El fiscal general Carlos Martín Amad y el fiscal ad hoc Juan Manuel Sivila solicitaron la pena de prisión perpetua para el exinspector de la Delegación Salta de la Policía Federal (PFA) Juan Carlos Alzugaray, juzgado por los homicidios de René Esteban Locascio Terán y Ramón Antonio Díaz Romero, cometidos el 20 de abril de 1975 en la localidad salteña de San Lorenzo. Para la fiscalía, este doble crimen fue uno de los delitos de lesa humanidad más atroces cometidos en la provincia.

El pedido fue formulado el miércoles pasado durante los alegatos ante el Tribunal Oral Federal N°2 de Salta, integrado por la jueza Gabriela Catalano y los jueces Diego Matteucci y Abelardo Basbús. Los representantes del Ministerio Público Fiscal requirieron que el exoficial de la PFA sea condenado a la pena máxima como coautor del delito de homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas.

En su exposición, la fiscalía sostuvo que el procedimiento policial fue una operación planificada para ejecutar a las víctimas y encubrir los asesinatos bajo la apariencia de un enfrentamiento armado, una modalidad utilizada durante el terrorismo de Estado. "Todo fue una operación mascarada para matarlos", afirmó Amad.

El caso ya fue considerado un crimen de lesa humanidad de carácter imprescriptible y por estos mismos hechos, el 29 de junio de 2015 el TOF N°1 de Salta ya había condenado a los exjefes de la Policía de Salta Miguel Raúl Gentil y Joaquín Guil.

“No los quiero vivos”

El caso data del 20 de abril de 1975, cuando un grupo de policías de la provincia y de la Delegación Salta de la PFA irrumpió en una casa de calle Lugones, en San Lorenzo, y mató a Terán y Díaz Romero, en el marco del plan sistemático de exterminio de enemigos políticos que el aparato represivo estatal llevaba adelante en esa época, descripta por el fiscal Amad en su alegato como “el reinado del terror” instaurado durante la dictadura cívico-militar.

Al reconstruir los hechos, la fiscalía explicó que, tras un atentado cometido días antes en Jujuy contra un directivo de la empresa Ledesma, las fuerzas de seguridad identificaron que las víctimas —sindicadas como integrantes de una organización política armada— podían haberse refugiado en la mencionada vivienda de San Lorenzo.

"La evidencia demuestra que las víctimas no hicieron un solo disparo. Tampoco utilizaron la granada que llevaban consigo. Si realmente hubiera existido un enfrentamiento, lo esperable habría sido que intentaran defenderse, pero eso nunca ocurrió", sostuvo el fiscal.

Según expuso Amad, antes del operativo en el que fueron asesinados Terán y Díaz Romero existió un primer allanamiento ilegal de esa casa, cuya realización quedó acreditada a partir de la declaración del entonces comisario Guil —condenado por el caso— y de otros elementos de prueba.

Esa hipótesis también fue respaldada por el testimonio de una de las moradoras de la vivienda, quien declaró que, cuando fue llevada al lugar tras los homicidios, encontró la casa completamente alterada, en condiciones que no se correspondían con el estado en que la había dejado días antes.

Como otro de los elementos centrales de la acusación, la fiscalía destacó la declaración de un testigo que se refirió a una escena que vivió en la Jefatura de Policía, cuando tramitaba la liberación de un familiar. Según relató, en esas circunstancias llegó a la dependencia un grupo de policías que informó a Guil que tenían "acorraladas" a unas personas en San Lorenzo. La respuesta del entonces jefe policial fue: "No los quiero vivos".

Para el Ministerio Público Fiscal, esa expresión demuestra que la vivienda ya estaba bajo vigilancia antes de la llegada de las víctimas y que el objetivo del operativo no era detenerlas sino ejecutarlas y después simular ese accionar salvaje con un enfrentamiento, según el fiscal, una modalidad vigente en esa época en la que las fuerzas de seguridad se dedicaban a “extinguir al adversario o a quienes ellos decían que era el adversario”. Para Amad, se trató de “una emboscada”.

"Los ejecutaron cuando dormían"

 La fiscalía explicó que el grupo que irrumpió en la vivienda estaba integrado por un total de 13 efectivos de la Policía Federal y de la policía provincial, y que el protagonismo principal correspondió a los agentes federales, entre ellos Alzugaray.

Según la acusación, los policías ingresaron por la parte trasera del inmueble y asesinaron a las víctimas mientras dormían.

En su exposición, la fiscalía sostuvo que el procedimiento policial fue una operación planificada para ejecutar a las víctimas y encubrir los asesinatos bajo la apariencia de un enfrentamiento armado, una modalidad utilizada durante el terrorismo de Estado. "Todo fue una operación mascarada para matarlos", afirmó Amad.

"Fueron ejecutados por la espalda, cuando dormían, de forma cobarde. ¿Quién dispara por la espalda? Solamente un cobarde", afirmó Amad durante su alegato, mientras exhibía fotografías de la escena del crimen.

El fiscal remarcó que los peritajes demostraron que los disparos impactaron en la parte posterior de los cráneos y enumeró una serie de irregularidades que, a su criterio, desmienten la versión oficial de un enfrentamiento: los registros policiales consignaron distintos horarios de muerte, no se preservó la escena, no se secuestraron vainas servidas ni se realizaron las diligencias criminalísticas básicas.

También señaló que una de las víctimas presentaba perdigones en la cabeza, pese a que nunca fue secuestrada la escopeta que habría provocado esas lesiones, otro elemento que, según la fiscalía, refuerza la hipótesis del "enfrentamiento fraguado".

"La evidencia demuestra que las víctimas no hicieron un solo disparo. Tampoco utilizaron la granada que llevaban consigo. Si realmente hubiera existido un enfrentamiento, lo esperable habría sido que intentaran defenderse, pero eso nunca ocurrió", sostuvo.

"Fueron a ejecutarlos, como lo pidió Guil esa mañana. Las víctimas no se defendieron porque no tuvieron oportunidad de hacerlo. Los ejecutaron cuando dormían", concluyó el representante del Ministerio Público Fiscal.

Como último elemento, Amad destacó que ese mismo día se registró el ascenso de uno de los policías que intervino en el operativo, circunstancia que consideró un "acto celebratorio" de los homicidios cometidos.