En el marco de la investigación por lavado de activos de origen ilícito que se sigue contra los miembros de una banda que se dedicaba al contrabando de estupefacientes a Europa, tuvo lugar uno de los operativos más complejos realizados en el último tiempo por los miembros del Ministerio Público Fiscal. Fueron 39 allanamientos en 23 domicilios en la Ciudad de Buenos Aires (principalmente en las zonas de Microcentro, Belgrano y Parque Patricios), cuatro en Mar del Plata, tres en otras localidades de la provincia de Buenos Aires, seis en Santa Fe y dos en Santiago del Estero, divididos en casas particulares, domicilios de empresas, inmuebles rurales, estudios jurídicos, notariales y contables.
A cargo de todas estas medidas estuvieron el fiscal federal de Roque Sáenz Peña, provincia del Chacho, Carlos Sansserri, y el fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica (Procelac), Carlos Gonella, quien supervisó el operativo desde el Centro de Análisis, Comando y Control de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), en Ezeiza. En permanente comunicación con ellos estuvo la titular del juzgado federal de Presidencia Roque Saenz Peña, Zunilda Niremperguer, provincia del Chaco, donde está radicada la causa. La magistrada había dado la orden para que se realizaran las medidas que los fiscales solicitaron luego de una extensa y compleja investigación. Además, junto a Gonella, en el Comando de Control, estuvieron el coordinador del área de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, la coordinadora del área de Delitos Tributarios y Contrabando de la Procelac, y otros secretarios y agentes de distintas áreas de la Procuraduría.
El comienzo
En marzo de 2012, por una denuncia de la Dirección General de Aduanas (DGA), se inició una investigación judicial debido al secuestro de aproximadamente 400 kilos de cocaína que realizaron las policías de España y Portugal en dos procedimientos. Esa droga había llegado hasta Europa oculta en cargas de exportación de carbón vegetal. La jueza Niremperger constató el mismo día de la denuncia que otros dos contenedores habían sido despachados, con más de 20 toneladas cada uno. Un cargamento aguardaba en el puerto de Buenos Aires, con destino a Lisboa, mientras que el otro ya había sido despachado. La magistrada ordenó a la Aduana y al Departamento de Narcotráfico la prohibición de despachar el cargamento que todavía estaba en el puerto nacional y su requisa. El otro contenedor fue abierto en Lisboa el 11 de abril y allí fueron encontrados casi 158 kilos de cocaína.
A partir de ahí, comenzó el proceso de dilucidar quiénes eran los responsables de esas maniobras. En ese momento, intervino el fiscal Sansserri, que fue asistido por la Procuraduría de Narcocriminalidad, entonces a cargo de Félix Crous. Gracias al trabajo conjunto entre los representantes del MPF y la jueza, se pudo dar con los máximos responsables de la organización, que eran un abogado, dos empresarios y otros dos comerciantes. En la actualidad, esta causa está a la espera de que comience el juicio oral.
La otra trama
Paralelamente, en abril del año pasado comenzó una investigación por lavado de activos contra esta organización narcocriminal, que volvió a tener como protagonistas al fiscal Sansserri y la jueza Niremperger, de Roque Sáenz Peña. A su vez, junto a Sanserri empezó a trabajar la Procelac, a través de la intervención de su titular Carlos Gonella como fiscal coadyuvante y con el soporte técnico de las áreas de Lavado de Activos y Financiamiento del terrorismo y de Delitos Tributarios y Contrabando. De esta manera, los representantes del MPF, a quienes la magistrada les delegó la investigación, empezaron a analizar la distinta información aportada por diversos organismos, tanto nacionales como internacionales, que daban cuenta de la presunta aplicación de una gran masa de activos de origen ilícito en el sistema económico formal, por diferentes conductos.
Los resultados de las diversas medidas investigativas adoptadas en el marco de los protocolos de actuación de la Procelac, comprobaron que la organización que estaba detrás de “Carbón blanco” habría generado todo un entramado financiero, empresarial e inmobliario, que se ramificaba por el país y el extranjero, dedicado a colocar en el mercado legal el dinero que provenía de su actividad como narcotraficantes. Fue por esto, entonces, que a principios de marzo Sansserri y Gonella solicitaron la concreción de diversas medidas, entre las que se encontraban los 39 allanamientos y diversas detenciones que se ejecutaron ayer.
Esto implicó el uso de 242 oficiales de la PSA, desplegados en más de 50 móviles, que fueron coordinados desde el Centro de Análisis por el Comisionado Mayor de la fuerza Mario Fernández. Además, participó todo el personal del área de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y otros agentes de las restantes áreas de la Procelac, lo que llevó a que 23 personas del MPF estuvieran supervisando los distintos allanamientos en el lugar.
Pero el operativo también logró realizarse de manera exitosa debido a la programación y coordinación que se logró en los días previos entre los diversos actores que participaron. En este sentido, hubo un trabajo articulado entre los fiscales que llevan adelante la investigación con los representantes del MPF de las jurisdicciones que dieron curso a los exhortos con las órdenes de allanamiento: en concreto, se trató de los y las fiscales Indiana Garzón, Pedro Rebollo, Fernando Domínguez, Carlos Stagnaro, Miguel Schamun, Laura Mazzaferri, Roberto De Giovanni, de la fiscalías de Santiago del Estero, Campana, San Isidro, Mercedes, penal económico de la Ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata y Rosario, respectivamente.
Por esto, Gonella señaló que “debe destacarse el trabajo conjunto entre el Ministerio Público Fiscal, el Poder Judicial y la Policía de Seguridad Aeroportuaria en el marco de una causa con todos los componentes del crimen organizado transnacional: narcotráfico, lavado de activos a través de estructuras jurídicas, gran cantidad de bienes, empresas, diversidad de prestaciones profesionales, entre otras cuestiones típicas de estas organizaciones”.
Esta labor articulada dio como resultado que se detuvieran a siete personas, de las cuales dos son abogados. Además, se secuestró, entre otras cosas, diversa documentación en distintos formatos, computadoras, dinero en efectivo, joyas, relojes, obras de arte, armas de fuego en situación irregular y en el domicilio de uno de los contadores se hallaron cien mil dólares. Estos elementos serán incorporados a la causa para su posterior análisis.
“Estamos conformes con el resultado del operativo, quizá uno de los más complejos que hemos llevamos a cabo hasta ahora”, remarcó el titular de la Procelac. Por su parte, Sansserri agregó que se había realizado “un verdadero trabajo en equipo, que llevamos en conjunto en el ámbito del Ministerio Público Fiscal. Fue un trabajo arduo pero que hasta el momento nos satisface en sus resultados”.