En dos audiencias celebradas ayer, la Unidad Fiscal Río Gallegos, a cargo del fiscal federal Julio Zárate, y la PROCELAC, representada por el auxiliar fiscal Jorge Rodríguez Ponte formalizaron la imputación contra 16 personas en dos casos conexos: en uno se investiga el lavado de activos —por un flujo estimado de 390.880.000 pesos— que se atribuyó empresario Lázaro Báez y su entorno (integrado por diez personas) y en el otro se imputó a nueve integrantes de una supuesta organización narcocriminal dedicada al tráfico de estupefacientes, por lo menos desde diciembre de 2025.

El juez federal de Garantías de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez declaró la legalidad de 12 detenciones, las convirtió en prisión preventiva y dispuso que el plazo máximo de duración de las investigaciones sea de dos años, en línea con lo requerido por el MPF. A los otros cuatro implicados se les fijaron medidas de coerción.

Los puntos de contacto entre los casos

En el primero, la Unidad Fiscal, en conjunto con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, imputó a Báez encabezar una organización conformada por diez personas y dirigirla telefónicamente desde el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, en el que se halla cumpliendo una condena de 15 años de prisión.

Según la imputación, Báez administró, explotó y puso en circulación activos de origen ilícito, que habrían sido sustraídos de la ejecución de las condenas que pesan sobre él y cuya administración le está vedada de acuerdo con lo estipulado en el artículo 12 del Código Penal. La calificación legal empleada por la fiscalía durante la audiencia de formalización de la investigación incluye el lavado de activos agravado, la asociación ilícita, la insolvencia fraudulenta y la defraudación.

En ese sentido, a uno de los integrantes de esta organización, C.S.I (considerado por la fiscalía como “operador de hecho y administrador territorial” de Báez) a su vez, se le atribuyó ser líder de una banda que se dedica al tráfico de estupefacientes en la provincia de Santa Cruz.

El domicilio donde cumplió arresto domiciliario Lázaro Báez y que fue allanado durante los operativos realizados en el caso. Foto: expediente judicial

La investigación contra el empresario se originó a partir de las intervenciones telefónicas ordenadas en el  en el marco de la investigación de la organización narcocriminal. Sobre esta, la fiscalía atribuyó a sus nueve integrantes dedicarse al transporte de cocaína mediante camiones de una empresa transportista y a su distribución a través de un lavadero en el que se realizaban las entregas del material. La fiscalía señaló que el lavado de activos provenientes de esta actividad tuvo lugar mediante cuentas bancarias y bienes registrados a nombre de terceros para hacer circular los fondos de origen ilícito e integrarlos al circuito legal.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, el entorno de Báez no solo sustraía activos del control judicial —incluidos inmuebles ya inscriptos a nombre de la Corte Suprema de Justicia de la Nación—, sino que además utilizaba a los cabecillas de la organización narco para mover fondos y bienes.

Las Fiscalías ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal N° 1, a cargo del fiscal general Diego Luciani, la N° 2 a cargo de fiscal general Abel Córdoba y la N° 6 a cargo del fiscal general Diego Velasco, proporcionaron información detallada de los bienes que permitió identificar y acreditar el estado de ejecución de pena de Báez y el de algunos bienes cautelados o para decomiso.

“El clan”

Según la fiscalía, bajo la jefatura de Báez operaba una conducción ejecutiva de confianza integrada por su pareja C.I, y por C.S.I (señalado como el operador territorial del grupo); un anillo familiar de soporte logístico y de titularidad interpuesta compuesta por F.D y V.D —hermano de este último y pareja de C.S.I—; un canal de justificación agropecuaria e integración financiera a cargo de P.G y M.G; y una cobertura de asistencia y colaboración contable prestada por D.N.

La estructura la completarían otros tres intervinientes:, J.U actuaba como nodo de estratificación financiera; J.A como operador de enlace y de verificación de bienes; y O.N era contraparte de los actos de disposición y encargado del relevamiento de los campos. A este último, el propio Báez lo incluyó por escrito en una nómina que encabezó con el título "EL CLAN", escrita en una hoja que fue incautada durante el allanamiento en su celda, y que fue encontrada junto con contratos de arrendamiento y listados de deudores.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, la estructura habría mantenido productivos bienes alcanzados por decomisos, embargos o depósitos judiciales y habría administrado sus rentas. Entre los activos involucrados en la investigación aparecen las estancias Alquinta, La Entrerriana y Cruz Aike; las sociedades Kank y Costilla y Austral Agro; unidades funcionales del edificio "Koonek" —cinco de las cuales figuran hoy a nombre de la Corte—, alquileres a tres empresas y un inmueble sobre la costanera de El Calafate. También dos galpones cuya disposición se habría pactado en 250 millones de pesos y un vehículo Ford Mondeo perteneciente a Báez, que fue secuestrado.

Según la imputación, Báez administró, explotó y puso en circulación activos de origen ilícito, que habrían sido sustraídos de la ejecución de las condenas que pesan sobre él y cuya administración le está vedada de acuerdo con lo estipulado en el artículo 12 del Código Penal.

