El fiscal General a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica (Procelac), Carlos Gonella, tuvo a su cargo la apertura de la primera jornada de los encuentros sobre nuevos enfoques en la lucha contra la corrupción y criminalidad económica, organizados por el Ministerio Público Fiscal y la Comisión de Seguimiento del Cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción. El ciclo continuará el 19 de noviembre y el 10 de diciembre. El coordinador general de la Comisión dependiente de la Organización de Estados Americanos, Ángel Bruno; el responsable del Área de Delitos contra la Administración Pública de la Procelac, Milton Khaski; el jefe de la Fiscalía Especializada en Delitos económicos del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, Sebastián Narvaja, y la titular de la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero (OFINEC) de la Procuración General de la Nación, Judith König.

Gonella destacó que un sector concentrado de la industria periodística muestra al fenómeno de la corrupción relacionada sólo a los funcionarios públicos y explicó que en realidad es un problema del sistema capitalista financiero en el que los representantes del capital privado captan voluntades de agentes del Estado. También, puntualizó que Argentina encabeza la lista de países que más dinero tienen fuera de su territorio: 1.300 dólares per cápita. La cifra representa entre 8 y 15 años de ahorro nacional para inyectar en políticas públicas. Además, detalló que no está regulada la responsabilidad penal de las personas jurídicas en casos de corrupción por soborno trasnacional, pero sí para el delito de lavado de dinero.

Por su parte, Ángel Bruno destacó que "es fácil hablar de corrupción por motivos políticos pero no tanto adentrarse en el meollo, en que toda la sociedad está involucrada". El encargado del organismo de la OEA agregó que "es un problema cultural, no específico de los funcionarios públicos" y que "la corrupción distrae dineros públicos destinados al bien común, para un beneficio privado". Además, indicó que "siempre está el funcionario público que recibe y el privado que le ofrece o da dinero".

Bruno subrayó que la OEA recomienda la creación de fiscalías especializadas porque los delitos complejos como la corrupción necesitan de investigadores capacitados, con mucha apoyatura técnica que no puede hacerse en una dependencia ordinaria por más buena voluntad que pongan los operadores del servicio de justicia. "La Procelac es un muy buen ejemplo de cómo se implementa en la República Argentina", concluyó.

Milton Khaski enfatizó en que a través del decomiso, los Estados se comprometen a recuperar los activos de las organizaciones criminales y que en 2013 la Procuración General de la Nación modificó la reglamentación para transparentar las declaraciones de bienes personales, que ahora obliga “a todos los funcionarios del MPF a publicitar su patrimonio”. El encargado del Área de Delitos contra la Administración Pública de la Procelac recordó la implementación el Sistema de Ingreso Democrático para evitar elecciones “a dedo y por amiguismo” y la mejora en el régimen de contrataciones del MPF.

Sebastián Narvaja de la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe recordó que en Santa Fe se implementó el sistema acusatorio y destacó la necesidad de un “control democrático de la inteligencia financiera y de investigaciones proactivas”. En las investigaciones por lavado de dinero, dijo que es fundamental la articulación entre fiscalías provinciales y federales, rol que cumplen los fiscales coordinadores de distrito designados por la procuradora Alejandra Gils Carbó.

Por último, la titular de la OFINEC, Judith König, resaltó que la oficina creada en en marzo de este año está integrada por un equipo interdisciplinario y recordó que hasta no hace mucho tiempo, las investigaciones sólo tendían a conseguir la condena de prisión para los autores de delitos económicos y que ahora se le da importancia también al recupero de los activos.

König destacó también que la OFINEC interviene en la investigación de la responsabilidad empresarial durante el terrorismo de Estado y que coordina su actividad con otros organismos públicos como la AFIP o el Banco Central.