La titular de la Fiscalía Federal en lo Criminal y Correccional n° 2 de Morón, Mariela Labozzetta, solicitó que seis personas vayan a juicio oral acusadas de formar parte de una asociación ilícita que se habría dedicado al tráfico ilícito de cocaína y metafentamina y a la trata de personas, entre otros delitos. La banda habría funcionado en las ciudades de Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires; Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut; y Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego. Además, consideraron que una séptima persona participaba en el proceso de transporte y manejo de los estupefacientes.

“Se tiene por probado que dicha estructura actuó, al menos, desde abril de 2022 hasta septiembre de 2024 y estuvo dedicada primordialmente, aunque no de manera excluyente, a la realización de actividades relacionadas con el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes en sus diferentes modalidades, como así también a la comisión de otras conductas delictivas vinculadas con aquellas maniobras, tales como: amenazas, uso de documentación de identificación personal falsificada, compraventa de autos robados, trata de personas, lavado de activos, pago de dádivas a funcionarios públicos, entre otras, con el claro objetivo de mantener el control del tráfico de estupefacientes en las ya señaladas zonas de influencia y asegurarse, de esa forma, la continuidad de la empresa y la obtención de las ganancias generadas”, se explicó en el requerimiento de elevación a juicio.

La organización habría captado a mujeres para que sean las encargadas de realizar el transporte de los estupefacientes desde Buenos Aires hacia el sur del país, aprovechándose de ciertas “características personales y condiciones sociales, económicas, culturales y familiares”. De esa forma, fueron utilizadas para funcionar en calidad de ‘correos humanos’, “asumiendo cada una de estas personas los riesgos de ser descubiertas en pleno despliegue de la actividad ilegal, mientras los victimarios eludieron tales situaciones”.

Por otra parte, la fiscal Labozzetta solicitó la continuación de la investigación con el objetivo de determinar la responsabilidad que pudieron tener otros sujetos que aparecen ligados con fuerzas de seguridad y funcionarios públicos.

El primer hallazgo

La investigación comenzó en febrero de 2024 cuando, en el marco de un control, la Policía de Seguridad Aeroportuaria de Ushuaia detectó dentro del equipaje de una persona una botella de vino y un frasco de agua micelar cuyos contenidos parecían adulterados. Tras la intervención de un perro antidrogas, se determinó que contenía cocaína líquida.

En el control del aeropuerto se detectaron dentro de la valija de una pasajera las botellas adulteradas. Foto: captura del expediente judicial

A partir de ello, el Juzgado Federal de Ushuaia junto con la actual Unidad Fiscal de la jurisdicción (representada por la fiscal Lía Hermida y el fiscal Fernando Rota) y la Fiscalía de Distrito de Comodoro Rivadavia, a cargo de Verónica Escribano, llevaron adelante una serie de medidas que dieron como resultado la existencia de una organización cuyo máximo responsable sería un hombre de nacionalidad colombiana, que se encuentra actualmente prófugo y con una orden de captura nacional e internacional.

En julio de 2025, tras la intervención de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia remitió la investigación a la justicia federal de Morón. Tras el análisis efectuado en la fiscalía federal, se solicitaron una serie de medidas al juez federal interviniente, Juan Manuel Culotta, y se amplió la plataforma fáctica de los hechos, al considerar que había conductas que no se habían imputado, lo que derivó en procesamientos y luego, el pedido de elevación a juicio.

El modus operandi

De acuerdo con la investigación, se pudo establecer que el clorhidrato de cocaína era adquirido en Bolivia y, luego de ingresarlo al país, era llevado a un domicilio de la localidad de Ramos Mejía, que oficiaba de “cocina” o laboratorio clandestino de los estupefacientes.

En los allanamientos, se encontraron varias botellas con su contenido adulterado. Foto: Policía de Seguridad Aeroportuaria

En ese departamento, las sustancias eran sometidas a un proceso químico determinado mediante el cual modificaban su estado. De esta forma, una vez que se pasaba la cocaína a estado líquido, era disimulada en el interior de botellas de vidrio de vino o de productos cosméticos que le entregaban a determinadas personas que habían sido contactadas previamente por los miembros de la organización, aprovechándose de su situación económica precaria.

A algunas de las víctimas no solo se les abonaba una suma determinada por esos ‘servicios de transporte’, sino que, además, se les pagaba el pasaje aéreo, los traslados y la estadía en el punto geográfico al que debían viajar. Según se pudo reconstruir, en reiteradas ocasiones las personas salían de los aeropuertos de Buenos Aires y llegaban hasta Ushuaia o Río Grande, donde entregaban el material estupefaciente a otros integrantes de la organización para que realizaran el pasaje de la cocaína de estado líquido a sólido. Una vez efectuado lo anterior, la cocaína era fraccionada para su comercialización. 

