Más de 40 jueces, fiscales y funcionarios del fuero federal participaron, entre el lunes y el martes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de una conferencia y una mesa de diálogo sobre el abordaje de las investigaciones contra la criminalidad compleja en el marco del sistema acusatorio, con el objetivo de obtener herramientas y compartir experiencias y buenas prácticas en la persecución de la delincuencia organizada transnacional.

Las jornadas se enmarcan en el Proyecto de Fortalecimiento de la Justicia Penal frente al Crimen Organizado impulsado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y fueron organizadas en conjunto con la Unidad Especial Estratégica para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Procuración General de la Nación (UNISA), la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de los Estados Unidos (INL), la Asociación de Jueces Federales (AJUFE) y el Ministerio de Justicia de la Nación.

La conferencia “Abordaje de la criminalidad organizada en sistemas acusatorios”, tuvo lugar el lunes por la tarde en el Salón Verde de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El panel de inicio contó con las exposiciones de la jefa de la Oficina de Programas de la UNODC en Argentina, Lucía Gómez Consoli; el presidente de la AJUFE, Marcelo Duffy; y el agregado político de la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires, Timothy McNally.

Asimismo, participaron el secretario de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación y cotitular de la UNISA, Juan Manuel Olima Espel, y el subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación, Emiliano Méndez Ortiz.

La mesa fue moderada por Leticia Risco, experta penal del Programa de Reforma de Justicia de la UNODC.

Los expositores coincidieron en que el crimen organizado, su carácter transnacional y su capacidad de adaptación a nuevas modalidades delictivas, obliga a las instituciones y a los sistemas de justicia a mantenerse actualizados frente a estos cambios y a fortalecer sus capacidades técnico-jurídicas para la investigación y el enjuiciamiento de estos delitos complejos.

Por ello, destacaron la importancia de ordenar la persecución penal en función de prioridades, así como fortalecer la investigación patrimonial, favorecer los mecanismos de cooperación internacional y consolidar el uso de técnicas especiales de investigación.

El secretario de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación y cotitular de la UNISA, Juan Manuel Olima Espel, durante la apertura de la conferencia. Foto: D. Salotto.

A su turno, Olima Espel afirmó que para llevar adelante una implementación del sistema acusatorio de calidad se necesitan tres pilares: “recursos —humanos, tecnológicos y edilicios—, decisión política y voluntad de los operadores”.

Además, destacó la importancia de las capacitaciones que “permiten transmitir las experiencias de otras jurisdicciones”, y celebró el enfoque de esta actividad vinculada a la lucha contra la criminalidad organizada.

Experiencias y cooperación internacional

A continuación, se llevó a cabo el panel “Gestionar la criminalidad organizada en sistemas acusatorios”, que estuvo a cargo de la jueza federal del Distrito de Florida, Estados Unidos de América, Virginia M. Hernández Covington, quien, en base a su experiencia, explicó la importancia del manejo de la evidencia en las causas con múltiples acusados y la utilización de la figura del informante o imputado colaborador.

Como moderadores participaron el secretario general de la AJUFE, el juez federal titular del Juzgado Federal N°3 de Mar del Plata, Santiago Inchausti; y Risco.

Al cierre de la actividad se desarrolló el panel “Investigación, cooperación internacional y gestión de causas complejas en el marco del sistema acusatorio”, del que participaron la cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), la fiscal federal Alejandra Mángano; el titular de la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional (DIGCRI), Diego Solernó; y la jueza federal del Tribunal Oral Nº1 de Salta, Gabriela Catalano.

En su intervención, Mángano destacó la necesidad de regulación específica para la gestión de casos complejos en el marco del Código Procela Penal Federal (CPPF), de manera tal que las investigaciones sean uniforme en las distintas jurisdicciones del país.

En este sentido, remarcó que los criterios de admisibilidad de la evidencia, dependen en gran medida del criterio del juez, lo que genera disparidades sobre todo en lo que refiere a la evidencia digital, la generada en el extranjero y aquella proveniente del imputado colaborador.

Hacia el cierre, se refirió específicamente a los casos complejos de criminalidad económica y corrupción, que cuentan con una amplia exposición mediática, y también a la importancia de concentrar el litigio para evitar que comprometa la eficacia del MPF.

A su turno, Solernó hizo hincapié en que las organizaciones criminales son cada vez más transnacionales y organizadas, por lo que es fundamental la cooperación internacional para combatirlas.

Para ello, el titular de la DIGCRI enfatizó en las tres principales herramientas de cooperación que utilizan actualmente en la dirección: la remisión espontánea de información entre países; la cooperación interinstitucional (intercambio de información y conexión directa entre aduanas, policías, fiscalías de la región, redes especializadas contra la trata y el tráfico ilícito de personas, para potenciar las investigaciones y proteger a las víctimas) y equipos conjuntos de investigación conformados por ministerios públicos y fuerzas de seguridad de dos o más países (coordinan la recolección de pruebas, allanamientos e investigaciones).

En tanto, Catalano habló de su experiencia como jueza de tribunal oral de Salta, en la que en los más de seis años desde la implementación del CPPF, le tocó intervenir en numerosos casos complejos de narcotráfico, contrabando y corrupción.

En este sentido, explicó que Salta tiene una frontera de más de 700 kilómetros con Bolivia, en la que solo hay dos pasos habilitados y más de mil clandestinos.

