El fiscal federal de San Martín, Miguel Ángel Blanco García Ordás se opuso hoy a la autorización que solicitó el ex directivo de Ford procesado por crímenes de lesa humanidad, Guillermo Galarraga, para viajar a Iguazú, provincia de Misiones, ciudad que se encuentra en el límite con las fronteras de Paraguay y Brasil.

Se espera que los pedidos de Galarraga y del fiscal Blanco García Ordás sean resueltos el próximo lunes por la titular del Juzgado Federal Nº2 de San Martín, Alicia Vence, en el marco de uno de los incidentes de la causa en la que se investigan las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico militar en el ámbito de la Zona de Defensa IV del Ejército.

Galarraga fue procesado junto al entonces gerente de Manufactura, Pedro Müller, y al jefe de Seguridad, Héctor Francisco Jesús Sibilla. A los tres, que gozan del beneficio de la libertad provisional, se los acusa de "haber arbitrado los medios necesarios para señalar e indicar al personal militar del ámbito jurisdiccional de la Zona de Defensa IV del Comando de Institutos Militares, a los delegados y empleados" que fueron víctimas de la represión ilegal.

La jueza Vence ya le otorgó el 27 de mayo el permiso para viajar a la República Dominicana al imputado Müller, quien salió del país el 1º de este mes y permanecerá de viaje con la promesa de regresar al país el próximo 17 de junio. Blanco García Ordás había apelado esa resolución y Vence le concedió el recurso, que fue elevado a la Cámara, pero sin efecto suspensivo. Es decir, mandó su resolución para que fuera revisada por el tribunal superior, pero mientras tanto no la suspendió y de esa forma Müller pudo salir del país.

Galarraga, quien fue gerente de relaciones laborales de la automotriz Ford, está procesado desde el 20 de mayo pasado por su presunta participación en los delitos de "privación ilegal de la libertad doblemente agravada por haber sido cometida por abuso funcional y con violencia y amenazas, reiterada en veinticuatro (24) hechos; nueve (9) de ellas agravadas por haber transcurrido más de un mes e imposición de tormentos, reiterado en veinticuatro (24) ocasiones". Esos crímenes tuvieron como víctimas a 24 delegados y empleados de la fábrica que la empresa tiene en General Pacheco.

Tanto en el caso de Müller como en el de Galarraga la fiscalía resaltó la gravedad de las imputaciones contra ambos, "crímenes que, más allá de sus víctimas individuales, afectan a la comunidad entera, apreciados como crímenes contra la humanidad". El fiscal también advirtió sobre el peligro de fuga de los acusados, dado que "no es un dato menor la escala penal que resultaría aplicable" , lo cual, indicó, "podría influir en su estado de ánimo y alentar la idea de sustraerse de la acción de la justicia". En ese sentido, Blanco García Ordas destacó el deber que ha asumido el Estado Argentino frente a la comunidad internacional para el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad y remarcó "la gravedad que supondría la posible ausencia de las personas imputadas".

Los tres directivos de Ford gozan del beneficio de la libertad provisional con la condición de que no se ausenten de su domicilio durante más de 24 horas, con la obligación de comunicar un eventual cambio de residencia, y una visita de rigor mensual al Juzgado, entre el 1º y el 10 de cada mes.

Santa Fe: con efecto suspensivo

En tanto, hoy se conoció la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe de cancelar la autorización del viaje que había concedido al teniente coronel Carlos Enrique Pavón, imputado por suprimir la identidad de una hija de desaparecidos.

Pavón había logrado la autorización de los jueces para gozar de vacaciones en Buzios desde hoy hasta el próximo 16, pero el fiscal Martín Suárez Faisal y la querella de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo apelaron la resolución, que ahora deberá resolver la Cámara de Casación Penal de la Nación. Como el tribunal concedió el recurso con efecto suspensivo, Pavón no podrá realizar el viaje hasta que el máximo tribunal penal del país lo disponga.