La Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), a cargo del fiscal federal Diego Iglesias, y la delegación Regional NEA, formalizaron la imputación contra cinco personas acusadas de integrar una organización criminal dedicada al tráfico internacional de estupefacientes, a quienes le atribuyeron haber ingresado al país de 321 kilogramos de cocaína transportados en una avioneta procedente de Bolivia, que aterrizó el 12 de mayo pasado en un campo de la localidad santafesina de Villa Eloísa.
La audiencia se realizó el viernes pasado en los tribunales federales de Rosario ante el juez federal de Garantías Eduardo Rodríguez Da Cruz, con la intervención del titular de la PROCUNAR NEA, el fiscal federal Matías Scilabra; el fiscal coadyuvante Santiago Alberdi; y el auxiliar fiscal de la PROCUNAR Santiago Iglesias.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal imputaron a Santiago Emanuel B., Juan Cruz B., Agustín S. y a los ciudadanos bolivianos José Carlos R. L. y Yasmil Z. N. P. (identificados como piloto y copiloto de la aeronave), como presuntos coautores del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de transporte, agravado por la intervención organizada de tres o más personas.
Además, a Santiago Emanuel B. se lo acusó también por el delito de tentativa de homicidio, ya que se le atribuyó haber embestido con una camioneta a un cabo de la Gendarmería Nacional mientras intentaba escapar de un operativo desplegado sobre la ruta provincial N°178. El efectivo sufrió múltiples traumatismos y permanece internado en un sanatorio de Rosario.
A pedido de los representantes del MPF, el juez ordenó la prisión preventiva por el plazo de un año para Santiago Emanuel B., Juan Cruz B. y los tripulantes de la aeronave, mientras que para Agustín S. dispuso la misma medida de coerción, pero por 120 días. También hizo lugar al pedido fiscal de captura nacional e internacional de Jorge Mario G. J., señalado como piloto de un aterrizaje clandestino anterior y actualmente prófugo. Asimismo, dispuso la destrucción de la droga secuestrada, previa extracción de muestras para su resguardo y eventual análisis.
El antecedente de Arequito y un celular clave
Durante la audiencia, los fiscales también atribuyeron a Santiago Emanuel B., Juan Cruz B. y al prófugo Jorge Mario G. J. haber organizado otro traslado de cocaína desde Bolivia ocurrido el 11 de noviembre de 2025, cuando una avioneta aterrizó en la zona rural de Arequito y fue hallada abandonada con 62 kilogramos de cocaína, que se presume eran parte de un cargamento mayor.
De acuerdo a lo revelado por la fiscalía, el análisis de un teléfono celular iPhone secuestrado dentro de aquella aeronave abandonada permitió profundizar la pesquisa sobre la organización criminal, identificar a sus integrantes y reconstruir tareas de logística vinculadas con vuelos clandestinos y pistas rurales utilizadas para el ingreso de droga al país.
De esa manera se logró identificar al piloto Jorge Mario G.J., con antecedentes de tráfico de drogas en Bolivia, y la utilización de un grupo de WhatsApp denominado “11pibe”, en el que distintos integrantes compartían fotografías, videos, coordenadas y referencias sobre los preparativos de vuelos provenientes de Bolivia.
La avioneta aterrizada en Villa Eloísa provino de Bolivia y tenía matrícula adulterada. Foto: Gendarmería Nacional
Según expuso el fiscal Iglesias, uno de los mensajes atribuía al piloto la frase “viajo full full” y hacía referencia al traslado de “400”, en aparente alusión a la cantidad de droga transportada. La pesquisa determinó que las coordenadas del punto de aterrizaje referido en el grupo eran coincidentes con el lugar del hallazgo de la aeronave.
La investigación también permitió identificar los vehículos utilizados por la organización y corroborar, mediante imágenes de cámaras de videovigilancia y seguimientos realizados durante varios meses, la participación de distintas personas en los preparativos de los aterrizajes clandestinos tanto en Arequito como en Villa Eloísa.
La investigación sobre el aterrizaje en Villa Eloísa
Según expuso el fiscal Scilabra, el cargamento de 321 kilos de cocaína hallado en Villa Eloísa dentro de la avioneta Cessna 210, con matrícula adulterada de Argentina y Brasil, “fue recibido por los hermanos B. y su colaborador Agustín S. que aguardaban en un auto Volkswagen Gol Trend y en dos camionetas Fiat Strada”.
Recordó que mientras que el piloto y el copiloto fueron detenidos durante rastrillajes en campos aledaño, los restantes sospechosos escaparon al advertir la presencia de las fuerzas de seguridad, lo cual motivó un amplio operativo para lograr su detención.
En ese contexto, advirtió que Santiago B. tuvo una conducta “hostil y evasiva”, que “resistió violentamente su detención” al dirigir deliberadamente la camioneta que conducía contra el gendarme que resultó gravemente herido cuando intentaba identificarlos sobre la ruta provincial N°178.
“No fue casualidad, estábamos siguiendo a estas dos personas”, afirmó el fiscal Alberdi y explicó que la persecución derivó luego en el hallazgo de dos camionetas marca Fiat incendiadas y en distintos procedimientos realizados el 13 de mayo en las localidades de Funes y Roldán, donde finalmente fueron detenidos los restantes acusados.
Otro de los vehículos hallados incinerados tras la interceptación de la avioneta. Foto: Gendarmería Nacional
En el caso de Agustín S., la fiscalía también le imputó la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, luego del secuestro de 787 gramos de marihuana durante uno de los allanamientos. En ese procedimiento también se encontró un chaleco antibalas que, según testigos, habría sido utilizado durante la fuga.
Políticas de persecución criminal
Al analizar estos casos, desde PROCUNAR destacaron la importancia que han tenido las actividades relacionadas con contrarrestar el tráfico ilícito de drogas a través de vuelos clandestinos, tránsito aéreo irregular organizados, a través de acciones conjuntas del Ministerio Público Fiscal y el Programa contra las Drogas Sintéticas en Argentina (DROSINAR).
Estas políticas de persecución del delito actualmente tienen continuidad en el Programa de implementación del Centro Regional para la lucha contra el Crimen Organizado, el Narcotráfico y otros delitos conexos de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), que son apoyados por la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de los Estados Unidos.
En ese contexto, los talleres y jornadas de trabajo realizados por esos organismos ofrecieron herramientas concretas y actualizadas susceptibles de ser aplicadas en estos casos complejos y posibilitaron continuar potenciando redes de cooperación interinstitucional e internacional.