Al respecto, detalló que suelen ser casos que se inician con un transporte de estupefacientes, pero que luego el Ministerio Público Fiscal, investiga para escalar en la organización e identificar a otros responsables. En este sentido, afirmó: “No son delitos comunes, son redes complejas y sofisticadas. El desafío central no es solo probar un hecho aislado, sino decodificar finanzas laberínticas y contar la historia completa de una organización criminal”.

Gestión de audiencias y causas

El martes, como continuidad del trabajo del lunes, tuvo lugar la mesa de diálogo "Criminalidad Organizada, Gestión e Investigaciones Complejas en el marco de sistemas acusatorios". El evento se realizó en el EFE Hotel, ubicado en la calle Paraguay 474, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Participaron en la apertura, el secretario de Disciplinaria y Técnica de la Procuración General de la Nación y cotitular de la UNISA, Juan Manuel Casanovas, Gómez Consoli, Inchausti y Méndez Ortiz.

El secretario de Disciplinaria y Técnica de la Procuración General de la Nación y cotitular de la UNISA, Juan Manuel Casanovas, durante la apertura de la mesa de diálogo. Foto: D. Salotto.

Casanovas destacó el cambio de óptica frente a la implementación del sistema acusatorio de la nueva gestión del Ministerio de Justicia. “Sé del esfuerzo de cada uno de los presentes, tanto del MPF como del Poder Judicial”, sostuvo.

Agradeció también a los integrantes de la UNISA, por el trabajo de calidad al adaptarse a la implementación del sistema acusatorio, “una transformación institucional que se lleva adelante con mucho esfuerzo”.

A continuación, se dio inicio al primer panel. Allí, la jueza Hernández Covington profundizó sobre la gestión de audiencias en causas vinculadas con la criminalidad organizada y su experiencia en Estados Unidos.

Al final de su exposición introdujo —por fuera de la agenda— su preocupación ante el avance de la Inteligencia Artificial (IA). “Manipulación de la evidencia, información que no es correcta, es algo con lo que vamos a lidiar en los próximos años”, anticipó.

Luego, la actividad continuó con el debate sobre “Investigaciones complejas y gestión de causas de narcotráfico y criminalidad organizada en el marco del sistema acusatorio”.

Allí, la jueza federal de Mendoza, María Paula Marisi; el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias; y el fiscal del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario y titular de la PROCUNAR Región NEA, Matías Scilabra, contaron sus experiencias y se abrió un debate con jueces y fiscales de otras jurisdicciones del país donde cada uno aportó cómo lleva adelante las investigaciones y causas más relevantes.

Iglesias y Scilabra indicaron que el principal desafío que se les presenta es el diseño de la teoría del caso en la criminalidad organizada compleja. Resaltaron la importancia de trabajar con las fuerzas de seguridad, las agencias de investigación y con equipos de fiscales —sobre todo en casos complejos—, y tener en cuenta las particularidades propias de cada jurisdicción.

También explicaron cómo presentar un caso complejo en una audiencia, cómo convencer al juez y a la vez litigar de manera eficiente.

Asimismo, destacaron la importancia de la presencialidad en las audiencias bilaterales.

Al cierre de su presentación, Iglesias dijo que el desafío para los fiscales es ser confiables para los jueces al momento de presentar cada caso y ser extremadamente profesionales.

El titular de la PROCUNAR, Diego Iglesias, la jueza federal del Distrito de Florida, Estados Unidos de América, Virginia M. Hernández Covington (en uso de la palabra), la jueza federal de Mendoza, María Paula Marisi, el juez federal Julián Ercolini y el fiscal federal Sergio Mola. Foto: D. Salotto

Convenciones probatorias y prueba digital

Tras un breve receso, el encuentro continuó con el panel “Audiencia de control de acusación. Admisibilidad de la prueba en juicio. Convenciones probatorias”, del que participaron el juez del Tribunal Oral Federal de General Roca, Simón Bracco; la jueza Catalano; y el fiscal general con funciones de coordinación del distrito Bahía Blanca y titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), Horacio Azzolin.

Durante el intercambio, Bracco y Catalano coincidieron en que el rol del juez en esta etapa es propiciar la celebración de convenciones probatorias entre las partes.

A su turno, Azzolin destacó que la audiencia de control de acusación constituye “la instancia más relevante del sistema acusatorio”, en tanto allí se delimita el marco probatorio y, en definitiva, lo que ocurrirá en el juicio.

El titular de la UFECI subrayó, además, la centralidad de la evidencia digital en las investigaciones actuales. Señaló que todos los casos presentan, en mayor o menor medida, este tipo de prueba, e incluso que en muchos de ellos resulta determinante. En ese sentido, indicó que su análisis debe abordarse a partir de tres ejes: los dispositivos electrónicos, la obtención de información de fuentes abiertas y los criptoactivos, siempre bajo el criterio de admisibilidad vinculado a la relevancia para sostener la teoría del caso.

Asimismo, remarcó que es responsabilidad del Ministerio Público Fiscal asegurar buenas prácticas en el secuestro de dispositivos, la extracción forense, el análisis de la información y la preservación de la cadena de custodia, a fin de evitar cuestionamientos en la audiencia de control de acusación.

Por su parte, la coordinadora de la UNISA, Carla Di Gangi, señaló la importancia de que el fiscal cuente con un asesor técnico que lo asista durante las audiencias, distinto al investigador o al experto que va a ser testigo, para brindar soporte especializado en las audiencias y los interrogatorios, y colaborar con la información que pueda surgir allí.

A lo largo de las distintas exposiciones se produjeron intercambios entre los jueces y los fiscales de las distintas jurisdicciones presentes.