La Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) presentó su informe de gestión 2025, donde describió la actividad desarrollada en ese periodo en la asistencia a fiscalías federales de todo el país y destacó "la intervención estratégica desarrollada en la ciudad de Rosario en el marco de la implementación del CPPF [Código Procesal Penal Federal], el litigio en casos de corrupción asociada al tráfico de drogas y la realización de juicios de casos complejos”, así como las tareas desplegadas particularmente en el marco del proceso acusatorio vigente en la mayor parte del territorio nacional y la articulación con ministerios públicos provinciales y de otros países, y con agencias nacionales y extranjeras para la persecución del narcotráfico.
La oficina a cargo del fiscal federal Diego Iglesias señaló también en su informe las estrategias de persecución penal que guían su accionar y desarrolló los principales casos que ha abordado en el marco de una política criminal caracterizada por el enfoque interjurisdiccional, el ascenso en la cadena de responsabilidad, la trazabilidad de precursores químicos y nuevas sustancias psicoactivas (NSP), la investigación patrimonial y la detección de corrupción pública. Finalmente, expuso los objetivos que orientarán su actividad a lo largo de 2026.
Los beneficios del sistema acusatorio
De acuerdo con el informe, durante 2025 la PROCUNAR llevó a cabo 306 nuevas intervenciones un 12,5% más que las registradas el año anterior-, entre colaboraciones (117) con más de 100 fiscalías de todo el país, casos delegados (3), investigaciones preliminares (144) e investigaciones autónomas (42), gran parte impulsada por el trabajo de la procuraduría en las investigaciones autónomas en el marco del sistema acusatorio.
La PROCUNAR puso de relieve que la puesta en vigor progresiva del CPPF en las diferentes jurisdicciones “tiene un impacto directo en la tarea propia” y “en la dinámica de trabajo”, que “ha repercutido positivamente en la investigación y litigio de casos de narcocriminalidad, lo cual se evidencia en la celeridad de los procesos y los resultados alcanzados en la persecución penal”.
En tal sentido, destacó las labores de las regionales NOA -que viene trabajando con el nuevo sistema procesal desde 2019- y NEA -a partir de 2024- de la procuraduría especializada, como de la actividad desplegada en el centro del país y Cuyo, la Patagonia y la jurisdicción con cabecera en Mar del Plata.
En efecto, la procuraduría marcó que durante 2025 se iniciaron 99 investigaciones, entre investigaciones preliminares de oficio (IPO) e investigaciones autónomas (IPF) en las regionales NOA y NEA. Estas últimas están previstas en la Ley Orgánica del MPF para casos complejos, de gran extensión territorial, diversidad de fenómenos criminales y conexión con otros casos, y las lleva adelante la procuraduría en coordinación con los fiscales de distrito, para investigar y litigar directamente.
“El nuevo sistema procesal ha permitido abordar la investigación de casos de narcocriminalidad compleja con mayor agilidad y presteza, en concreto, ello se ha visto materializado en la solicitud de medidas de prueba en audiencias orales cuya resolución se obtiene de manera inmediata permitiendo su producción con mayor velocidad, la posibilidad de resolver múltiples cuestiones en audiencias”, remarcó la PROCUNAR.
A ello agregó “los beneficios del vínculo constante entre las fuerzas de seguridad y el MPF, y de los convenios con otros organismos que aportan información de calidad a los casos”, y particularizó al respecto la articulación con el Equipo de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe y la Unidad Fiscal de Microtráfico de Rosario, y con la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR) del Ministerio Público de Salta. Al respecto, remarcó que la información recabada a nivel provincial en causas de narcomenudeo permite “ascender en la cadena de responsabilidades del narcotráfico en el ámbito federal”.
Persecución penal estratégica
La PROCUNAR indicó que promueve una persecución penal estratégica que estructura la tarea de investigación, análisis y litigio. En tal sentido, expuso los casos más relevantes que dan cuenta del abordaje propuesto.
