15 de septiembre de 2019
15 de septiembre de 2019 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
Menu
En el auditorio de la Procuración General de la Nación
Capacitaron sobre “Desafíos del recupero de activos en el contexto internacional”
El encuentro fue organizado por la Dirección General de Capacitación y Escuela del MPF, la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes y la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional.

El auditorio de la Procuración General de la Nación fue sede el martes pasado de la jornada de capacitación “Desafíos del recupero de activos en el contexto internacional”. El encuentro, destinado a integrantes del Ministerio Público Fiscal, estuvo organizado por la Dirección General de Capacitación y Escuela del MPF, la Dirección General de Recuperación de Activos y decomiso de bienes (DGRADB) y la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional.

La apertura de la actividad estuvo a cargo de María del Carmen Chena, titular de la DGRADB, y María Josefina Minatta, fiscal a cargo de la Secretaría General de Gestión Administrativa de la Procuración General de la Nación. En su intervención, Minatta trazó un recorrido sobre la tradición jurídica respecto al decomiso de bienes, y el cambio de paradigma que significó la modificación del Código Penal en 1999, en donde dejó de tratárselo como una pena accesoria. A partir del análisis de casos conocidos, la fiscal destacó que “hay que hacer un balance positivo de cómo se ha avanzado en las herramientas jurídicas en la investigación de la criminalidad económica compleja y también en la toma de conciencia”.

Chena: "El principal desafío que tenemos a nivel local consiste en superar la concepción del decomiso como sanción penal al condenado y por consiguiente sujeta al sistema de garantías que rige el proceso penal".

En su intervención, Chena detalló cómo la legislación local fue adaptándose a estándares internacionales en materia de decomiso de bienes y recupero de activos. “El principal desafío que tenemos a nivel local consiste en superar la concepción del decomiso como sanción penal al condenado y por consiguiente sujeta al sistema de garantías que rige el proceso penal, para abordarlo como una herramienta que persigue bienes en función de su origen ilícito, y cuya finalidad es evitar que esas ganancias financien futuras actividades delictivas, y así reducir los mercados que acompañan el crimen organizado y la criminalidad económica”. Luego destacó: “Nuestra legislación ya desde el año 1999 abandonó la concepción tradicional de la pena accesoria pues permite que el decomiso alcance a terceros no condenados, como en el caso de las personas jurídicas que se beneficiaron con las ganancias del delito cometido por sus órganos, miembros o administradores y los terceros que se beneficiaron a título gratuito. Esta visión moderna luego fue profundizada  a través de la reforma del año 2011 que incorporó el decomiso sin necesidad de condena penal para los delitos contra el orden económico y financiero".

Asimismo, señaló la importancia de la segunda vía incorporada por la Ley de ética pública para el recupero de las ganancias ilegítimamente obtenidas, en el artículo 29 del Código Penal en cuanto dispone que la sentencia condenatoria podrá ordenar la reposición de las cosas al estado anterior a la comisión del delito, disponiendo a ese fin las restituciones y demás medidas necesarias. Si bien esta vía tiene lugar en el ámbito del proceso penal, su naturaleza es civil, por lo cual el principio de legalidad y el de irretroactividad de la ley penal no le resultan aplicables, destacó.

Pérez Barberá: "No contamos con una legislación que requiera de un tipo de investigación especializada. Este déficit es muy problemático porque representa hasta qué punto el país entendió los riesgos que implica".

Finalizada la apertura, la jornada continuó con el primer panel, “Cooperación internacional en materia de bienes”. Primero, Marcelo Chiappero, jefe de la División de Asuntos Internacionales de Interpol, detalló de qué manera interviene esta organización en investigaciones transnacionales que demandan algún tipo de cooperación entre países. También detalló que, aun en los casos en los que las personas investigadas no tienen pedido de captura internacional, existen mecanismos de congelación de activos, a partir de un protocolo de actuación que habilita a las fuerzas policiales provinciales y nacionales para acceder a la base de datos nominal de Interpol.

Dentro del mismo panel, María Laura Roteta, cotitular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), centró su intervención en la Red de Recuperación de Activos de GAFILAT, una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 16 países de América del Sur, Centroamérica y América de Norte para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. “La cooperación es algo vital en nuestra labor diaria, porque en los casos de criminalidad organizada estamos hablando de organizaciones complejas, e investigarlas también es complejo”, dijo.

