En el marco de la celebración de la XXIX Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) celebrada el 28 y el 29 de julio pasados en Cartagena, Colombia, los/las procuradores y fiscales generales aprobaron un protocolo de cooperación interinstitucional en materia de prueba ambiental, que se constituye como herramienta para fortalecer las investigaciones sobre crímenes ambientales en todas sus modalidades, de conformidad con la legislación interna de cada país.

El protocolo pretende aunar esfuerzos y recursos para compartir el personal experto, la experiencia técnica y la información recabada en el curso de los procesos penales como vía para suplir las carencias que, en materia de formación y medios técnicos, registran los distintos ministerios públicos.

El documento se enmarca en la línea trazada por el Acuerdo de Cooperación Interinstitucional entre los Ministerios Públicos y Fiscales Miembros de la AIAMP, suscrito en México en el 2018, que tiene como objetivo fomentar una rápida y eficiente cooperación entre los ministerios públicos mediante el intercambio de información de manera fluida, continua, segura, para así coadyuvar en la investigación, persecución y juzgamiento de delitos.

El protocolo es un producto de las labores internas de la Red de Protección Ambiental de la AIAMP, cuyo objetivo es el fortalecimiento de la investigación, la cooperación y la judicialización de delitos ambientales en la región mediante el intercambio de información y buenas prácticas que puedan ser compartidas al interior de la Red.

Entre las formas de cooperación interinstitucional se contempla el intercambio espontáneo de información, el ofrecimiento de expertos que puedan intervenir en labores periciales y la posibilidad de compartir informes periciales o técnicos que puedan ser útiles en las investigaciones llevadas a cabo por las instituciones parte.

Las fiscalías pueden utilizar las herramientas de cooperación interinstitucional contempladas en el protocolo mediante requerimiento a la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (UFIMA), que a través de los puntos de contacto designados en la Red de Protección Ambiental de la AIAMP canalizará esta vía de articulación.

Las fiscalías también disponen de la posibilidad de recibir asistencia en el uso de estas herramientas por parte de la Dirección General de Cooperación Regional e Institucional (DIGCRI) de la Procuración General de la Nación, que ha trabajado para fortalecer la cooperación interinstitucional a nivel local.