Por orden del Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) N°5 de la Capital Federal, ayer se restituyó el predio de la “Planta I” al astillero estatal Talleres Navales, Dársena Norte, Sociedad Anónima, Comercial, Industrial y Naviera (Tandanor SACIN). La medida había sido solicitada, en junio de 2018, por el titular de la Fiscalía General N°1 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal, Diego Luciani.

La propiedad, ubicada en las avenidas Antártida Argentina 555 e Ingeniero José Quartino, en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires, estaba inscripta a nombre de la firma Puerto Retiro S.A.. La empresa la obtuvo a través de una licitación irregular por la que, en septiembre de 2018, el TOCF N°5 condenó al exfuncionario del Ministerio de Defensa Eduardo Tesoriere y a los empresarios Alejandro Arturo Bofill y Juan Andrés Vlastó -titulares de Puerto Retiro- a la pena de tres años de prisión en suspenso por el delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

En agosto pasado, los jueces del tribunal habían ordenado el decomiso que finalmente se materializó ayer con la restitución final de la Planta I a Tandanor.

La constancia de inscripción registral del predio en favor del Estado Nacional. - Foto: Fiscalía General N°1 ante los TOCF de la Capital Federal.

Investigación y juzgamiento

En 1991, Tandanor se vendió al consorcio integrado por las empresas Ciamar, Sud Marine Enterprises S.A. -luego Brisard Sudmarine- y el Banco Holandés Unido. A raíz de una serie de irregularidades detectadas, el fiscal federal Carlos Stornelli inició una investigación por presunta administración fraudulenta que habría ocasionado un perjuicio patrimonial a las arcas públicas de más de 52 millones de dólares.

En su requerimiento de elevación a juicio, el titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4, señaló que la maniobra se habría concretado a través de una serie de actos administrativos, principalmente en el acrecentamiento de los activos de la empresa estatal antes del proceso de licitación; el cambio en las pautas contenidas en el pliego de bases y condiciones en beneficio del holding comprador -en lo que refiere al monto del contrato y los plazos de pago-; la prórroga en la constitución de la garantía exigida y la propia constitución y capacidad operativa del consorcio, entre otros.

La causa llegó a juicio el 7 de abril de 2018 e intervino la Fiscalía General n°1, encabezada por Luciani junto a los secretarios Mariel Dermadirossian e Ignacio Chiappe. En su alegato, el representante del Ministerio Público Fiscal había requerido al TOCF N°5 que ordenara el decomiso de la Planta I y dispusiera su inmediata restitución, junto con la reposición del 90% del paquete accionario de la empresa, en favor del Estado Nacional.

El titular de la Fiscalía iscalía General N°1 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal, Diego Luciani. - Foto de Archivo.

El 21 de noviembre de 2018, tras considerar la decisión adoptada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Talleres Navales Dársena Norte SACIyN s/concurso preventivo”, el TOCF N°5 dispuso la restitución de la Planta I de Tandanor al Estado Nacional y ordenó la inscripción del paquete accionario. El 21 de febrero de 2020, por mayoría, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la decisión.

Sin embargo, la resolución fue recurrida por las partes y, el 26 de noviembre de 2024, la Corte Suprema dejó sin efecto el fallo por falta de fundamentación en los puntos relativos a la restitución del inmueble y devolvió las actuaciones al tribunal para que dictara un nuevo pronunciamiento.

En aquella oportunidad, el máximo tribunal destacó que Tandanor era un sujeto de derecho distinto al Estado Nacional y que no se había considerado los planteos respecto a que, antes de su venta ilícita, el predio estaba inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble a nombre de Tandanor, por lo que debía restituírsele a la firma.

El 13 de julio pasado, Luciani emitió un dictamen en el que consideró inadmisible que la Planta I “aún se encuentre bajo titularidad de una sociedad que, como quedó demostrado en el debate y establecido en la sentencia, fue constituida por los imputados para llevar adelante la maniobra defraudatoria; esto es, para frustrar el cobro del precio pactado en la privatización” y agregó que “los efectos del delito continúan vigentes mientras ese inmueble subsista en cabeza de esa sociedad”.

Destacó que “la adquisición del inmueble por parte de la actual titular registral, carece de causa lícita y que los actos que generaron tal adquisición son nulos de nulidad absoluta”, por lo que la Planta I de Tandanor “debe ser restituida a quien era su titular antes de la comisión del delito, es decir, a quien le fue desapoderada como consecuencia de la defraudación motivo de condena”. Añadió que “el hecho de que el Estado Nacional sea titular del capital accionario de Tandanor S.A.C.I. y N., no implica que esa sociedad deba ser confundida con el propio Estado Nacional”.

La propiedad, ubicada en las avenidas Antártida Argentina 555 e Ingeniero José Quartino, en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires, estaba inscripta a nombre de la firma Puerto Retiro S.A.. La empresa la obtuvo a través de una licitación irregular según se acreditó en el juicio.

En esa línea, el representante del MPF concluyó: “teniendo en cuenta que, antes de la comisión del delito, la denominada ‘Planta I’ se encontraba bajo titularidad registral de Tandanor S.A.C.I. y N., es a esta sociedad a quien debe restituirse aquello que fraudulentamente le fue sustraído”. Asimismo, solicitó la nulidad de la escritura pública N°68 del 24 de junio de 1993, a través de la cual se instrumentó la venta del predio en favor de la firma Puerto Retiro S.A., cuyos responsables eran Bofill y Vlastó.

Finalmente, el 21 de agosto pasado, los jueces Adriana Palliotti, Adrián Grunberg y Daniel Obligado coincidieron con los planteos realizados por los apoderados de Tandanor y el fiscal general Luciani, en cuanto a que el decomiso de la Planta I era “una cuestión de naturaleza penal, independiente de la acción civil interpuesta por Tandanor”.

Señalaron que “el objetivo del decomiso es completamente diferente al de la acción civil, por cuanto tal como explicó el fiscal Luciani, mientras que el primero busca asegurar que el delito cometido no rinda beneficios, el ejercicio de la acción civil, tiene como finalidad el resarcimiento de daños ocasionados por el hecho delictivo”, destacaron. Por ello, consideraron que no existía impedimento para resolver la cuestión del decomiso, previo a adoptar algún criterio en el trámite de la acción civil resarcitoria.

Además, los jueces recordaron que el predio de la Planta I aún estaba inscripto “bajo la titularidad de Puerto Retiro S.A., empresa que lo adquirió como consecuencia directa de la viciada privatización de Talleres Navales Dársena Norte S.A.I.C. y N., lo cual importa la subsistencia del delito comprobado en autos”. Así, destacaron que “la adquisición del inmueble denominado ‘Planta I’, por parte de Puerto Retiro S.A., carece de causa lícita y los actos que la generaron son nulos de nulidad absoluta”, por lo que concluyeron que el predio debía ser restituido “a quien era su titular antes de la comisión del delito, es decir, a quien le fue desapoderada como consecuencia de la defraudación motivo de condena” que, en el caso, resultaba ser Tandanor.