El procurador general de la Nación interino Eduardo Casal aprobó, mediante la Resolución PGN N°78/19, la Guía para la gestión del legajo de investigación fiscal en el sistema acusatorio, que alcanza a los integrantes del Ministerio Público Fiscal de las jurisdicciones donde se vaya implementando el Código Procesal Penal Federal (CPPF), que se encuentra vigente en las provincias de Salta y Jujuy desde el 10 de junio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 230 de ese cuerpo legal.

Para llevar adelante la investigación penal preparatoria, el Ministerio Publico Fiscal debe formar un legajo con el fin de preparar su caso, que no está sujeto a formalidad alguna, salvo las establecidas por la Guía aprobada.

Elección estratégica de la información y libre de ritualismos

En ese sentido, la resolución señala que “es conveniente establecer pautas que doten de eficacia el modo de consolidar la nueva forma de organización de la información de la etapa preliminar, donde primará una selección estratégica y una incorporación de prueba libre de ritualismos, en miras a sustentar la hipótesis de la acusación”.

Por ello, la Unidad Especial Estratégica para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio (UNISA), diseñó la citada guía que establece como regla general el soporte digital a través del sistema Coirón y brinda pautas para el alta de casos, los actos que deberán ser registrados según las formas establecidas en el CPPF, la procedencia de la compulsa del legajo por parte de la defensa, el legajo de la querella y el acceso al legajo de investigación fiscal, entre otras cuestiones.

La Guía se suma a las distintas acciones desarrolladas por el Ministerio Público Fiscal para la implementación del sistema acusatorio, tales como el diseño de un nuevo modelo de representación a través de una Fiscalía de Distrito, Unidades Fiscales y Sedes Fiscales -aprobado por Resolución PGN N°35/19- para ser utilizado como marco en todas las jurisdicciones del país donde entre en vigencia el nuevo modelo; la optimización de la interacción con las fuerzas de seguridad a través de formularios de consulta inicial, allanamiento, detención, requisa de personas y objetos, inspección del lugar del hecho y secuestro -establecidos mediante Resolución PGN 40/19-; y la Guía de buenas prácticas para la cadena de custodia en el sistema acusatorio -Resolución PGN 76/2019-, que dispone los lineamientos básicos sobre los recaudos y estándares que deben observarse en materia de recepción, conservación y tratamiento de los elementos vinculados a una investigación penal que ingrese a la esfera de custodia del Ministerio Público Fiscal de la Nación.