“Resulta importante destacar el hallazgo de múltiples interacciones entre sus integrantes, en las que se enviaban fotografías de documentos de identidad (nacionales/extranjeros); fechas de posibles traslados a Ushuaia y Río Grande –Tierra del Fuego– y/o a Comodoro Rivadavia –Chubut– y/o a Ezeiza o Aeroparque Jorge Newbery –Buenos Aires/CABA–; compras de pasajes aéreos; innumerables transferencias bancarias y a través de billeteras digitales nacionales y del exterior, en suma: datos ‘vinculados al traslado, acogida, recepción de personas con el fin de transportar sustancias ilícitas. También chats relacionados a la posible elaboración, fraccionamiento y comercialización de estupefacientes”, se enumeró como prueba dentro del requerimiento.

Empresa criminal

Según el requerimiento, las seis personas que fueron señaladas como integrantes de la organización eran también, junto con otra imputada, quienes se encargaban de guardar los precursores químicos y materia prima, además de dedicarse al transporte, almacenamiento, preparación de estupefacientes, estiramiento, fraccionamiento y comercio de cocaína y/o metanfetamina.

“Esas conductas las realizaron de manera organizada, dando cuenta así de la conformación de una empresa narcocriminal”, se explicó. Además, señalaron a parte de los integrantes de la organización como responsables del delito de trata de personas, agravado por el abuso de la situación de vulnerabilidad de sus víctimas, la intervención de tres o más personas y la consumación de la explotación. 

Según indicaron, habrían sido los responsables de captar, trasladar y acoger a por lo menos cuatro personas con la finalidad de utilizarlas para el transporte de los estupefacientes que ellos disponían, objetivo que efectivamente lograron. “Esas personas, acorde a lo preliminarmente detectado, se encontraban sumidas en una situación de vulnerabilidad, dada su condición socioeconómica –la cual fue aprovechada por los nombrados–”, se explicó.

La fiscalía también explicó que en el estrato superior de la organización estaba el prófugo, mientras que en el estrato intermedio se encontraban otras dos personas que respondían directamente al organizador de la banda. Eran ellos quienes ejecutaban las órdenes para la preparación, transporte, distribución y/o comercio de diversas cantidades de estupefacientes, así como también quienes se encargaban de las maniobras de lavado de activos y las gestiones para la obtención de cuentas o billeteras digitales a nombre de terceras personas como forma de triangular fondos.

En un departamento de Ramos Mejía, las sustancias eran sometidas a un proceso químico determinado mediante el cual modificaban su estado. De esta forma, una vez que se pasaba la cocaína a estado líquido, era disimulada en el interior de botellas de vidrio de vino o de productos cosméticos. Foto: captura del expediente.

Por último, el resto de los imputados se encontraba en un estrato inferior, donde se dedicaban a llevar adelante diferentes aportes para la estructura criminal, como por ejemplo la preparación de las sustancias, el transporte de quienes iban a llevar la droga, el manejo de la documentación falsa que se utilizaba, entre otras tareas.

Para el MPF, quedó evidenciada la actuación y los roles que cumplían cada uno de los acusados dentro de la banda. “Las demás actividades ilícitas que, de manera independiente a la estructura narcocriminal, fueron perpetradas y orbitaron alrededor de aquella –la utilización de documentación y cuentas ajenas para hacer frente al pago de los gastos generados por el funcionamiento de la organización; la obtención de líneas telefónicas a nombre de terceros para no ser detectados; los verificados contactos con funcionarios de fuerzas policiales o del poder ejecutivo provincial que suministraban información vital a los miembros de esa banda; la canalización de las ilícitas ganancias obtenidas en el mercado formal de capitales e, incluso, la verificada utilización de personas en estado de vulnerabilidad con el fin de transportar los alcaloides, entre puntos geográficos tan distantes, para que los principales responsables no se vieran implicados, al menos de primera mano, en las operaciones ilícitas que gestaron– no solo son indicadores suficientes del grado de organización que el grupo poseía, sino que además son la clara evidencia del plan preconcebido para alcanzar el éxito de esa empresa criminal”, se detalló.

Vulnerabilidad y violencia

Dentro de la investigación, se tuvieron en cuenta los testimonios de las personas que fueron captadas por la organización. Se explicó que además de las carencias económicas o habitacionales, de las entrevistas que realizó el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata surgieron también circunstancias vinculadas con “situaciones de violencia de género, relaciones afectivas signadas por dinámicas de dominación y dependencia, responsabilidades de cuidado asumidas en soledad y trayectorias de marcada precariedad laboral”.

“Tales factores, examinados desde una perspectiva de género e interseccional, permiten comprender de manera más acabada las condiciones que favorecieron la captación y disponibilidad de estas personas para la realización de los viajes organizados por la estructura criminal”, enfatizó la fiscal Labozzetta.

En este sentido, indicó que la condición de mujer constituyó, en determinados casos, una variable adicional de vulnerabilidad que se sumó a otras circunstancias personales y socioeconómicas, lo que facilitó que los imputados pudieran aprovecharse de tales condiciones para incorporarlas a las maniobras ilícitas. “Lejos de tratarse de una circunstancia accesoria, esta dimensión resulta relevante para valorar integralmente la mecánica de captación desplegada por la organización y el particular grado de exposición en que se encontraban algunas de las víctimas”, detalló.