El Juzgado Federal N°1 de Tucumán dispuso el 10 de abril la clausura de la instrucción y la elevación a juicio oral de la causa por la apropiación de Marcos Eduardo Ramos, el nieto restituido N°128, y la de su hermano mayor Elías Ismael Suleiman, ocurridas en 1976, en el marco de los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar.
El debate se desarrollará ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán y tiene como imputado a Carlos Alberto Vega, excapitán del Destacamento de Inteligencia N°142 del Ejército, quien será juzgado como partícipe necesario de la sustracción y sustitución de identidad de Ramos —segundo nieto recuperado en la provincia— y por haber sustraído y tornado incierta la identidad de su hermano mayor, Suleiman.
En la investigación intervinieron la Fiscalía Federal N°1 de Tucumán, subrogada por el fiscal Rafael Vehils Ruiz; la Oficina de Derechos Humanos de Tucumán de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), coordinada por el fiscal Pablo Camuña y con la colaboración de la auxiliar fiscal Valentina García Salemi y el secretario Patricio Rovira; y la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado (UFICANTE), dirigida por el fiscal Pablo Parenti.
El caso
De acuerdo con la investigación, en diciembre de 1976, Marcos Eduardo Ramos —de cinco meses— y su hermano Elías Ismael Suleiman —de 8 años— fueron secuestrados por personal militar en la vivienda del barrio San Cayetano de la ciudad de San Miguel de Tucumán.
Su madre, Rosario del Carmen Ramos, una militante de Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP), ya había sido secuestrada —por tercera vez— a fines de noviembre o comienzos de diciembre de 1976, cuando volvió a la capital tucumana de un viaje de su provincia natal, Santiago del Estero. Existen indicios de que habría sido llevada al centro Clandestino de Detención que funcionó en la Compañía de Arsenales “Miguel de Azcuénaga”, y aún permanece desaparecida.
Tras el secuestro, los niños fueron trasladados a un inmueble en Tafí Viejo donde había otros menores. Allí fueron separados y no volvieron a verse.
Según la investigación, Elías Suleiman fue trasladado luego a una vivienda de la capital tucumana, propiedad de María de los Ángeles Cano (ya fallecida), donde fue sometido a malos tratos, amenazas y a un intento de supresión de su identidad mediante el cambio de nombre y la gestión de documentación apócrifa. A pesar de ello, el niño —de 8 años— logró escapar y caminó más de 20 cuadras hasta la terminal de ómnibus de Tucumán, donde localizó a un tío que trabajaba en una boletería y pudo así reencontrarse con su familia. Años más tarde, en 1999, se presentó ante la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) y relató los secuestros sufridos también por su madre y su hermano, de quienes no había vuelto a tener noticias.
En tanto, Marcos Eduardo Ramos fue sustraído y su identidad fue suprimida. Fue entregado a Víctor Lucio Sánchez, alias “Pecho i Tabla” (ya fallecido), un agente civil de inteligencia vinculado al Destacamento de Inteligencia N°142, en un contexto en el que, según la acusación, el imputado Vega tenía responsabilidades en actividades de inteligencia y contrainteligencia y en el funcionamiento del centro clandestino “Arsenal Miguel de Azcuénaga”. De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio, Sánchez obtuvo su cargo “gracias al aval ideológico y moral” de Vega.
El niño fue inscripto falsamente como nacido el 17 de marzo de 1977 como hijo biológico de Sánchez y su cónyuge Ilda Agustina Sánchez (también ya fallecida), con el nombre “Marcelo Ariel Sánchez”, lo que constituyó la sustitución de su identidad.
La investigación también acreditó que en aquel operativo en el que sustrajeron a los hermanos, además fueron secuestrados quienes los cuidaban: Hugo Demetrio Castro y su hijo Juan Carlos Castro —por entonces de 12 años—, quienes fueron trasladadas al centro clandestino de detención “Arsenal Miguel de Azcuénaga”.
Hugo Castro estuvo desaparecido hasta que parte de sus restos óseos fueron identificados en la fosa de inhumación clandestina “Pozo de Vargas”, mientras que su hijo fue liberado después de algunos meses de cautiverio.
La apropiación y restitución de identidad
Marcos Eduardo Ramos permaneció durante décadas con su identidad alterada, en un contexto de vulneraciones, torturas, violencias y carencias. Según describe el requerimiento fiscal, como consecuencia de esos hechos quedó acreditado que presenta “una discapacidad intelectual moderada con limitaciones significativas para su vida personal y social diarias”.
En 2018 se logró su restitución. El Juzgado Federal N°1 de Tucumán anuló la partida de nacimiento falsa y ordenó la emisión de un nuevo DNI con su identidad real, a partir de un pedido conjunto de la Fiscalía Federal N°1 de Tucumán y la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.
La restitución, anunciada en agosto de ese año, fue posible gracias al trabajo coordinado de los organismos judiciales y fiscales intervinientes, entre ellos la UFICANTE, especializada en la investigación de la apropiación de niños durante el terrorismo de Estado.