23 de septiembre de 2020
23 de septiembre de 2020 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Operaciones por más de 1000 millones de dólares entre 2000 y 2008
BNP: la Fiscalía logró que la Cámara del Crimen confirmara el procesamiento de directivos y ejecutivos
La Sala I consideró probada la tesis de la Fiscalía sobre la existencia de una oficina clandestina del banco destinada a la fuga y lavado de dinero de procedencia ilícita y confirmó los procesamientos de los principales 14 imputados, dictó la falta de mérito de otros dos y sobreseyó a cuatro empleadas de menor jerarquía.

La Sala I de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional confirmó los procesamientos por lavado de activos y asociación ilícita de los máximos responsables de la sucursal del banco BNP Paribas en la Argentina y de los ejecutivos que cumplían tareas de asesoramiento en una oficina clandestina que esa entidad financiera tuvo en funcionamiento entre 2000 y 2008, a través de la cual se expatriaba, administraba y repatriaba el dinero no declarado al fisco de clientes del banco por un monto que la Fiscalía calcula en 1000 millones de dólares en todo el período.

Con los votos de los camaristas Luis María Bunge Campos y Jorge Luis Rimondi, se allanó así el camino para que el caso llegue a juicio oral y público, tal como lo había reclamado el fiscal general Carlos Gonella, acompañado por sus colegas Horacio Azzolín y Paula Asaro, en la audiencia celebrada ante ese tribunal el 29 de agosto pasado.

En base a la prueba reunida en el proceso, los jueces concluyeron que "la tarea que se desempeñaba en la oficina del piso 25 del edificio de Leandro N. Alem 855 de esta ciudad [donde estaba ubicada la sede de la entidad] se desarrollaba a espaldas del Banco Central de la República Argentina no sólo por un mero descuido u olvido administrativo sino porque la clandestinidad de la oficina era necesaria para cumplir con la tarea de asesorar, expatriar, administrar y repatriar el dinero de clientes que obtuvieron ilícitamente y, por ende, no podía ser declarado o ingresado al mercado financiero sino a través de las operaciones que los imputados ofrecían, para lo cual como oficina que formaba parte del grupo BNP Paribas estaban provistos de contactos a nivel mundial, conocimiento técnicos y recursos materiales necesarios".

Los procesados que con esta confirmación se encaminan a juicio oral y público son los directivos de nacionalidad francesa Phillipe Yves Henry Joannier, quien se desempeñó como director general de la sucursal argentina entre el 31 de enero de 2001 el 2 de mayo de 2006; Christian Marie Francois Giraudon, quien lo reemplazó en el cargo y cumplió esa labor hasta el 1° de noviembre de 2008; Christian Armand Agustin Abeillon, director administrativo desde el 1° de enero de 1999 hasta el 21 de diciembre de 2006, y Michel Michael Basciano, quien a partir de esa fecha ocupó ese lugar.

También, quedaron al borde del juicio oral el encargado de la oficina desde donde se realizaban esas tareas clandestinas, el francés Alexis Nicolás Quirot de Poligny, y los asesores financieros que trabajaban a sus órdenes, los argentinos Silvia Beatriz Zyla, Fernando Gabriel Celaya, Osvaldo Daniel Rodríguez, Carlos Raúl Long, Ignacio Héctor Borthaburu, Luis Pablo Cremona, Santiago Virgilio Tedín Uriburu, Elba Hilda Guibernau y Daniel Omar Mónaco.

Los camaristas dictaron la falta de mérito de la oficial de cumplimiento, María Inés Armando, y del gerente director de "Retail Banking", Pedro Antonio Maffeo. "Consideramos que la ausencia de injerencia concreta en el complejo entramado al que se viene haciendo referencia, impide, por lo menos de momento, convalidar una intervención dolosa para el resultado propuesto, aunque tampoco se acreditó la certeza que requiere una medida definitiva", indicaron los jueces en su resolución respecto de los dos imputados, y señalaron medidas de prueba que podrían derivar en elementos que permitan discernir la responsabilidad de ambos.

Por otro lado, el Tribunal dispuso dictar el sobreseimiento respecto de las secretarias de la oficina, Irma Haydée ibrajimovich y Adriana Terreni, y de las recepcionistas Marina Judith Ini y Mariana Schuld, pues consideraron que "sus tareas eran meramente administrativas y cumplían las órdenes o pedidos que los asesores le encomendaban".

Además, los jueces hicieron lugar a una de las peticiones que al unísono realizaron  los defensores y ordenaron la reducción de los embargos dictados por el juez Osvaldo Rappa, los más altos dispuestos en Argentina, que sumaban inicialmente más de 12 mil millones de pesos. En ese sentido, fijaron 9 millones de pesos para Joannier y Abeillon, respectivamente; 6 millones de pesos para Quirot de Poligny; 4 millones de pesos cada uno para Giraudon y Basciano; y 2 millones de pesos para Borthaburu, Celaya, Cremona, Guibernau, Long Sansberro, Mónaco, Rodríguez, Tedin Uriburu y Zyla, respectivamente.