Según reconstruyó la investigación, Báez impartía directivas desde una línea telefónica registrada a nombre del Servicio Penitenciario Federal, refiriéndose a sí mismo en una de las escuchas telefónicas como "el dueño de la historia". Asimismo, su entorno lo llamaba "Antonio" o "el Tío". Durante la audiencia, la unidad fiscal expuso una serie de conversaciones telefónicas en las que, desde la cárcel, Báez daba ordenes sobre la explotación de sus bienes. En una de esas comunicaciones dijo: “decile me dijo el Tío que ponga el que estuvo administrando la Entrerriana, y el que está administrando la Entrerriana ponga a uno de su confianza para hacer los trabajos y yo voy a supervisar los dos lados”

La investigación tuvo un punto de quiebre el pasado lunes 9 de noviembre tras recibir una alerta de Aerolíneas Argentinas sobre el embarque inminente de tres personas vinculadas al entorno de Báez en un vuelo hacia Buenos Aires con cuatro valijas de gran tamaño. Efectivos de la Prefectura Naval interceptaron en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza a la pareja de Báez, a C.S.I y a su pareja V.D.

En el equipaje que se trasladaba, los investigadores hallaron el pasaporte del empresario, un disco rígido externo, teléfonos celulares, seis tarjetas SIM, divisas, tarjetas bancarias con sus claves anotadas y una carpeta con rendiciones de cuentas, listados de proveedores.

A raíz de estos hallazgos y de otros movimientos sospechosos detectados en el predio de la firma Kank y Costilla S.A., se realizaron 18 allanamientos simultáneos en Río Gallegos, El Calafate, estancias de Santa Cruz y en la celda de Báez en el penal de Ezeiza.

Anotaciones en hojas encontradas en la celda de Lázaro Báez. En una de ellas esta escrito "EL CLAN", donde enumera a los imputados de la causa. Foto: expediente judicial

De acuerdo con lo solicitado por la fiscalía, el juez dispuso la prisión preventiva de Báez, de su pareja C.I, de C.S.I, de F.D y de O.N. Asimismo, también se le impuso la medida de coerción a J.A y a J.U, quienes también se encuentra detenidos en el marco de la otra causa.

Organización narcocriminal

En la otra audiencia realizada ayer, la fiscalía reconstruyo la investigación de la causa conexa, en la que imputó a nueve integrantes de una estructura criminal que habría comercializado alrededor de 60 kilos de cocaína desde diciembre de 2025 y que, a su vez, “reciclaría” las ganancias ilícitas mediante billeteras virtuales, testaferros y la compra de una flota de vehículos de alta gama.

Según la hipótesis fiscal, la organización criminal está encabezada por C.S.I – considerado como el presunto “administrador territorial” de Báez—, por J.A y J.U -imputados también en la investigación conexa – y por J.B, quienes se encuentran vinculados con el traslado y posterior distribución de estupefacientes hasta Río Gallegos, y que, además, habrían generado, acumulado y reciclado los activos ilícitos provenientes de esa economía criminal vinculada con el narcotráfico.

En esa estructura, J.A y J.B eran quienes ejercían la conducción del circuito de provisión y distribución de cocaína. Por su parte, J.U integraba esa conducción y aportaba la base operativa: un lavadero y lubricentro que operaba como punto de recepción, acopio y reunión. C.S.I también integraba la conducción al participar de las reuniones en el lubricentro, disponer de los rodados de la organización y aplicar los fondos a la adquisición de bienes de alto valor sin actividad económica que lo justifique.

"Estamos frente a una organización estable, con distribución de roles, que opera sobre un patrimonio de magnitud millonaria y cuya actividad se encontraba en plena ejecución al momento de las detenciones”, sostuvo la fiscalía.

Por su parte, los representantes del MPF también imputaron a P.B (hermana de J.B); J.S, persona de confianza del grupo, quien abría y cerraba el local y compartía con los restantes los rodados del circuito; A.H, quien concurría a las reuniones del lubricentro y aportaba fondos a J.U y a P.B, mediante transferencias reiteradas. Por último, se encuentra imputada V.D —involucrada también en la otra investigación— en calidad de partícipe secundaria por haber prestado su billetera virtual para recibir los fondos que le transfería su pareja, C.S.I.

La investigación de la fiscalía, iniciada a partir del testimonio de un imputado colaborador y profundizada mediante vigilancias, intervenciones telefónicas y análisis bancarios, apuntó a que la organización se abastecía de sustancias que luego eran distribuidas en la ciudad a través de distintos operadores locales. Además, se indicó que, para reinsertar las ganancias ilícitas en el circuito legal, la organización utilizaba un esquema de transferencias fraccionadas entre cuentas de allegados y billeteras virtuales.

Durante la audiencia, el fiscal Zárate sostuvo: “Estamos frente a una organización estable, con distribución de roles, que opera sobre un patrimonio de magnitud millonaria y cuya actividad se encontraba en plena ejecución al momento de las detenciones”.

En ese sentido, ante el peligro de fuga, el posible entorpecimiento de la causa y por pedido de la fiscalía, el juez dispuso la prisión preventiva de los cabecillas de la banda J.U, J.A, J.B y C.S.I. Este último también se encuentra detenido en el marco de la  investigación conexa. Por su parte, se le impuso a P.L y a P.B, arrestos domiciliarios en carácter de medidas de coerción.

Asimismo, el juez autorizó el secuestro y el embargo preventivo de la totalidad de los vehículos secuestrados en los operativos realizados esta semana y autorizó la ampliación del levantamiento del secreto bancario y financiero de las personas imputadas.