Tres hombres fueron condenados, en el marco de un acuerdo de juicio abreviado, por haber conformado, entre 2018 y 2024, una asociación ilícita fiscal con la que montaron una red de 150 usinas para la emisión de casi 40.000 facturas electrónicas apócrifas por 10 mil millones de pesos, lo que generó un crédito fiscal por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por 2 mil millones pesos.
La decisión la tomó el Tribunal Oral Federal (TOF) N°3 de Rosario, conformado de manera unipersonal por el juez Osvaldo Facciano, tras homologar el acuerdo al que arribaron las defensas de los tres involucrados con el Área Investigación y Litigio Casos Complejos-Oficina Litigio Oral Estratégico de la Unidad Fiscal Rosario, a cargo del fiscal federal Federico Reynares Solari, y representada en la audiencia por los fiscales coadyuvantes Ignacio Falconi y María Virgina Sosa.
Marcelo Fabián Frontini y Gabriel Oscar Acosta fueron condenados a cuatro años de prisión por ser autores del delito de asociación ilícita tributaria, previsto en el articulo 15 inciso C de la ley 27.430. Por su parte, el contador público Guillermo Luis Pigozzi fue considerado partícipe secundario del mismo delito y le fijaron una pena de tres años de prisión de ejecución condicional junto con una inhabilitación especial de seis años para ejercer su profesión.
Al momento de la sentencia, el juez Facciano ordenó el decomiso de un vehículo marca Audi A4, una camioneta marca Ford Ranger Limited, $1.318.000 y diversos elementos electrónicos de almacenamiento de información y de comunicación.
La “usina de papel”
La organización ilícita, que se conoció mediáticamente como “la banda de los contadores” por la profesión que ejercía uno de los imputados, funcionaba principalmente en las localidades santafesinas de Casilda y Sanford. Según la pesquisa, emitieron 39.195 comprobantes electrónicos mediante la creación de 150 usinas apócrifas por un monto neto de $10.948.592.132, en el período comprendido entre 1° de enero de 2018 y el 7 de mayo de 2024.
Esas maniobras generaron un crédito fiscal en relación al IVA de $1.652.546.622, sin perjuicio que también habrían emitido 1.579 comprobantes manuales y tickets electrónicos por un monto de $997.373.944,11 mediante la creación de otras 9 usinas apócrifas, entre el 25 de enero y el 29 de mayo de 2024. En ese caso, el crédito fiscal de IVA ascendió a $166.341.748,89, según registros de ARCA.
La investigación incluyó escuchas telefónicas y numerosas tareas de campo, a través de las cuales se colectaron gran cantidad de pruebas. Ese material fue la base para que la exAFIP Rosario detectara que, mediante la utilización de un IP particular, diversas personas jurídicas realizaban maniobras utilizando usinas generadoras de miles de facturaciones.
A partir de distintas medidas ordenadas por la Unidad Fiscal Rosario se identificaron las computadoras asociadas a los comprobantes electrónicos, se individualizaron a los autores y se determinaron los roles de cada uno dentro de la organización criminal.