Una oficina clandestina

"Desde esa oficina no declarada, se colaboraba activamente en la remisión, administración y repatriación de fondos radicados en el exterior, actividad para la que esa sucursal no estaba autorizada y de la que no llevaba registro alguno. La prueba documental valorada –tal como la que fue agregada en este expediente- permitió afirmar que 'formaban parte de un proceso de intervención en la captación de recursos de terceros y en la facilitación a la realización de negocios bancarios' iniciados en el país por una entidad del Grupo BNP" que no contaba con la correspondiente autorización del Banco Central, indicaron los jueces.

De esta manera, el Tribunal rechazó uno de los principales argumentos de los abogados defensores de los 20 acusados, que alegaron que el lugar no era una "cueva" porque contaba con la habilitación del Gobierno de la Ciudad, tenía cartel identificatorio en la planta baja y en la entrada y sus empleados se encontraban registrados dentro de la nómina del personal de la entidad bancaria.

En su resolución, los camaristas ponderaron los argumentos expuestos por el fiscal Gonella en la audiencia del 29 de agosto. La tesis sostenida por la Fiscalía y que fue validada por el tribunal indica que desde el piso 25° (unidad funcional 27) del edificio donde funcionaba el BNP se llevaron adelante entre 2000 y 2008 maniobras destinadas a captar clientes con dinero no declarado al fisco. Y que a través de esa oficina, denominada de Clientela Privada Internacional, el banco ofrecía la colocación y administración de esos fondos en el exterior. Para hacerlo, utilizaba sociedades extranjeras, que oficiaban como cuentas de paso para que el dinero culminara en las sucursales que BNP tiene en Suiza, Luxemburgo, Miami, Panamá y Bahamas.

Entre otros aspectos, los camaristas consideraron que "es relevante la existencia de un selecto grupo de clientes que podía concurrir a las oficinas, con cita previa, ya que este extremo ni siquiera fue negado por los imputados en torno a que para poder acceder a ella, el cliente debía previamente acordar una reunión con algunos de los asesores financieros que allí trabajaban".

En ese sentido, sostuvieron que si, como dijeron los abogados defensores, la oficina se dedicaba al análisis de mercado e información de inversiones para otras subsidiarias o sucursales, " no debería haberse hallado entre los archivos informáticos" obtenidos en los allanamientos los "formularios para la reserva y apertura de números de cuenta" ni el "intercambio de mails entre empleados del BNP Paribas en Paris interesados por el estado de una apertura de cuenta".

Al respecto, recordaron el mensaje remitido el 23 de septiembre de 2005 por Tedín Uriburu a oficinas en Francia, en el que señaló: “Un cliente me pidió abrir una cuenta en BNP Paris y que la misma fuera numerada o bien que la misma pueda tener un nombre de fantasía… La cuenta sería de unos USD 500 mil a USD 1 Millón a invertir en distintos productos”.

Los jueces citaron en su resolución uno de los correos que leyó Gonella en la audiencia, en el que Quirot de Poligny señaló a un interlocutor en el exterior que "el dinero que le está enviando, pareciera que no está declarado ante las autoridades fiscales argentinas, por lo que por favor, no sea demasiado preciso por teléfono, es común intervenir líneas telefónicas para escuchar y controlar personas importantes en Argentina".

Los camaristas también dieron la razón al MPF respecto de la contestación que hizo a la defensa sobre el resultado de un peritaje al sistema de trasnferencias Swift, que , en visión de los abogados de los ejecutivos, los beneficiaba. "Asiste razón al fiscal Gonella en cuanto a que difícilmente puedan haberse hallado todas las constancias de transferencias que dan cuenta los hechos imputados" (sic), indicó el tribunal, y remarcó que esa situación "más que confirmar la ausencia de operación alguna, corrobora la opacidad con las que estas se realizaban".

Para resolver, los jueces de la Sala I recorrieron además el estado de las 22 causas iniciadas a varios ex funcionarios públicos y empresarios que fueron identificados como clientes de la oficina clandestina y, por lo tanto, sospechosos de lavado de activos procedentes de delitos. A los ex funcionarios se les abrieron en otro fueros causas por enriquecimiento ilícito, mientras que a los particulares se les iniciaron procesos administrativos y/o penales, según el caso, por evasión. Una de las alegaciones de las defensas a lo largo del proceso tiene que ver con que la gran mayoría de esos casos no tuvo avances en la justicia y que fueron cerrados, con lo cual -según el argumento- se caen los delitos precedentes a los que se refiere el tipo penal del lavado de activos. Al analizar los casos, los camaristas remarcaron que, en realidad, "de los veintidós hechos denunciados como delito precedente del lavado de activos, sólo tres habrían sido resueltos por ausencia de delito".