La cotitular de Procelac detalló: “Cuando estamos frente a un caso de criminalidad organizada es muy probable que también estemos frente a uno de lavado de activos. La idea es poder aislar a estas organizaciones de sus ganancias y que no las puedan utilizar, porque a través del lavado se las desvirtúa para darles apariencia lícita y así ingresarla en el mercado formal”. Roteta agregó al respecto: “Cuando hablamos de este tipo de delitos, hablamos de delitos transnacionales, ya sea en su comisión, o porque se va más allá del país donde se comete para sacar rédito a través de maniobras de lavado”.

Roteta: "Cuando estamos frente a un caso de criminalidad organizada es muy probable que también estemos frente a uno de lavado de activos. La idea es poder aislar a estas organizaciones de sus ganancias y que no las puedan utilizar".

La jornada continuó con el panel “Estándares internacionales y experiencias comparadas en identificación y congelamiento del producto del delito: Italia, Chile y Argentina”, coordinado por Nadia Espina, que tuvo como expositores a Mauricio Fernández Montalbán, director de la UDDELCO del Ministerio Público de Chile; Paolo Brucato, agregado de la Guardia de Finanza de la Embajada de Italia en Argentina; y Gabriel Pérez Barberá, cotitular de la Procelac.

En primer lugar, Fernández Montalbán resaltó que en Chile el Ministerio Público es el "más interesado en que la investigación sea rápida. El ámbito federal es donde vamos a tener la información más profunda. Por eso es importante tener un área de cooperación internacional que sea ágil, rápida y que sirva”. Luego, el panel continuó con la exposición de Brucato, quien destacó la cantidad de bienes confiscados en su país en el último tiempo. “El año pasado investigamos a más de 12 mil personas, de los cuales 523 fueron por evasión tributaria”, especificó, y detalló el mecanismo implementado en Italia para confiscar los bienes.

Pérez Barberá contrastó esta situación con la de la Argentina y aclaró que el panorama “está lejos de esta realidad en el sentido técnico”. El cotitular de Procelac detalló que  esto se debe a que “no contamos con una legislación que requiera de un tipo de investigación especializada. Este déficit es muy problemático porque representa hasta qué punto el país entendió los riesgos que implica. Está demostrado que muchas veces se investiga a partir de la detección del bien y que muchas veces puede ayudar a investigar crímenes”.

Brucato (Italia):  "El año pasado investigamos a más de 12 mil personas, de los cuales 523 fueron por evasión tributaria”.

El último panel de la jornada tuvo por título “Detección de activos ocultos en el exterior. Paraísos fiscales y centros off shore”, en el que intervinieron Cecilia Ventura, jefa del departamento de Operaciones Internacionales de la AFIP; Judith König, titular de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones; y Jesús Ignacio Pérez Aguilera, consejero de Finanzas de la Embajada de España en Argentina.

Ventura señaló que “a nivel fiscal tributario, cuando queremos acceder a determinada información que hace falta, tratamos de correr las barreras de soberanía nacional”. Y añadió: “Lo más importante es contar con una cantidad de información que nos ponga en igualdad de condiciones que los contribuyentes”. Por otro lado, destacó: “Estamos muy orgullosos en la AFIP por el bagaje de información. Es un sistema eficiente por la calidad y la cantidad de información y por la capacidad inteligente de relacionar esa información”.

Por su parte, König aseguró: “Nuestra tarea es hacer investigaciones a nivel internacional a partir de bases públicas” y en esa línea detalló cómo y cuándo nació la oficina que tiene a su cargo. “En 2014, la procuradora creó el área que primero se llamó OFINEC. Desde entonces, la tarea es colaborar con fiscales, a pedido de ellos, cuando necesitan contadores. Nuestra labor es realizar investigaciones patrimoniales o actuar como peritos de parte”.

König también resaltó que desde el MPF se confeccionaron instrumentos para que desde las fiscalías se puedan encarar investigaciones patrimoniales. “Cuando uno está encarando una información que incluye organismos internacionales, en un primer momento recomendamos explorar fuentes de información pública y contactar al Ministerio de Relaciones Exteriores. Creo que en cuanto a investigación financiera hubo un avance”, concluyó.