Interviene la Fiscalía Federal N°2 de Posadas

Procesaron a 15 policías por la desaparición forzada de Mario Fabián Golemba en 2008

La jueza María Verónica Skanata tomó la medida en línea con lo solicitado por la fiscal federal interina Silvina Gutiérrez. Ocho de los imputados, señalados como integrantes del “núcleo ejecutor”, continuarán con prisión preventiva bajo arresto domiciliario, mientras que otros siete fueron procesados sin prisión preventiva por su presunta participación en las maniobras de encubrimiento.

A más de 18 años de la desaparición de Mario Fabián Golemba, la jueza federal de Posadas, María Verónica Skanata, dictó el lunes pasado el procesamiento de 15 efectivos de la Policía de Misiones, algunos en actividad y otros retirados, en línea con lo solicitado por la fiscal federal interina Silvina Gutiérrez, actualmente a cargo del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Posadas.

La jueza identificó, por un lado, un núcleo ejecutor integrado por ocho funcionarios considerados coautores materiales, quienes continuarán cumpliendo prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario; y por otro, a siete integrantes de otro grupo que aseguró el ocultamiento, a quienes se les dictó el procesamiento sin prisión preventiva, por lo que se dispuso su libertad bajo reglas de conducta. A todos se les imputa el delito de desaparición forzada de persona que, según el artículo 142 ter del Código Penal, prevé una pena de 10 a 25 años de prisión.

Entre las personas procesadas con prisión preventiva se encuentran el comisario retirado Evaldo Katz; los oficiales de guardia Edgardo Andrés Arce y Liliana Margarita Saft; el jefe de guardia retirado Carmelo Alberto Cerdán Cruz; el secretario José Roberto Pereyra Da Silva; el chofer de turno Alejandro Alfonso González Samudio; Wiliams Gabriel Lunge (quien cumple funciones en Seguridad Vial); y el radiooperador Cristian Andrés Silva (retirado).

En tanto, los procesados sin prisión preventiva son los guardias Maximiliano Gabriel Gutiérrez, Ramón Aníbal Cardozo, Mario Francisco Villar y Diego Armando Amarilla; el operador de radio Alfredo Lorenzo Ortiz; Baldemar Parra y Ofelia Gladys Ziller, sobre quienes dispuso el cese de la prisión domiciliaria.

Asimismo, la magistrada dictó la falta de mérito para Juan Ramón Ferreyra (retirado) y el sobreseimiento definitivo de Eduardo Pellizer (retirado).

Skanata ordenó trabar embargos sobre los bienes de cada uno de los 15 procesados hasta cubrir la suma de 90 millones de pesos y ratificó la continuidad de las medidas de protección reforzada para los testigos de identidad reservada.

En su pedido de procesamientos, la fiscal Gutiérrez sostuvo que “se identifica un núcleo ejecutor integrado por los funcionarios que, desde sus respectivos cargos y funciones operativas, ejercieron dominio funcional sobre la ejecución de la privación ilegítima de la libertad de víctima, su permanencia clandestina dentro de la Comisaría de Dos de Mayo, la aplicación de tormentos y su posterior desaparición mediante el ocultamiento definitivo de su persona”.

Asimismo, para la representante del MPF, la investigación permitió identificar un núcleo de aseguramiento de la impunidad, conformado por quienes desarrollaron las conductas indispensables para garantizar la permanencia del delito y frustrar su esclarecimiento.  En este punto, menciona la participación de Gutiérrez, Amarilla, Ortiz, Parra, Ziller y Pellizer.

En su pedido de procesamientos, la fiscal Gutiérrez sostuvo que “se identifica un núcleo ejecutor integrado por los funcionarios que, desde sus respectivos cargos y funciones operativas, ejercieron dominio funcional sobre la ejecución de la privación ilegítima de la libertad de víctima, su permanencia clandestina dentro de la Comisaría de Dos de Mayo, la aplicación de tormentos y su posterior desaparición mediante el ocultamiento definitivo de su persona”.

“El riesgo procesal considerado oportunamente sigue vigente hasta el momento. No sólo por el peligro de evasión producto de la pena conminada en abstracto para el delito que se les imputado a los presentes, sino por el riesgo procesal de entorpecimiento latente”, dictaminó la fiscal.

"Pacto de silencio"

Para la magistrada, en línea con lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal, el crimen no se agotó aquella noche, sino que se prolongó en el tiempo mediante un entramado destinado a garantizar la impunidad.

De acuerdo con la investigación, los funcionarios policiales habrían utilizado la estructura funcional y operativa de la comisaría de la localidad de Dos de Mayo para concretar la detención ilegal de Golemba y someterlo a violencia física y hacerlo desaparecer. A la fecha, el joven continúa sin conocerse su paradero y tampoco han sido hallados sus restos.

La acusación sostuvo, además, que desde el momento de la desaparición se habría desplegado un “pacto de silencio institucional” destinado a impedir que se conociera lo ocurrido.

Según la imputación, ese entramado se habría manifestado “mediante la negativa sistemática a reconocer la privación de libertad de la víctima, las omisiones en los registros oficiales, la uniformidad de determinadas versiones brindadas por funcionarios policiales, las contradicciones detectadas entre distintas actuaciones administrativas y judiciales y la instalación de hipótesis alternativas que habrían desviado la investigación”.

