El Tribunal Oral Criminal de Santa Rosa condenó este jueves a  ocho años de prisión a Alexander Rojas, al encontrarlo autor del delito de explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena por medio de violencia, amenazas e intimidación, en concurso real con el de trata de personas con fines de explotación sexual. En el juicio intervinieron el fiscal general subrogante Leonel Gómez Barbella y el auxiliar fiscal Federico Iparraguirre, quienes en su alegato habían reclamado que la pena sea de diez años.

Al dar a conocer los fundamentos de la sentencia, los jueces José Mario Tripputi, Marcos Javier Aguerrido y Pablo Ramiro Díaz Lacava indicaron que el “conjunto de probanzas apuntadas sustentan y validan con certeza suficiente la tesis del caso sostenido por la acusación durante su alegato”. Asimismo, repararon en que la historia de vida de la víctima “puede calificarse como una historia de necesidades, pobreza, estrategias de supervivencia y su exposición a riesgos desde temprana edad”, situación de vulnerabilidad en la que el Ministerio Público Fiscal había hecho hincapié en su exposición.

De esa manera, para el Tribunal quedó comprobado que entre diciembre de 2018 y mayo de 2019, en el marco de una relación de noviazgo, Rojas captó a la joven, de 22 años, con la finalidad de explotarla económicamente. “Se verificó también la obtención del provecho económico del comercio sexual de la víctima y su sometimiento bajo distintas formas de violencia”, expresó el TOF pampeano.

Como registraba una condena a tres años dictada por la justicia provincia, el Tribunal finalmente impuso una pena unificada de ocho años y medio de prisión.

Cómo empezó la investigación

La causa se inició en febrero de este año cuando la Unidad Funcional de Género  Niñez y Adolescencia- Área Trata de Personas-UR-I de la provincia de La Pampa, recibió un llamado telefónico que informaba que había una joven ejerciendo la prostitución en la calle. Como consecuencia, se remitió al lugar un móvil policial y se identificó a la joven, de 22 años, e inmediatamente se presentó el ahora imputado, preocupado por si existía algún problema.

Al tomar conocimiento de estas circunstancias, el fiscal a cargo de la Unidad de Delitos que impliquen Violencia Familiar y de Género del MPF de Santa Rosa -de la jurisdicción provincial-, dispuso investigar la existencia de indicadores que dieran cuenta de la presunta situación de explotación en la que se encontraría la joven. Así, a través de una serie de tareas de vigilancia que se llevaron adelante, se constató el arribo de hombres a esa zona en distintos momentos, quienes se retiraban con la joven y volvían después de un rato y le entregaban “algo” al imputado, quien le exigía esa entrega, en ocasiones, mediante fuertes insistencias, conductas intimidantes y zamarreos.

Para los jueces se verificó "la obtención del provecho económico del comercio sexual de la víctima y su sometimiento bajo distintas formas de violencia”

Por ese motivo, se ordenaron más medidas y en junio el mencionado funcionario se declaró incompetente y se envió la causa al fuero federal de Santa Rosa. Finalmente, en julio, el fiscal federal Gómez Barbella solicitó el requerimiento de elevación a juicio. El debate oral empezó en octubre.

Indicadores de maltrato de género

De una de las entrevistas realizada por la profesional a la víctima surgió que existían indicadores de maltrato de género psicofísico y explotación económica de la prostitución, como así también un estado de extrema vulnerabilidad, agotamiento psicofísico, bloqueo a nivel cognitivo, automatismo a nivel corporal y “profundas perturbaciones”.

De niña había vivido en la extrema pobreza en un entorno de maltrato, lo que la llevó a escaparse de su hogar en la adolescencia e ir, primero, a General Pico (La Pampa) con quien inicialmente mantuvo un vínculo de noviazgo para luego iniciarla en el ejercicio de la prostitución. Desde entonces y de acuerdo a su relato, sus parejas posteriores asumieron un “perfil parecido”. Con respecto a Rojas, relató que lo conoció en el ámbito carcelario, cuando visitaba a su anterior pareja. Asimismo, contó que cuando aquél salió en libertad, la víctima mantenía los gastos del hogar. Según el testimonio de un funcionario policial que intervino en la investigación, “hubo varias presencias anteriores en los distintos domicilios. Los vecinos llamaban porque se escuchaban gritos y golpes”.