La Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Cometidos en el ámbito del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), a cargo de Javier Arzubi Calvo, continúa realizando investigaciones, denuncias y colaboraciones con las fiscalías y juzgados federales de todo el país, respecto de posibles violaciones a los estrictos protocolos dictados por las autoridades sanitarias relacionados con la pandemia del virus COVID-19, que por motivos de público conocimiento resultan fundamentales para evitar su propagación.

La Unidad Fiscal atiende y contiene a más de un centenar de personas mayores, quienes se contactan a través de distintos medios por este tipo de casos, y por cuestiones prestacionales relacionadas con los beneficios que brinda el Instituto.

La UFI-PAMI señaló que tomó conocimiento de nuevos casos, tal como es el que se denunció ante la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal -que recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 2-,  relacionado con el incumplimiento del protocolo dispuesto para la pandemia en el “Instituto Geriátrico Buenos Aires”. Allí se hizo saber que se detectaron 58 casos de contagio positivo de COVID-19  -49 residentes y 9 trabajadores de la institución-, lo cual llevó a que el establecimiento sanitario fuera desalojado el 13 de junio.

La primera noticia respecto a la posibilidad de contagios en ese lugar trascendió el 7 de junio, cuando desde el establecimiento de geriatría se informó al Ministerio de Salud de la CABA que registraban entre el personal del lugar un caso confirmado de coronavirus y otro sospechoso. El 8 de junio se hizo saber acerca de un residente con síntomas compatibles con la enfermedad, que fue trasladado a una institución sanitaria por parte de PAMI y respecto de quien al día posterior se confirmó el contagio. En este marco, el mismo 8 de junio representantes del Ministerio de Salud se habrían hecho presentes en el lugar, ocasión en la que habrían observado incumplimientos en las medidas de protección, y se planificó el hisopado a todas las personas, tanto residentes como empleados del lugar, lo que fue realizado el día 10 de junio. Finalmente, se conoció el diagnóstico del contagio masivo el 13 de junio, lo que motivó la decisión del Ministerio de Salud de desalojar completamente el establecimiento y el traslado de todos los residentes. La Unidad Fiscal resaltó que desde la Obra Social Nacional se habría coordinado el traslado de los 55 afiliados residentes a los efectos de garantizar su estado de salud.

De acuerdo al relevamiento del área a cargo de Arzubi Calvo, en la residencia en cuestión el personal no contaba con los equipos de protección adecuados, los residentes no cumplían con el aislamiento en sus habitaciones -cenando en los comedores y permaneciendo en lugares comunes sin tapabocas y sin mantener el distanciamiento social indicado en el protocolo del INSSJP-. Eso habría sido advertido y señalado tanto por el personal del Ministerio de Salud porteño, y especialmente, por el personal del Comité Epidemiológico Local de la U.G.L. VI-Capital Federal del Instituto, que se presentó a realizar una inspección tras conocerse los primeros casos de contagio.

También se observó de parte del personal la baja adherencia al lavado de manos y uso incompleto e incorrecto del equipo de protección personal, así como tampoco se constató la utilización de protección facial/ocular en ningún caso y se evidenció que varias trabajadoras se encontraban utilizando tapabocas en lugar de barbijos quirúrgicos, además de condiciones regulares de higiene en el establecimiento y que no se había realizado una desinfección según indica el protocolo.

Colaboraciones

Por otro lado, se tomó conocimiento a raíz de un llamado telefónico del hijo de un beneficiario de incumplimientos en las medidas de aislación y prevención por el virus COVID-19 en el Sanatorio Modelo Burzaco. Se expuso que el 7 de junio aquél había ingresado primero a la Clínica Bruzone de Luis Guillón por un problema de arterias obstruídas en la pierna derecha y luego, toda vez que allí no podían hacerle la cirugía cardiovascular que necesitaba, pidieron su derivación. Como consecuencia de ello, al día siguiente fue ingresado por guardia en el referido Sanatorio Modelo Burzaco, y fue posteriormente pasado a un piso con un sector de aislamiento especial, hasta que estuvieran los resultados del hisopado. El denunciante informó que luego el afiliado pasó a un piso común, y que se enteraron de que lo alojaron en el mismo ambiente con una persona con neumonía y con otra persona sospechosa de ser positiva de Covid 19, sin respetar, de esa forma, los respectivos protocolos de aislamiento para evitar contagios. Frente a esta situación, sus familiares fueron a consultar qué ocurría y les respondieron que los resultados de las otras personas habrían dado negativo, y el del damnificado insuficiente, por lo que se lo hicieron nuevamente. Por otro lado, dieron cuenta de que el afiliado nunca fue atendido por la dolencia por la cual ingresó por se habría extraviado su historia clínica.

Cuando el hijo del afiliado consultó los motivos por los cuales su padre estaba en la zona de Covid-19, una médica le dijo que era porque no había camas en otro sector. Frente a ese escenario, se radicó la correspondiente denuncia por la posible violación de medidas para impedir la introducción o propagación de epidemias en la jurisdicción federal de Lomas de Zamora.