Entre los casos de ascenso en la cadena de responsabilidad, la PROCUNAR destacó el caso de contrabando de estupefacientes a través de avionetas, en eventos de tránsito aéreo ilegal (TAI), desbaratado en Rosario. En efecto, el caso se inició con la interceptación de una avioneta de matrícula boliviana en Andino, Santa Fe, que derivó en el secuestro de más de 475 kilos de cocaína. El piloto, que inicialmente había escapado, fue capturado y condenado en un acuerdo pleno a 7 años y 2 meses de prisión.
La pesquisa luego pudo identificar a otras personas involucradas en la maniobra. En el caso fue clave el intercambio de información con el MPA de Santa Fe, la Unidad Fiscal de Santa Fe y con el Estado Plurinacional de Bolivia.
Un radar de la localidad de Tostado, Santa Fe, identificó tres eventos TAI, a partir de los cuales se coordinó un operativo de interceptación en Maguire, Buenos Aires, donde fueron visualizadas dos camionetas con ocupantes que aguardaban el aterrizaje de avionetas. En una de ellas se secuestraron más de 956 kilos de cocaína. Su conductor, que llevaba documentos falsos, luego fue identificado: pudo saberse que se encontraba prófugo desde hacía dos años en otra causa donde estaba acusado de liderar una organización narcocriminal. El procedimiento además permitió formalizar la imputación de otros tres acusados.
Por otro lado, la PROCUNAR ilustró en el informe la estrategia de enfoque interjurisdiccional con diferentes casos, entre ellos dos relacionados correspondientes a la jurisdicción La Plata, iniciados en 2024. La información publicada dio cuenta que el 22 de enero de ese año aparecieron flotando sobre el Río de la Plata, frente a Ensenada, diez bolsos con un total de 290 kilos de cocaína y al día siguiente otro más con poco más de 23 kilos, en panes que llevaban la inscripción "BUCKO", con un 91% de pureza. La pesquisa logró determinar quién había comprado los bolsos -el sujeto fue detenido en mayo de 2025- y también identificar a otra persona que estuvo vinculada a un caso donde se secuestraron más de 780 kilos de cocaína en Caviahue, Neuquén. También pudo saberse que la droga hallada en ambos lugares tenía un origen común.
En tanto, también en 2024 la PROCUNAR comenzó a intervenir en una causa que tramitaba ante el fuero penal de la provincia de Buenos Aires por un doble homicidio en el que una de las víctimas contaba con orden de captura en el caso de la cocaína secuestrada en Caviahue. El intercambio de información entre el fuero provincial y el federal derivó en que la competencia fuera asumida por este último. La actuación conjunta en ese caso de la fiscalía provincial, la Fiscalía Federal N°2 de Lomas de Zamora y de la PROCUNAR permitió dar con el acusado de los dos homicidios en Brasil, desde donde fue extraditado en enero pasado.
Por otro lado, el abordaje del fenómeno de la corrupción pública en casos de narcocriminalidad, tuvo resultados relevantes en el caso que tiene acusado al exjuez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, a partir de una pesquisa que demostró sus vínculos con el contador del narcotraficante Esteban Lindor Alvarado y la incidencia que tuvo ese vínculo en la tramitación de los casos donde el magistrado debía investigar su actividad. En efecto, a Bailaque se le atribuyó haber actuado en connivencia con el contador de Alvarado con el propósito de favorecer la impunidad de los miembros de la organización narcocriminal. El exjuez fue acusado de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de persecución penal y prevaricato.
La PROCUNAR destacó que este caso constituyó uno de los primeros procesos de criminalidad compleja de alto impacto abordados de manera conjunta con la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) en el marco del nuevo sistema procesal.
Cooperación interagencial
La cooperación interagencial promovida por la PROCUNAR consiste en el intercambio de información a nivel nacional, regional e internacional; la coordinación de acciones para evitar la duplicidad de medidas o el entorpecimiento de distintas investigaciones tanto en la jurisdicción federal como entre distintos MPF; la formación de Equipos Conjuntos de Investigación (ECI) y de mesas de trabajo con distintos organismos para avanzar en casos complejos; la firma de convenios de cooperación y acuerdos de colaboración; y la organización de actividades de capacitación para operadores judiciales y fuerzas de seguridad.
