El Juzgado Federal N°1 de Santa Fe ordenó la indagatoria al exdirector de la delegación Santa Fe de la ex Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP hoy ARCA), Carlos Vaudagna, y a otras diez personas en una causa donde se investigan presuntos delitos de violación de secretos, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. La pesquisa, a cargo del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Santa Fe, se centra en hechos ocurridos en 2017, en los que se habrían cometido irregularidades en el marco de la fiscalización de una empresa constructora.

La decisión fue tomada la semana pasada por el juez federal Aldo Alurralde, al hacer lugar a un pedido formulado por los fiscales Walter Rodríguez, del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Santa Fe; Roberto Salum, titular de la Sede Fiscal Descentralizada Reconquista; Diego Velasco, titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), y Juan Argibay Molina, a cargo de la delegación Rosario de esa procuraduría especializada.

Mensajes por WhatsApp

La causa se centra en hechos descubiertos a partir del análisis de conversaciones registradas en la aplicación WhatsApp entre los imputados. Según la investigación, entre marzo y julio de 2017, los funcionarios públicos Vaudagna y el inspector Marcelo Bulacio habrían realizado actos propios de su competencia como agentes de la AFIP para beneficiar a la empresa constructora Ricardo Mallozzi S.A., a cambio de una contraprestación económica.

En concreto, se los acusa de haber realizado un ajuste fiscal inferior al que correspondía por las obligaciones tributarias incumplidas de la empresa durante los períodos fiscales 2013, 2014 y 2015, causando un perjuicio al fisco nacional. De acuerdo a las evidencias, el abogado de la empresa, P.R.G. —también imputado—, habría sido el encargado de entregar dinero a los funcionarios.

Además, la fiscalía señaló que se puede inferir del contenido de los diálogos, que la empresa se encontraba bajo fiscalización por parte del organismo recaudador, y que Bulacio habría intervenido directamente en el proceso, aprovechando su posición como agente de la ARCA.

El cuerpo de fiscales destacó como elemento preponderante que los hechos investigados relacionadas a la empresa Mallozzi SA., fueron reconocidos por Vaudagna el 18 de marzo de 2025, cuando suscribió un acuerdo de colaboración con representantes del MPF a fin de brindar información y/o datos relevantes y comprobables que permitieran avanzar en las causas de corrupción que involucran al exjuez federal de Rosario Marcelo Bailaque.

Valoración conjunta de la prueba

Entre los principales elementos, que valorados conjuntamente fundamentan la imputación, los fiscales describieron los múltiples ingresos de Bulacio a plataformas digitales de AFIP para consultar información de la empresa Mallozzi S.A. durante el período de la maniobra, lo que evidenció un interés particular incompatible con las tareas regulares.

También se incorporó documentación notarial falsa, obtenida en un allanamiento al escribano J.I.T. —otro de los imputados—, en el que se secuestró un “contrato de compraventa y cesión de derechos” antedatado (fechado en enero de 2013 pero facturado en junio de 2012 y enero de 2013), que habría sido utilizado para justificar falsamente aportes irrevocables de los socios de la firma, para así eludir ajustes fiscales.

En ese sentido, se demostró la incapacidad patrimonial con el levantamiento del secreto fiscal de quien figuraba como el comprador en el contrato. El documento reveló que en 2013 no tenía la capacidad patrimonial ni ingresos suficientes para afrontar una operación de tal magnitud.

Además, se valoró el informe final de inspección de la exAFIP, suscripto por Bulacio y otros funcionarios, donde se reflejó el ajuste practicado a Mallozzi S.A. que, según la hipótesis acusatoria, se correspondía con el plan delictivo elaborado previamente en los chats para beneficiar a la empresa.

Asimismo, al hacer lugar al llamado a indagatorias, el juez Alurralde destacó que de la labor investigativa del MPF “se logró amplificar el universo de sujetos partícipes”, al encontrarse reunidos los extremos de convicción suficiente para sospechar que además de Vaudagna, Bulacio y el abogado P.R.G., también participaron R.H.M., S.P., A.M., M.M.A., R. M., D.D.G., F. I. (socios de la empresa) y J.I.T..

Medidas dispuestas

En su resolución, el juez consideró que las pruebas presentadas por la fiscalía son suficientes para sospechar que los imputados pudieron haber participado en los hechos delictivos investigados y dispuso que las once personas comparezcan a prestar declaración indagatoria mediante videoconferencia, entre marzo y abril próximos.

Asimismo, a pedido de los representantes del MPF, el juez impuso medidas de coerción para garantizar el desarrollo del proceso judicial. En el caso de Bulacio —quien continúa desempeñándose en la ARCA—, ordenó su traslado a otra dependencia del organismo y le prohibió concurrir a las agencias de las Direcciones Regionales de Rosario y Santa Fe del organismo, así como mantener contacto con empleados o funcionarios de dichas reparticiones. Al inspector y al resto de los imputados, también les prohibió la salida del país sin autorización judicial y le impuso la promesa de someterse al proceso y no obstaculizar la investigación.

En cuanto a la solicitud de caución real formulada por la fiscalía respecto de Bulacio, el magistrado decidió no hacer lugar.