En el marco de una investigación desarrollada por la Fiscalía Federal N° 2 de Mar del Plata, a cargo del fiscal federal Nicolás Czizik, se detuvo a tres abogados y un asesor previsional acusados de conformar una asociación ilícita que se dedicaba -de forma habitual y continuada- a tramitar ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) beneficios previsionales de forma irregular, lo que habría ocasionado un perjuicio a la administración pública estimado en 100 millones de pesos. Asimismo, los imputados cobraban importantes honorarios por su gestión.

De acuerdo a la hipótesis del representante del Ministerio Público Fiscal, el accionar de los imputados tenía como finalidad que distintas personas que no contaban con los requisitos legales para acceder al beneficio de la jubilación, pudieran obtenerla. Para ello, utilizaban distintas estrategias tales como la simulación de relaciones laborales inexistentes o de incapacidades físicas del tipo psiquiátrico; la presentación de documentación apócrifa ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP); el ingreso de declaraciones juradas extemporáneas en el sistema parametrizado de AFIP-ANSES, mediante la utilización de CUIT de empresas fallidas, inhabilitadas, inexistentes o incluso inscriptas únicamente como empleadores a tal fin. Asimismo, se investiga sí para para perpetrar tales maniobras, existió algún tipo de connivencia por parte de funcionarios públicos.

´Tras una minuciosa pesquisa, la fiscalía le requirió al Juzgado Federal N°3 de Mar del Plata una serie de medidas judiciales entre las que se incluyeron doce allanamientos –desplegados el jueves pasado- y dos órdenes de presentación, en las viviendas de los principales imputados.

Por otra parte, el fiscal Czizik solicitó la detención de los encausados. Al efecto, hizo especial hincapié en el alto grado de posibilidad de que los imputados usaran sus contactos –vinculaciones que han quedado al descubierto en el marco de los allanamientos- y poder económico, para alterar o hacer desaparecer pruebas pendientes de recolección, y/o influir en los testimonios que se tomen en la causa e, incluso, darse a la fuga, dada la alta pena en expectativa que corresponde a la multiplicidad de delitos que se conjugan en las maniobras delictivas investigadas, tales como asociación ilícita, cohecho, fraudes contra la administración pública, ofrecimiento de dádivas y tráfico de influencias.

Allanamiento

Así, en el procedimiento que tuvo lugar en un estudio jurídico de la Avenida Paso e Hipólito Yrigoyen, donde el núcleo de la organización realizaba las maniobras investigadas, se encontró cuantiosa documentación e instrumentos -como sellos, formularios y facturas en blanco- que se utilizaban para la realización de los trámites jubilatorios de forma irregular; como así también gran cantidad de trámites jubilatorios en curso -posiblemente espurios- además de los 127 detectados. Además, se encontraron 30 computadoras, a pesar de que sólo había en el estudio cinco empleados, por lo que debe constatarse aún la cantidad de trabajadores que allí se desempeñaba.

A ello se suma la capacidad económica de los investigados –que quedó demostrada por la magnitud del estudio y sus bienes, cuya cautela fue solicitada por la Fiscalía- todo lo cual “da cuenta de la envergadura de la organización, con evidentes puntos de contacto y vinculaciones en los principales organismos y/o reparticiones relacionadas a la tramitación de jubilaciones irregulares”, según consta en el expediente.