En el marco del debate oral que lleva adelante, desde abril pasado, el Tribunal Oral Federal N°5, el titular de la Fiscalía General N°1 ante los Tribunales Orales Federales de la Capital Federal, Diego Luciani, solicitó que se condene a penas de hasta 4 años de prisión a un ex funcionario público y cinco empresarios involucrados en la privatización fraudulenta del astillero estatal Talleres Navales Dársena Norte (Tandanor).

En su alegato, el representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que Eduardo Tesoriere intervino como asesor en la privatización y luego ofició de representante estatal por el 10% de las acciones conservadas tras la venta al consorcio adjudicatario, integrado por las empresas Ciamar, Sud Marine Enterprises S.A. -luego Brisard Sudmarine- y el Banco Holandés Unido. En virtud de ello, consideró que debía ser condenado a la pena de 4 años de prisión e inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos como autor del delito de administración fraudulenta. Asimismo, requirió la misma pena para los empresarios Alejandro Bofill, Nachat Samman y Juan Andrés Vlastó; 3 años y medio para Gerardo Donato y 3 años de ejecución en suspenso para Miguel Larminat. todos ellos como cómplices necesarios.

Por otra parte, postuló la absolución del apoderado especial del Banco Holandés, Omar Calculli, por el beneficio de la duda, aunque aclaró que la responsabilidad del Banco en la maniobra es palmaria y fue pergeñada por directivos de esa entidad de mayor rango. En ese sentido, el fiscal general Luciani resaltó que los "grandes artífices" de la maniobra, junto a aquellos, habrían sido el ex ministro de Defensa imputado hasta su fallecimiento, Antonio Ermán González, y el ex presidente de la Nación, Carlos Menem, respecto de quien requirió la extracción de testimonios para que sea convocado a prestar declaración indagatoria durante la etapa de instrucción.

El delito por el que los acusados llegaron al juicio, y por el que ahora la Fiscalía solicitó sean condenados, es fraude en perjuicio de la administración pública por administración fraudulenta, por el que el Código Penal prevé penas que oscilan entre los 2 y los 6 años de prisión. El perjuicio causado al Estado fue estimado en más de 50 millones de dólares. Según las pruebas reproducidas por el fiscal, los imputados integraron el directorio de la empresa una vez privatizada y desde allí autorizaron la venta de unos de sus activos más valiosos, la Planta I, a favor de una firma que ellos mismos integraban llamada Puerto Retiro S.A.

En función de ello, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la restitución de las valiosas plantas I y II -que fueran propiedad de la empresa antes de su privatización- como otra "manera de terminar con la impunidad". La emblemática “Planta I” fue cerrada, vendida y desguazada por los gestores privados, con la presunta subrepticia intención de concretar sobre sus tierras un multimillonario negocio inmobiliario, a espaldas del Estado y en provecho propio. "El corazón" de la compañía, como lo calificaron los trabajadores, ahora podría volver al dominio público si el Tribunal hace lugar al requerimiento de la Fiscalía. Además, el fiscal general Luciani explicó que ni siquiera consta que el Estado haya percibido el valor por la venta del terreno, valuado muy por debajo del monto correspondiente.

Las maniobras investigadas

En la causa se investiga la presunta administración fraudulenta en perjuicio del Estado Nacional antes, durante y luego del proceso de venta del astillero Tandanor, iniciado en 1991, al consorcio integrado por las firmas mencionadas. De acuerdo a la acusación, se produjo un perjuicio patrimonial a las arcas públicas de más de 50 millones de dólares, como así también el desguace y vaciamiento de una parte importante del astillero.

La maniobra se habría concretado a través de una serie de actos administrativos, principalmente en el acrecentamiento de los activos de la empresa estatal antes del proceso de licitación; el cambio en las pautas contenidas en el pliego de bases y condiciones en beneficio del holding comprador -en lo que refiere al monto del contrato y los plazos de pago-; la prórroga en la constitución de la garantía exigida y la propia constitución y capacidad operativa del consorcio, entre otros. Para 1999, los gestores privados, como parte de la maniobra, fueron a la quiebra, mientras que en 2007 se reestatizaron las acciones de la empresa por decreto del Poder Ejecutivo.

La actividad del MPF durante el juicio

El debate oral y público demandó un arduo trabajo por parte del Ministerio Público Fiscal, en función de la complejidad y volumen de la causa. Durante el año y tres meses que lleva sustanciándose, pasaron por los estrados judiciales numerosos testigos: desde personal de la ex empresa pública hasta abogados, contadores y peritos con especialidad en materia industrial y naval.

Incluso se realizó un allanamiento en las viejas instalaciones de Tandanor, del que se extrajeron testimonios para investigar la posible comisión de los delitos de desobediencia y contaminación ambiental.