirección Habilitaciones y Permisos del GCBA.

Para el Tribunal, ambos directivos eran responsables de incumplir sus funciones en el trámite del expediente por el que se amplió la habilitación del boliche Beara. Tal permiso habría sido concedido a raíz del pago de “coimas”.

El 11 de junio pasado, la jueza Alicia Iermini había dispuesto el sobreseimiento de Farrell y Saikauskas, pero el 25 de junio el fiscal Madrea apeló la medida, que también alcanzó a los socios de la firma que administraba el local, Juan Carlos María Yun, Agustina Dobrila, Roberto Martín Kattan Coria, Iván Andrés Fliess y Ronaldo Fliess.

En efecto, en línea con el fiscal, la Cámara además revocó los sobreseimientos de todos ellos por el pago de coimas a los funcionarios de Habilitaciones.

Asimismo, el tribunal de alzada confirmó los procesamientos del inspector Carlos Gabriel Mustapich; del ex jefe del Departamento Esparcimiento, Norberto Cassano; y de los gestores de las habilitaciones Matías Pantarotto y Leandro Camani, a quienes se les amplió la calificación como responsables también de homicidio culposo agravado por ser dos las víctimas fatales. Por la misma imputación, también fue confirmado el procesamiento del maestro mayor de obras Gustavo Amaru.

Por otra parte, la Cámara revocó los procesamientos de la encargada de la inspección, Vanesa Bercovsky, y del arquitecto encargado en Verificaciones y Habilitaciones, Isaac Rasdolsky. Respecto de este último, el tribunal indicó que la jueza Iermini lo había procesado por falsedad pero no lo había indagado en orden a ese delito. Para los jueces de la Cámara, Rasdolsky, que desempeñaba tareas vinculadas a la verificación, está incluido en la cadena de sobornos. Ahora la jueza debe resolver su situación procesal. Respecto a Bercovsky, la Cámara anuló su procesamiento por estimar que había sido procesada por cohecho, delito por el que no se la había indagado.

En ese sentido, la Cámara ordenó que la jueza Iermini resuelva la situación procesal de Rasdolsky, Saikauskas y Farrell en orden a la imputación por incumplimiento de deberes, cohecho pasivo y homicidio culposo agravado por ser dos las víctimas fatales en concurso ideal con lesiones culposas graves y lesiones leves calificadas por la cantidad de damnificados (once). Asimismo deberá resolver la situación de los empresarios que administraban el local bailable: Yun, Dobrila, Kattan Coria y los hermanos Fliess respecto al cohecho (coimas).

El fiscal Madrea informó a Fiscales que además la jueza debe recibir las declaraciones indagatorias por los delitos de incumplimiento de deberes y cohecho pasivo a los comisarios y subcomisarios de la seccional N°25 entre el 2007 y 2010: Rodolfo Nicolás Cabezas, Luis Eduardo Acosta, Osvaldo Gustavo Bachmann, Guillermo Adolfo Erdman, Julio Alfredo Gonzalez, Claudio César Lorenzo y Gustavo Fabián Lombardo.

Por último, el Tribunal de Alzada confirmó el procesamiento del relacionista público Maximiliano Fratino, tras considerarlo coautor de los delitos de homicidio culposo agravado por ser dos las víctimas fatales en concurso formal con lesiones culposas graves a tres personas y lesiones leves calificadas por la cantidad de damnificados en once casos.

Los argumentos de la Cámara

Para el Tribunal, el derrumbe ocurrido en el boliche ‘Beara’ “habría respondido, en principio, a una confluencia de factores, entre los que no pueden ser excluidos –al menos de momento- las conductas atribuidas a los imputados Cassano -Jefe del Departamento Esparcimiento, dependiente de la Dirección de Habilitaciones Especiales, por su intervención en la tramitación de la habilitación-, Mustapich –Inspector del citado Departamento de Esparcimiento, también por su intervención en la tramitación de la habilitación-, Pantarotto y Camani –quienes intervinieron como gestores para la habilitación del local-“.

Y continuó: “Si bien las muertes y las lesiones que integran el objeto procesal fueron la consecuencia de la caída del entrepiso del inmueble y, además, las circunstancias que provocaron el colapso de dicha estructura han respondido –eminentemente- a los comportamientos imprudentes asumidos tanto por quien examinara la construcción – Amaru- como por quienes organizaron y llevaron a cabo el evento desarrollado en la noche del accidente, ello no conduce a desvincular de la ocurrencia del derrumbe y de los resultados lesivos a aquellas personas que, con anterioridad, habrían realizado las actividades que derivaron en la irregular habilitación del local y permitieron su funcionamiento en las condiciones que se han comprobado”.

“Bajo tales premisas, parece razonable –en esta etapa- seguir el criterio que permita –en vez de impedir- evaluar y definir en el marco de un juicio oral la eventual responsabilidad penal de quienes, según las evidencias recogidas hasta aquí, habrían llevado a cabo gestiones para obtener –nada menos que mediante cohecho- los permisos de carácter administrativo necesarios para que el negocio se hallara, al menos aparentemente, en regla; así como de los funcionarios que, presumiblemente por las mismas razones, intervinieron en los trámites respectivos hasta que se expidió la irregular autorización”, indicaron los camaristas.

Al respecto señalaron que “el comportamiento desviado de los funcionarios se explica, en el caso, a partir de las gestiones espurias emprendidas – según ya se tuvo por acreditado- por Camani y Pantarotto, aportando un certificado de emplazamiento de ‘Casa de Fiestas Privadas’ expedido por la Dirección General de Interpretación Urbanística el 24 de octubre de 2007, que se encontraba vencido".

"Como la habilitación así obtenida habría contribuido a posibilitar –o cuanto menos a facilitar- el funcionamiento de ‘Beara’ en las condiciones en las que finalmente se produjo el derrumbe, y puesto que resulta sin dudas previsible –sobre todo, a partir de los trágicos sucesos acaecidos en “Cromañón”- que en un local que no cumple con las exigencias reglamentarias y al que concurren muchas personas se produzcan accidentes con muertos y/o heridos, se entiende que tanto las gestiones encaminadas a conseguir dicha habilitación, como la actividad funcional realizada para que fuese expedida, merecen ser consideradas, en el ámbito de cada uno de los intervinientes, como inobservancias de sus deberes de cuidado", valoró la Sala VII.

La postura de la fiscalía

Para el fiscal Madrea, la causa de las muertes y lesiones graves y leves fue el colapso o derrumbe de la estructura del entrepiso. Entre otros factores desencadenantes, por el exceso de concurrentes y el funcionamiento como local de baile clase C y para recitales en vivo. En síntesis, indicó Madrea a Fiscales, el local no debía ser habilitado para funcionar como un boliche encubierto.

Como pruebas, precisó, se pudo dar con al menos ocho registros informáticos que dan cuenta de las “coimas” que recibían funcionarios de Habilitaciones y policías para lograr que le otorguen en tiempo record las habilitaciones y la ampliación de rubro.

Además, apuntó el fiscal, los gestores de las “coimas” y del trámite de la habilitación irregular fueron los abogados Pantarotto y Camani, expertos en estos trámites, lo cual, dijo quedó de manifiesto a través de las escuchas telefónicas.