23 de septiembre de 2020
23 de septiembre de 2020 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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El fallo destacó el “aporte estratégico” brindado por la Procelac
BNP Paribas: procesaron a 20 ejecutivos por lavado y les trabaron un embargo récord
El juez Osvaldo Rappa los consideró integrantes de una asociación ilícita que, a través de una oficina clandestina ubicada en la sede en Buenos Aires, canalizó hacia paraísos fiscales millonarias sumas sin declarar de clientes argentinos; les trabó un embargo por más de $12.000 millones

En línea con el requerimiento del Ministerio Público Fiscal, el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción 35, Osvaldo Rappa, dispuso el procesamiento de 20 ejecutivos del BNP Paribas, en el marco de la investigación por las maniobras de evasión y lavado de activos a través de la oficina clandestina que la entidad mantenía en el piso 25 de su sede central ubicada  en avenida Alem 855. El magistrado les imputó los delitos de asociación ilícita y lavado de activos y mantuvo en todos los casos la libertad provisoria que viene gozando cada imputado, a los que en total impuso embargos por  más de doce mil millones de pesos ($12.364.051.425). No existen antecedentes de un embargo dispuesto en la justicia argentina tan alto como en este caso.

Así las cosas, Rappa consideró que existen suficientes elementos para agravar la situación procesal de Armand Augustin Abeillon, María Inés Armando, Michel Michael Basciano, Héctor Ignacio Borthaburu, Fernando Gabriel Celaya, Luis Pablo Cremona, Christian Marie Francois Giraudon, Elba Ilda Guibernau, Philippe Yves Henri Joannier, Irma Haydee Ibrajimovich, Marina Judith Ini, Carlos Raúl Long Sansberro, Pedro Antonio Maffeo, Daniel Omar Monaco, Alexis Nicolás Quirot de Poligny, Osvaldo Daniel Rodríguez, Mariana Schuld, Santiago Virgilio Tedin Uriburu, Adriana Beatriz Terreni y Silvia Beatriz Zyla.

En su fallo, de casi 500 carillas, el juez hizo un pormenorizado repaso por la gran cantidad de pruebas recolectadas durante la instrucción en relación a la actividad desarrollada por la unidad de banca privada que funcionaba en la mencionada oficina, así como la responsabilidad de cada uno de los imputados (cinco de ellos de origen francés) en la arquitectura financiera desplegada para captar y fugar al exterior el dinero no declarado de los clientes, entre los que figuraban empresarios, sindicalistas y hasta un juez.

“El cuadro completo de la situación fáctica del caso revela que no sólo  se quebrantaron deliberadamente las obligaciones relativas a la identificación del cliente inmediato, los deberes de diligencia frente a transacciones inusuales o carentes de sentido económico aparente, el reporte voluntario de tales operaciones y la conservación de la información sobre las transacciones, sino que se diseñó una compleja arquitectura financiera, que tenía por objeto borrar el rastro de la ruta del dinero no declarado”, consignó Rappa.

El magistrado destacó el rol de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) en la investigación, que contó además con la intervención de los fiscales Paula Asaro y Horacio Azzolín: "El Ministerio Publico Fiscal ha realizado un aporte estratégico en la materia con la creación de la PROCELAC (resolución nro. 914/2012). Esta 'súperunidad' absorbió las estructuras y competencias de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando (UFITCO), de la Unidad Fiscal de Investigación de los Delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (UFILAVDINTER) y de la oficina de Coordinación y Seguimiento en materia de Delitos contra la Administración Pública (OCDAP) y quedaron ajustadas a las áreas operativas de la nueva Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos".