A diez años de la sanción de la ley 26683, que produjo una reestructuración integral del delito de lavado de activos de origen ilícito, se ha registrado una creciente multiplicidad de investigaciones judiciales y una significativa cantidad de condenas. Se registra, además, un perfeccionamiento técnico por parte del Ministerio Público Fiscal para el abordaje de fenómenos de criminalidad económica cada vez más complejos y voluminosos, a través de la profesionalización constante de los equipos, con miras a una mayor y mejor detección de las nuevas modalidades delictivas y con un enfoque cada vez más orientado a la desarticulación de las redes profesionales que facilitan el blanqueo de dinero.

La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), actualmente a cargo de Laura Roteta y Mario Villar, fue creada al año siguiente de la sanción de la ley para potenciar la eficacia del MPF en la persecución de los delitos económicos de trascendencia institucional o impacto socioeconómico (Res. PGN N° 914/2012). Cumple esas tareas a través de sus distintas áreas (las áreas operativas de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos Tributarios y Aduaneros, de Fraude Financiero y Mercado de Capitales, de Delitos contra la Administración Pública, y de Concursos y Quiebras; junto con las Áreas Administrativa y de Asistencia Técnica), cada una con su respectiva competencia especializada, pero que trabajan coordinadamente entre sí, evitando funcionar como compartimentos estancos y abordando los fenómenos criminales económicos de manera transversal y con mayor eficiencia.

Esta forma de trabajo permite abarcar los fenómenos económicos complejos desde todas sus manifestaciones, generando una mirada especializada pero colectiva y de contexto que redunda en favor de una mejor estrategia del caso. Esto es clave para detectar y también investigar eficientemente maniobras complejas de lavado de activos.

Estadísticas: condenas por diversos delitos precedentes y maniobras de todo tipo

Desde la sanción de la ley se han dictado un total de 31 sentencias de condena por el delito de lavado de activos (artículo 303 del Código Penal), en sus diversas modalidades, que abarcaron a un total de 136 personas humanas y se aplicaron sanciones a 31 personas jurídicas. De ese universo, el 33% responde a casos que incluyen la modalidad prevista en el inciso 3 del artículo 303 -que pena a quien recibiere dinero u otros bienes provenientes de un ilícito penal, con el fin de hacerlos aplicar en las operaciones de lavado-. En igual medida, en el 33% de las sentencias se trató de la modalidad agravada prevista en el inciso 2. Finalmente, 61% se resolvieron por vía de juicios abreviados.

Desde la sanción de la ley se dictaron 31 sentencias de condena por el delito de lavado de activos (artículo 303 del Código Penal), en sus diversas modalidades, que abarcaron a un total de 136 personas humanas y se aplicaron sanciones a 31 personas jurídicas. 61 % fueron en juicios abreviados.

Entre las cuestiones más interesantes para destacar, el 58% de las sentencias dictadas tienen a la narcocriminalidad entre los delitos precedentes identificados durante la investigación. En lo que respecta a la distribución territorial de las condenas, el 51% se produjeron en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Además de los casos de lavado derivados de infracciones a la ley de droga, también se han llevado adelante investigaciones por el reciclaje de fondos provenientes de delitos de corrupción, trata de personas, secuestros extorsivos e incluso delitos de lesa humanidad. Se han detectado modalidades de la más variada naturaleza utilizadas para blanquear dinero: inversiones en estacionamientos, hoteles, hosterías, bares, establecimientos agropecuarios, comercio de obras de arte, utilización de cripto activos, administración de sindicatos, obras sociales, fondos de inversión e incluso empresas agroexportadoras de primera línea.

Actuación conjunta y coordinada en investigaciones complejas

La PROCELAC cumple un rol clave para la promoción de denuncias y para el avance de las investigaciones complejas de lavado de activos y ha intervenido -e interviene- en los casos más emblemáticos existentes en el país, colaborando con las fiscalías federales desplegadas en el territorio. Para abordar eficientemente este tipo de criminalidad, actúa de manera conjunta y coordinada con otras áreas del MPF -procuradurías, unidades especializadas y direcciones auxiliares, dentro de las que se destacan las direcciones de Recupero de Activos, de Cooperación Internacional y de Análisis Criminal-, con otras agencias del estado vinculadas a la temática y con autoridades judiciales de otros países, pues la mayoría de los casos tienen una dimensión transnacional.

En este lapso de detectaron diversas modalidades para blanquear dinero: inversiones en estacionamientos, hoteles, hosterías, bares, establecimientos agropecuarios, comercio de obras de arte, utilización de cripto activos, administración de sindicatos, obras sociales, fondos de inversión e incluso empresas agroexportadoras de primera línea.

Además, a través de su actuación, siempre en coordinación con la Dirección de Recupero de Activos, se ha logrado recuperar sumas millonarias de bienes en los casos en los que intervino.   

El rol de la PROCELAC en el ámbito internacional y local

A través de la PROCELAC, el MPF ejerce roles clave respecto de los compromisos internacionales asumidos por Argentina en la lucha contra el lavado de activos. En este sentido, la Procuraduría forma parte de la representación del Estado argentino ante distintos organismos internacionales: actúa en el ámbito del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y de la organización regional vinculada, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), así como también en el ámbito del grupo de trabajo Antisoborno Transnacional de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y co-preside su red regional de oficiales de cumplimiento para Latinoamérica y el Caribe. Es punto de contacto, junto con la Unidad de Información Financiera (UIF), de la Red de Recupero de Activos de GAFILAT (RRAG) para todos los juzgados y fiscalías del país.

En representación del MPF, la PROCELAC forma parte del Comité de Coordinación para la Prevención y la Lucha contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (creado por el Dec. PEN N° 331/2019), junto con otras áreas del estado con competencia en la materia. En ese ámbito participa en la elaboración de las Evaluaciones Nacionales de Riesgos de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y en todas las acciones tendientes al cumplimiento de las obligaciones y recomendaciones en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que establecen la ONU y el GAFI.

Del mismo modo, se han generado canales de comunicación tendientes a agilizar el flujo de información entre agencias de investigación de los distintos países.