Asimismo, la UFI-PAMI presta activa colaboración con la Justicia Federal de Mar del Plata, más precisamente con la Fiscalía Federal Nro. 2, por  la denuncia que realizó contra los responsables y el personal de la Residencia para Adultos Mayores “GEMA” –ubicado en la calle Guido al 900 de esa ciudad- por la posible violación de los protocolos de control, dada la falta de provisión de insumos básicos tales como alcohol, guantes de látex, camisolines y barbijos estériles para el personal, todo lo cual pondría en riesgo la salud de los pacientes que allí residen.

Es de señalar también el avance que se produjo en la investigación donde se prestó colaboración con el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional  Nro. 1, Secretaria nº 2 de San Isidro, de Sandra Arroyo Salgado, contra los responsables del Centro de Salud Norte, clínica de la localidad de Vicente López, relacionado con las irregularidades y deficiencias por el contagio de COVID-19 en más de 30 casos y el fallecimiento de dos personas. Allí se decretó el procesamiento del dueño de la institución, el director médico y la coordinadora médica como integrantes de una asociación ilícita y por los delitos de propagación de una enfermedad peligrosa y contagiosa para la salud, en este caso Covid-19, y de falsedad ideológica de instrumentos públicos.

Otras colaboraciones que realiza la Unidad Fiscal son respecto del  Hogar de Ancianos Residencia El Parque, en Hurlingham, por el posible delito de violación de las medidas adoptadas por las autoridades competentes para la propagación de una pandemia, así como también la relacionada con un prestador de geriatría de la localidad de San Martín, donde se propusieron distintas medidas que se fueron cumplimentando por el Juzgado Federal de Tres de Febrero, y a pedido de la Fiscalía de esa jurisdicción; como así también respecto de la denuncia que se realizó contra los responsables y el personal de la Residencia para Adultos Mayores “del Este” -ubicada en la calle General Urquiza 1236/38 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-, también por la posible violación de los protocolos de control, lo cual habría provocado el deceso de al menos una persona por el virus.

Por último, la Unidad Fiscal continúa prestando una activa y eficaz colaboración con la Fiscalía Federal de Campana, a cargo de Sebastián Bringas, relacionada con la investigación de las autoridades del ex Sanatorio San Carlos de la localidad de Escobar, por la presunta propagación de enfermedad peligrosa o contagiosa, en virtud de que se habría detectado un gran brote de coronavirus que alcanzó a casi 40 pacientes y que incluía también personal médico y no médico. De acuerdo a lo informado, no se habrían respetado de ningún modo los protocolos y negado la posibilidad de realizar los respectivos hisopados a todos ellos, por lo que también habrían resultado contagiados. A raíz de irregularidades varias la clínica fue intervenida por la Municipalidad de Escobar.

Normativa y datos de contacto

La Dirección Ejecutiva (DE) del INSSJP dictó la Resolución N° 1014-2020 el  13 de marzo pasado. En sus considerandos dispuso que “por el DECNU-2020-260-APNPTE se amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541 en virtud de la Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación al coronavirus COVID-19 por el plazo de UN (1) año a partir de la entrada en vigencia del Decreto.

Que en el marco del decreto mencionado se facultó al Ministerio de Salud como autoridad de aplicación a una serie de acciones a coordinar a los fines de afrontar la Pandemia declarada.

Que asimismo, el Decreto invita a cooperar en la implementación de las acciones y políticas para el adecuado cumplimiento de las recomendaciones que disponga de la Autoridad Sanitaria Nacional, en el marco de la emergencia y la situación epidemiológica.

Que en tal sentido, el Instituto como Agente de Salud debe adoptar las medidas necesarias de forma urgente a los fines de poder brindar rápida respuesta a las posibles contingencias que en el marco de la emergencia pudieran presentarse”.

En virtud de ello, la DE resolvió que se adopten como medidas necesarias emitir y publicar protocolos, nuevos y actualizados, de prevención y acción con respecto al coronavirus para todas las áreas de Instituto, sus trabajadores/as, las personas afiliadas, los prestadores propios y privados. En consecuencia, el INSSJP elaboró –entre otros- el correspondiente protocolo de actuación con información y recomendaciones para residencias de personas mayores, que fueron remitidos a todas las residencias prestadoras de la obra social. A su vez, sus responsables debían firmar una declaración jurada en la cual se comprometían a dar cumplimiento a esas directivas.

Finalmente, se recuerda a fiscalías y juzgados federales que la Unidad Fiscal PAMI se encuentra a disposición para realizar colaboraciones. Sus medios de contacto son:

Dirección  Sarmiento 657 E/P, C.A.B.A.
TEL: 4328-7361/4328-1016,
Correo electrónico: ufi-pami@mpf.gov.ar