La Oficina de Derechos Humanos y la Fiscalía Federal N°2 de Tucumán, a cargo de los fiscales Pablo Camuña y Agustín Chit, solicitaron la declaración indagatoria de 49 personas por su presunta participación en delitos de lesa humanidad cometidos en perjuicio de 581 víctimas, en el marco de la megacausa conocida como “Operativo Independencia III”.

La investigación fue llevada adelante por la mencionada Oficina de Derechos Humanos del MPF, bajo la coordinación del fiscal Camuña, con la intervención de la auxiliar fiscal Valentina García Salemi, el secretario Patricio Agustín Rovira y el equipo de trabajo de esa unidad especializada.

El pedido de indagatorias, presentado el 29 de diciembre pasado, atribuye a los imputados su intervención en un ataque generalizado y sistemático contra la población civil tucumana, desplegado entre el 5 de febrero de 1975 y el 23 de marzo de 1976, en el contexto del denominado “Operativo Independencia”. Según la pieza acusatoria, los hechos se enmarcan en un plan criminal de persecución y exterminio de opositores políticos ejecutado por fuerzas armadas y de seguridad, con apoyo de sectores civiles, durante un gobierno constitucional que toleró o dio su consentimiento al desarrollo de esos eventos criminales.

Se trata de la tercera acusación vinculada al “Operativo Independencia”. Los dos tramos anteriores fueron juzgados en debates orales entre 2016 y 2020. En esta etapa, se investigan los hechos sufridos por 581 víctimas, lo que convierte al caso en el de mayor volumen procesal tramitado por el Ministerio Público Fiscal en la jurisdicción.

La acción penal alcanza a exintegrantes del Ejército Argentino, de Gendarmería Nacional, de la Policía Federal Argentina (PFA), de la policía de la provincia de Tucumán, a un exintegrante del Poder Judicial Federal de Tucumán y a un civil. Del total de imputados, 23 son acusados por primera vez en procesos por crímenes de lesa humanidad. Entre ellos se encuentran exmiembros de la PFA que se desempeñaban en el centro clandestino de detención que funcionó en la Delegación Tucumán de esa fuerza, así como exagentes del Destacamento de Inteligencia 142, de distintos regimientos de infantería y de Gendarmería Nacional.

También fue imputado por delitos vinculados al ejercicio de su función el exjuez federal Manlio Torcuato Martínez, a quien el Ministerio Público Fiscal le atribuye haber utilizado su cargo para colaborar con el plan criminal y con los hechos investigados.

Respecto de las víctimas, la mayoría fue secuestrada en el interior de la provincia, especialmente en la zona sudoeste, epicentro del operativo. De las 581 personas incluidas en este tramo, 50 continúan desaparecidas, cuatro fueron asesinadas y nueve fueron identificadas en fosas de inhumación clandestinas.

La investigación también abordó de manera específica las violencias sexuales padecidas, principalmente por mujeres y niñas —entre ellas 32 niñas y adolescentes—, así como los hechos sufridos por 67 niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, dos de los cuales nacieron durante el cautiverio de sus madres.