El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires anunció que el próximo 22 de junio se conocerá el veredicto en el juicio por las distintas responsabilidades de 17 imputados en el derrumbe dentro del boliche Beara ocurrido en septiembre de 2010. El hecho derivó en la muerte de Ariana Beatriz Lizarriaga (21) y Paula Leticia Provedo (20) y dejó heridas a más de 50 personas. 

En su alegato, el titular de la Fiscalía General Nº7 ante los tribunales orales en lo criminal y correccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Oscar Ciruzzi, había pedido penas de entre tres y cuatro años y seis meses de prisión -y, en algunos casos, de inhabilitación- para doce de los involucrados, mientras que requirió la absolución de otras cinco personas. 

Los jueces Alejandro Noceti Achaval, Gabriel Vega y Gustavo Alterini comunicaron que el 6, 13 y 22 de junio los acusados podrán llevar adelante sus últimas palabras y que luego, tras un cuarto intermedio, se conocerá el veredicto. El juicio comenzó en febrero pasado.

De acuerdo a lo expuesto durante el alegato fiscal, durante la madrugada del 10 de septiembre de 2010 dentro del local bailable -ubicado en la avenida Scalabrini Ortiz 1638- se llevó adelante un recital de los ex integrantes del grupo “Ráfaga”. Cerca de las 3.50, parte del entrepiso del local colapsó y se derrumbó sobre la planta baja, lo que ocasionó las muertes de las chicas y las lesiones de los y las jóvenes que se encontraban allí esa noche.

Las penas solicitadas

El fiscal solicitó cuatro años y seis meses de prisión para Juan Carlos María Yun, Agustin Dobrila e Iván Andrés Fliess, socios en la empresa “El Viejo Sabio S.A.”, que se encargaba de explotar comercialmente el boliche Beara y también el local “Caramel”, ubicado al lado. Los consideró responsables de los delitos de “homicidio culposo agravado por el número de víctimas en concurso ideal con lesiones culposas y leves y cohecho activo con respecto a funcionarios policiales''. Además, pidió para ellos la imposición de una pena de inhabilitación de nueve años para ejercer el comercio.

Para el maestro mayor de obras Gustavo Amaru -quien dio el aval para la habilitación del local- el fiscal pidió una pena de cuatro años de prisión con diez años de inhabilitación para ejercer su profesión, al considerarlo culpable de los homicidios y las lesiones de las personas que asistieron a Beara la noche del derrumbe.

Con respecto a cuatro funcionarios del Gobierno de la Ciudad, el fiscal solicitó una condena de tres años de prisión en suspenso y una inhabilitación por diez años para ejercer cargos públicos al considerarlos responsables de los homicidios ocurridos y las lesiones. Se trata del ex responsable de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, Martín Diego Farrell; el ex director de Habilitaciones Especiales, Pablo Damián Saikauskas; el exjefe del Departamento de Esparcimiento, Norberto Cassano; y el arquitecto responsable de Verificaciones y Habilitaciones, Isaac Rasdolsky.

El comisario de la Policía Federal Argentina Rodolfo Cabezas y los integrantes de esa fuerza Gustavo Flaminio, Luis Acosta y Julio González fueron considerados por el fiscal Ciruzzi como responsables de los delitos de “homicidio culposo agravado por el número de víctimas; lesiones culposas graves y leves; y cohecho pasivo”. Para todos ellos requirió una condena de tres años y seis meses de prisión, a lo que le agregó el pedido de pena de inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

La fiscalía postuló la absolución del co-organizador del recital de aquella noche, Maximiliano Fratino, al considerar que no cumplía con funciones de gestión de manera diaria en Beara y que tampoco tenía información sobre las irregularidades.

Con respecto a Agustín De Grazia -encargado de Beara-, el fiscal señaló que no se pudo comprobar que conociera sobre los gastos que se destinaban al pago de coimas a los policías, situación por la que había llegado a juicio. Leandro Camani y Matías Pantarotto, ambos gestores de “El Viejo Sabio”, estaban acusados de los mismos delitos que los socios. Sin embargo, el MPF sostuvo que no existían pruebas de su responsabilidad.

Por último, desligó a la ex directora de Fiscalización y Control del Gobierno de la Ciudad, Vanesa Ileana Berkowski, de cualquier responsabilidad penal al considerar que su labor fue ajustada a lo que se podía realizar dentro de la normativa.