La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó los procesamientos de doce personas acusadas de conformar una asociación ilícita destinada a defraudar a la sucursal del Banco Nación de la ciudad de Formosa por una suma estimada en mil millones de pesos.

La investigación está a cargo del Área de Transición de la Unidad Fiscal Formosa, cuyo titular es el  fiscal federal Luis Benítez, y cuanta con la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), dirigida por el fiscal general Diego Velasco.

La decisión fue adoptada por las camaristas Patricia Beatriz García y Rocío Alcalá y el juez Enrique Jorge Bosch, quienes rechazaron el planteo de las defensas en todos sus términos y confirmaron la resolución que había sido dictado en noviembre de 2025 el Juzgado Federal N°2 de Formosa, a cargo de Belén López Mace.

La causa tiene como principales imputados a dos hermanos formoseños que, junto a un grupo de diez empresarios, profesionales y colaboradores, están acusados de integrar una organización ilícita destinada a obtener créditos bancarios mediante documentación falsa y luego canalizar los fondos a través de diversas maniobras de fraude contra la mentada entidad bancaria. Los hechos habrían ocurrido al menos entre 2022 y 2024.

Los delitos endilgados

Los hermanos fueron procesados como jefes de una organización ilícita y uno de ellos además en concurso ideal con el delito de falsificación material e ideológica de instrumento público.

El resto de los imputados fueron procesados por su intervención en distintas maniobras vinculadas al fraude contra la administración pública, la asociación ilícita y, en algunos casos, el lavado de activos, con distintos grados de participación. Uno de ellos —ingeniero agrónomo e integrante del Cuerpo de Auxiliares Técnicos del Banco Nación— también fue procesado por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en calidad de autor.

Asimismo, en un caso se dictó la falta de mérito respecto del delito de fraude.

Las maniobras investigadas

Para la jueza de primera instancia, el núcleo de la maniobra consistió en presentar documentación falsa —como balances adulterados, informes apócrifos, facturas ficticias y activos inexistentes como ganado— para inducir a error al banco y obtener créditos millonarios.

Luego, se habría ejecutado una etapa de endeudamiento fraudulento, mediante el uso de cheques sin fondos respaldados por facturas falsas, lo que permitió el cobro anticipado de dinero vía descuento de cheques.

Finalmente, se desplegó una insolvencia fraudulenta, mediante concursos preventivos coordinados, para evitar el recupero del dinero por parte del banco.

La Cámara también tuvo por acreditada, para esta etapa, las maniobras y señaló que la operatoria se estructuró en distintas etapas. En primer lugar, se habría simulado una solvencia económica inexistente mediante balances adulterados, facturas apócrifas y documentación falsa vinculada a la actividad ganadera. Esto permitió acceder a líneas de crédito por cifras millonarias.

Luego, los imputados habrían utilizado un sistema de descuento de cheques de pago diferido, muchos de ellos sin respaldo real, lo que facilitó la extracción de fondos del banco. Estos valores eran emitidos por terceros vinculados al esquema, lo que generaba un circuito artificial que aparentaba operaciones comerciales legítimas.

A su vez, destacó que la investigación también detectó la utilización de empresas “satélite” y sociedades vinculadas para sostener la maniobra, así como una etapa final orientada al presunto lavado de activos, mediante la reinserción del dinero en el mercado con apariencia lícita.

Argumentos de la Cámara

Frente a los planteos de las defensas —que cuestionaban la falta de pruebas, la arbitrariedad del procesamiento y la inexistencia de delitos como asociación ilícita o lavado—, la Cámara sostuvo que la resolución de primera instancia se encuentra debidamente fundada y basada en una valoración integral de la prueba.

El tribunal destacó también que, en esta etapa del proceso, no se requiere certeza absoluta sino un grado suficiente de probabilidad, el cual consideró acreditado a partir de múltiples elementos: informes oficiales, documentación contable, testimonios y pericias.

Asimismo, rechazó el argumento de que el origen de los fondos era lícito por tratarse de créditos bancarios, señalando que, si estos fueron obtenidos mediante engaño, la operatoria queda viciada desde su origen.

“Los elementos examinados por la jueza de grado lucen concordantes, en un plano de correlación funcional y temporal (…). Ciertamente, se presentan una serie de indicios reiterados y sólidos que se orientan en sentido convergente y conllevan a sostener que cada uno de ellos habría realizado un aporte funcional a la maniobra a gran escala desplegada”, aseguraron las y el camarista.

Inicio de la investigación

La causa se inició el 19 de marzo de 2024, cuando el gerente de la sucursal Formosa del Banco Nación se presentó ante la entonces Fiscalía Federal N°2 de Formosa, a cargo de Benítez, para formular una denuncia por una presunta maniobra defraudatoria en perjuicio de la entidad.

En aquella oportunidad, refirió que los hermanos I.C. y N.C. registraban una deuda de 277.666.665 pesos correspondiente a préstamos bajo la modalidad “descuento de cheques de pago diferido”, más saldos impagos por descubiertos, cheques librados sin fondos y otros productos.

Tras la denuncia del gerente de la entidad bancaria, la fiscalía impulsó una investigación preliminar amplia y llevó adelante un conjunto de medidas tales como el análisis documental inicial, examen de la documentación aportada con la denuncia y su ampliación, el requerimiento de informes a organismos públicos.