La fiscalía también consideró que, por tratarse la desaparición forzada de persona de un delito del carácter permanente, la responsabilidad penal no se limita a quienes habrían intervenido directamente en la violencia ejercida contra Golemba. En ese sentido, alcanza también a quienes, según la imputación, habrían tomado conocimiento de su presencia clandestina y omitido deliberadamente denunciar la situación o adoptar medidas para hacerla cesar.

Según la fiscal Gutiérrez, esos comportamientos “habrían contribuido a preservar el pacto de silencio, mantener oculta la suerte de Mario Fabián Golemba y prolongar hasta la actualidad el desconocimiento acerca de su destino”.

Reconstrucción del caso

El 27 de marzo de 2008, Mario Fabián Golemba, de 27 años, salió de la vivienda que compartía con su familia en Picada Indumar, en la localidad misionera de Dos de Mayo, para concurrir a una consulta con una nutricionista en Oberá.

Tras el turno médico, envió mensajes de texto a sus familiares y a su pareja y les indicó que regresaría “cerca de la tardecita”. Sin embargo, nunca volvió a su domicilio y desde entonces se desconoce su paradero.

En una de las comunicaciones intervenidas, la oficial Saft —una de las procesadas— le expresó a su hermana: “Ellos piensan que van a encontrar algo ahí, qué bobos que son, pero él no murió ahí, boluda. ¿Qué van a encontrar? Mientras que no haya cuerpo, no hay nada”.

La investigación inicial estuvo a cargo del Juzgado de Instrucción N°1 de Oberá, pero no logró determinar qué había ocurrido. En junio de 2021, a partir de un planteo de la querella que representa a los familiares de Golemba, el expediente pasó a la Justicia Federal de Posadas, que inició una investigación por el delito de desaparición forzada de persona.

En ese marco, testigos de identidad reservada declararon ante la justicia provincial y federal que Golemba había estado detenido en la comisaría de Dos de Mayo, dependiente de la Policía de la Provincia de Misiones, donde habría sido golpeado.

Según los testimonios incorporados a la causa, el joven permaneció esposado, con las manos hacia atrás, en el pasillo que comunica la guardia con los calabozos. Desesperado, pidió ayuda a los internos para que le sacaran el teléfono celular del bolsillo del pantalón y así poder avisar a su madre.

Sin embargo, de acuerdo con lo reconstruido por la investigación, el pedido de auxilio fue frustrado por el comisario Evaldo Katz y el agente Cristian Andrés Silva, quienes aislaron al joven y lo condujeron a una oficina reservada contigua a la sala de radiooperaciones. Allí habría sido sometido a una golpiza que se extendió durante aproximadamente una hora. Desde las celdas, los detenidos escucharon los golpes y los gritos de la víctima, quien clamaba por su vida y se identificaba por su nombre y por su trabajo en la cooperativa yerbatera Indumar.

Según las declaraciones, los gritos cesaron abruptamente tras un fuerte impacto, seguido por el reproche en voz alta del comisario Katz hacia otro efectivo: “Pelotudo, ¿qué hiciste?”.

La investigación también reconstruyó las maniobras que se habrían desplegado para encubrir lo ocurrido y garantizar la impunidad. Entre ellas, se identificaron la adulteración de documentos, la elaboración de pistas falsas y la apertura de actuaciones paralelas que incorporaron hipótesis infundadas sobre supuestos viajes voluntarios de Golemba a Chaco, Santa Fe o el sur del país. También se habrían registrado llamadas ficticias desde líneas vinculadas a allegados policiales.

A ello se sumaron presuntas maniobras de coacción e intimidación a testigos. Según la acusación, efectivos policiales habrían amenazado a internos civiles para que firmaran declaraciones previamente redactadas en las que negaban haber visto a Golemba o a personas encapuchadas.

Entre los elementos reunidos durante la investigación se encuentran escuchas telefónicas realizadas en 2022, cuando la justicia federal ordenó excavaciones con maquinaria en el predio de la comisaría de Dos de Mayo. En una de las comunicaciones intervenidas, la oficial Saft —una de las procesadas— le expresó a su hermana: “Ellos piensan que van a encontrar algo ahí, qué bobos que son, pero él no murió ahí, boluda. ¿Qué van a encontrar? Mientras que no haya cuerpo, no hay nada”.

A más de 18 años de su desaparición, Golemba continúa sin ser localizado y sus restos tampoco fueron hallados. Por datos que ayuden a esclarecer su paradero, el Ministerio de Seguridad de la Nación ofrece una recompensa de 5 millones de pesos.

El anuncio de  la recompensa de 5 millones de pesos ofrecida por datos que ayuden a esclarecer la desaparición de Mario Fabián Golemba. Foto: Programa Nacional de Recompensas

La investigación tramita ante la ex Fiscalía Federal N°2 de Posadas (actual Unidad Fiscal Posadas desde la implementación del sistema acusatorio en el distrito), a cargo de la fiscal Gutiérrez, y cuenta con la intervención del Centro de Reunión de Información “Misiones” (CRIMIS) de la Gendarmería Nacional Argentina.

También colaboraron la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) y la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), ambos organismos del Ministerio Público Fiscal de la Nación.