La Unidad Estratégica Especial para la Implementación del Sistema Penal Acusatorio (UNISA) realizó un informe en el que repasa su actividad desde la entrada en vigencia plena del Código Procesal Penal Federal (CPPF) en Salta y Jujuy, de la que se cumplió un año en junio.

El trabajo da cuenta de la intervención de la Unidad en la elaboración de propuestas de reglamentación, capacitaciones internas y externas, la interacción con otros organismos y, en especial, el acompañamiento técnico a las sedes fiscales que en Salta, Jujuy, Orán y Tartagal desempeñan el rol encomendado al Ministerio Público Fiscal de la Nación. También incluye datos estadísticos sobre el inicio, calificación legal y modo de finalización de casos, entre otras variantes, como “una primera aproximación sobre cómo se viene llevando adelante el proceso de implementación desde la perspectiva del MPF”.

La UNISA fue creada en 2018 y está a cargo de los secretarios de Coordinación Institucional, Juan Manuel Olima Espel, y de Disciplinaria y Técnica, Juan Manuel Casanovas. Tiene como objetivo principal “planificar de qué modo el MPF adecuará su actuación a las exigencias de la implementación del nuevo sistema procesal penal para el sistema de justicia federal, lo que implica tanto una redefinición de las estructuras organizacionales y edilicias, como una reformulación de las prácticas, con miras a una actuación más eficaz, y que garantice una política de gestión ágil, eficiente y transparente”, se explicó en la publicación.