El fiscal federal Félix Crous y la auxiliar fiscal Nuria Piñol Sala comenzaron ayer el alegato del Ministerio Público Fiscal ante el Tribunal Oral Federal N°5 de San Martín en el juicio que tiene a cuatro exmilitares de la Fuerza Aérea Argentina acusados por crímenes de lesa humanidad perpetrados en perjuicio de 111 víctimas en el circuito represivo de la zona oeste del conurbano bonaerense durante el terrorismo de Estado.

Ante las juezas María Claudia Morgese Martín y Silvina Mayorga y el juez Walter Venditti, los representantes del MPF e integrantes de la Unidad de Asistencia para causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado (UAVDDHH), enumeraron los distintos hechos y responsabilidades por los que se acusa a los imputados, luego de hacer una breve introducción sobre el juicio.

“Estamos en un nuevo debate en el que se vuelven a juzgar hechos cometidos en el marco del circuito represivo que estuvo a cargo de la Fuerza Aérea, pero en el que, además, se sumaron nuevos hechos y nuevos centros clandestinos de detención, que no habían sido juzgados en los tramos anteriores”, destacó el fiscal Crous durante su alocución.

Asimismo, señaló que “los responsables de este circuito represivo deberían ser muchos más, pero el transcurso del tiempo hizo su trabajo”, y agregó: “Todos recordamos que inicialmente eran ocho los imputados en este juicio pero que la mitad de ellos - Alejandro Noel Lazo, Juan Manuel Taboada, Arturo Rafael Giménez y Juan Carlos Vázquez Sarmiento- fallecieron en el proceso”. En ese sentido, remarcó que “como consecuencia de esto, algunos hechos que originalmente integraron el objeto procesal no podrán ser juzgados ni sentenciados”.

En este juicio, que comenzó el 27 de agosto del 2024, están acusados el exteniente 1° de la I Brigada Aérea de El Palomar, Juan Carlos Herrera; el excabo 1° de la misma unidad militar, José Juan Zyska; el excapitán de la VIII Brigada Aérea de Moreno, Ernesto Rafael Lynch; y el excabo principal de la Regional de Inteligencia Buenos Aires (RIBA) de la Fuerza Aérea, Julio César Leston. Todos acusados de los delitos de privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos.

A su vez, luego del pedido de ampliación requerido por la fiscalía y aceptado parcialmente por el tribunal, Lynch y Herrera también son juzgados por el delito de violencia sexual ejercida contra algunas de las víctimas. Lynch, por un caso de abuso deshonesto agravado y dos violaciones agravadas, y Herrera, por los mismos delitos en cinco y diecinueve oportunidades, respectivamente.

Repaso histórico

Pasadas las 8.30, en una audiencia que se realizó de forma virtual, el fiscal Crous comenzó el alegato con un repaso histórico de las distintas condenas que se impartieron en el ámbito de la Subzona militar 16.

En ese sentido, señaló: “Recordemos que en el año 1985, en el juicio a las juntas militares, se acreditó la participación de esta fuerza en el plan sistemático de represión ilegal y su responsabilidad por los hechos ocurridos en el centro clandestino conocido como Mansión Seré por los que, por entonces, resultó condenado el miembro de la primera Junta Militar, Orlando Agosti”.

“Una vez reabiertas las causas, en el año 2008, se condenó a dos altos mandos de la Fuerza Aérea por su responsabilidad en hechos ocurridos en Mansión Seré”, añadió. “En el año 2015, este mismo Tribunal N°5 de San Martín condenó, no solo a los altos mandos, sino también a otros miembros de la fuerza aérea y de la policía de la provincia de Buenos Aires”, indicó y agregó que “en 2016, en un caso vinculado, se condenó a uno de los máximos responsables de la Fuerza Aérea y a dos agentes de inteligencia de RIBA”.

“Asimismo, este tribunal, pero en el año 2019, condenó a otros dos integrantes de la misma fuerza, personal de la primera brigada de Palomar por secuestros, privación ilegal y torturas en la Mansión Seré”.

Por último, indicó que todas estas sentencias “fueron ya confirmadas, están pasadas en autoridad de cosa juzgada por la Cámara Federal de Casación y la gran mayoría adquirió firmeza”.  “Para nosotros, es importante señalar todos estos antecedentes para poder explicar la estructura, la metodología y el alcance de este alegato”, señaló Crous.

Hechos

En la audiencia, que duró alrededor de siete horas, los representantes del MPF enumeraron los distintos casos de las víctimas que sufrieron privaciones ilegítimas de la libertad y tormentos en el ámbito del circuito represivo de la zona oeste del conurbano bonaerense, integrado por los centros clandestinos de detención Mansión Seré, la I Brigada Aérea de Palomar, la VII Brigada Aérea de Morón, la Comisaría de Castelar, la Comisaría de Haedo, la VIII Brigada Aérea de Moreno, la Comisaría 1° de Moreno, la Subcomisaría de Francisco Álvarez y el  Destacamento de Paso del Rey.

Entre ellos, relataron el caso de Pilar Garrido Calveiro, quien fue secuestrada el 7 de mayo de 1977 mientras regresaba de su casa. Desde allí fue trasladada a Mansión Seré y luego a varios centros clandestinos, entre ellos la comisaría de Castelar, la ESMA y a una casa quinta ubicada en las cercanías de La Plata, hasta que finalmente pudo recuperar su libertad.

Por otra parte, mencionaron el caso de Jorge Pociello, militante del Partido Comunista, quien fuera secuestrado el 30 de noviembre de 1977. Aquella vez, personas de civil ingresaron a su casa preguntando por él y se lo llevaron para “averiguación de antecedentes”. Fue trasladado a Mansión Seré donde fue torturado con picana eléctrica, sufrió simulacros de fusilamiento, golpes y la práctica del “submarino”.

“La imagen que tengo es la que tiene uno cuando sale de los campos de concentración”, relató la cuñada de Pociello en su declaración, según recordaron los representantes del MPF. La testigo le abrió la puerta de su casa cuando fue liberado. Estaba “Todo rapado, como a pedazos, muy delgado, sucio, un pantalón atado como con una piola y zapatos distintos”, mencionó y agregó que él le dijo que eso había sido “realmente el infierno”.

Asimismo, describieron la persecución y secuestro del grupo religioso vinculado al cura José Piguillem, conocido como "Padre Pepe”, figura entorno a la cual se congregaban jóvenes comprometidos con la realización de trabajo pastoral y social en la zona de Moreno. En ese contexto, relataron las privaciones de la libertad y tormentos sufridos por Alejandro Micieli, Aldo Rubén Ameigeiras, Raúl Morello, José García Carballo y Susana Bruna.

En otro tramo, los fiscales describieron diversos casos de víctimas que sufrieron violaciones y abusos sexuales, lo que motivó la ampliación de la acusación formulada por el MPF durante el debate. Remarcaron que no se trató de hechos aislados. Entre otros, contaron el caso de Mario Sánchez, quien fue secuestrado el 17 de abril de 1977 en su domicilio en Concordia, Entre Ríos. Fue llevado a Buenos Aires y trasladado a la Comisaría 1° de Moreno, donde fue sometido a condiciones inhumanas de detención. Allí sufrió tormentos y fue víctima de violación. Hasta el día de hoy, permanece desaparecido.