La titular de la Fiscalía General N°3 ante los Tribunales Orales Federales, Gabriela Baigún, solicitó rechazar el pedido de excarcelación, y subsidiariamente de la morigeración de la prisión preventiva, planteado por la defensa del ex secretario de Transporte de la Nación Ricardo Jaime en el debate que tramita ante el Tribunal Oral Federal N°6 por cinco causas de posibles hechos de corrupción durante su gestión.

El Ministerio Público Fiscal opinó en línea con la postura fijada por la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal. Los jueces Juan Carlos Gemignani, Liliana Catucci y Eduardo Riggi habían rechazado el 11 de agosto el recurso de la defensa de Jaime contra la decisión del Tribunal Oral Federal N°6 que denegó la concesión de la prisión domiciliaria. La misma Sala, el 9 de junio de este año, homologó la prórroga de la prisión preventiva del imputado hasta el 2 de abril de 2021.

La fiscalía refirió que los planteos de la defensa de Ricardo Jaime no modifican el cuadro oportunamente valorado por el tribunal superior, y en consecuencia, “no resulta susceptible de modificar el decisorio”. Asimismo, agregó que todas las cuestiones vinculadas a los riesgos procesales y el estado de salud del imputado ya fueron tratadas, y se arribó a la conclusión “que la prisión preventiva en el establecimiento penitenciario, es el único medio capaz de asegurar exitosamente los fines el proceso”, explicó Baigún.

Por otra parte, recordó que “la situación procesal de Jaime ha sido objeto de análisis por parte de esta fiscalía en diversos incidentes, en las que se hizo hincapié en el inusualmente extenso plazo de subsistencia de la medida cautelar, que ya ha durado 4 años y 6 meses”. Baigún remarcó que de acuerdo a la ley 24.390 el plazo de vigencia de la prisión preventiva se encuentra vencido, sin embargo advirtió que las circunstancias propias de la causa pueden, eventualmente, justificar el exceso.

La defensa del ex Secretario de Transporte de la Nación solicitó a los jueces del Tribunal la excarcelación de su asistido y, subsidiariamente, la morigeración de la prisión preventiva. El pedido se fundó en el prolongado lapso de la medida cautelar, en la supuesta inexistencia de riesgos procesales y en la incidencia de la pandemia por el virus del coronavirus en la salud y edad del imputado. Jaime se encuentra privado de su libertad preventivamente desde abril de 2016.