A nivel nacional, la PROCUNAR participó en 2025 en mesas de intercambio que se llevaron a cabo con funcionarios judiciales y del MPF en las provincias de Neuquén y Córdoba.
En tanto, la coordinación en el marco de la Red de Fiscales de Iberoamérica (RFAI), con el intercambio espontáneo de información entre sus puntos de contacto, reflejó el éxito en diferentes casos que la PROCUNAR describió en su informe. Entre ellos, una entrega vigilada de un torno que había sido exportado de España con destino a la Argentina, que en su interior tenía oculta más de media tonelada de cocaína; la extradición de un líder criminal requerida por Uruguay; y la investigación sobre una organización que captaba personas en las provincias del Chaco y Misiones que oficiaban de “correos humanos” para exportar cocaína a países de Europa y retornar al país, ingresando MDMA o anfetaminas, para comercializarlas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Además, en el marco de la red, durante 2025 la PROCUNAR promovió distintas actividades relacionadas con la investigación del tráfico de drogas sintéticas, entregas vigiladas, el impacto ambiental del narcotráfico y la cooperación jurídica internacional en materia de droga.
Entre ellas, se llevaron adelante tres ediciones del Entrenamiento teórico práctico en entregas vigiladas para contrarrestar el tráfico ilícito de drogas sintéticas y NSP, incluyendo los opioides sintéticos, coorganizados con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), realizadas en Santiago de en Chile, Montevideo y Asunción.
Como todos los años, la PROCUNAR participó también de la reunión anual de puntos de contacto de la RFAI, que contó con la asistencia de 18 representantes de los programas SEACOP, DROSINSUR (UNODC), COPOLAD III y CRIMJUST.
Por otro lado, la PROCUNAR actualmente encabeza junto a Chile la Subcomisión de Trabajo sobre Narcocriminalidad (SCTN) de la Reunión Especializada de Ministerios Públicos del MERCOSUR (REMPM) que busca identificar desafíos y buenas prácticas comunes entre los países de la región para abordar en conjunto el fenómeno trasnacional. En este marco, se realizó un encuentro entre fiscales de Argentina, Bolivia y Chile para el fortalecimiento de la cooperación internacional en zonas de frontera, como también un encuentro entre fiscales de Argentina y Uruguay para articular el trabajo en dos investigaciones relacionadas con organizaciones que operan en ambos países, para lo cual se conformó un ECI.
Capacitaciones
En su informe, la PROCUNAR señaló que en las actividades a su cargo se capacitaron más de 500 personas, entre operadores judiciales y agentes de las fuerzas de seguridad.
Gran parte de estas actividades se organizaron en conjunto con otras instituciones, especialmente con la UNODC y la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de los Estados Unidos (INL) para fortalecer la formación de operadores judiciales frente a los desafíos que presenta la investigación de la narcocriminalidad, las drogas sintéticas, la corrupción asociada y el nuevo sistema procesal.
En tanto, en las capacitaciones que fueron apoyadas por la procuraduría se capacitaron más de 450 personas.
Objetivos para este año
En el final de su informe, la PROCUNAR establece los diez objetivos que guían su actividad en el año en curso. Entre ellos, profundizar la investigación penal de organizaciones narcocriminales de alcance trasnacional y de gran complejidad; continuar la investigación de las organizaciones criminales que operan en la provincia de Santa Fe; intensificar la mirada interagencial en la investigación de casos de contrabando y transporte de grandes volúmenes en eventos TAI; impulsar la persecución y enjuiciamiento en casos vinculados al fenómeno de corrupción pública; e implementar herramientas de inteligencia artificial para el cumplimiento de las funciones propias de la procuraduría, en el marco del Programa de Inteligencia Artificial del Ministerio Público Fiscal de la Nación.