El Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº1 -integrado por los jueces Diego García Berro, Ignacio Fornari y Luis Losada- condenó hoy al extitular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) Claudio Uberti a 4 años y 6 meses de prisión por haber permitido el ingreso de 790.550 dólares, que llevaba consigo en un maletín el empresario venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson cuando arribó al país en la madrugada del 4 de agosto de 2007. En el debate, intervinieron el fiscal general Marcelo Agüero Vera, a cargo de la Fiscalía General N°1 ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico, y la auxiliar fiscal Jennifer Maleh.

Por otra parte, los magistrados absolvieron al extitular del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, Julio Miguel De Vido y el extitular de la Aduana al momento de los hechos, Ricardo Echegaray mientras que fijaron condenas de hasta 1 año de prisión para funcionarios de la Dirección General de Aduanas (AFIP-DGA). Los fundamentos de la decisión se conocerán el próximo 27 de noviembre.

Las penas

En el veredicto, los jueces consideraron a Uberti como coautor del delito de "contrabando de importación de divisas, agravado por haber intervenido tres o más personas y por tratarse de funcionario público en grado de tentativa". Además, le fijaron una inhabilitación especial por 10 meses para el ejercicio del comercio, la inhabilitación absoluta por 9 años para desempeñarse como empleado o funcionario público y la inhabilitación especial perpetua para desempeñarse como miembro de las fuerzas de seguridad.

El tribunal además condenó a los funcionarios Rosa Nélida García, Guillermo David Lucángeli, María Cristina Gallini a 1 año de prisión en suspenso mientras que a Jorge Lamastra le fijaron una pena de 10 meses. Todos fueron considerados coautores del delito de "encubrimiento de contrabando de importación de divisas agravado por tratarse de funcionarios públicos".

Los magistrados le impusieron a este grupo de acusadas y acusados 8 meses de inhabilitación especial para el ejercicio del comercio y la inhabilitación especial perpetua para desempeñarse como miembros de las fuerzas de seguridad. Además, fijaron una inhabilitación absoluta para desempeñarse como funcionarios o empleados públicos de 2 años para García, Lucángeli y Gallini y de 1 año y 8 meses para Lamastra.

Alegato fiscal

En su exposición ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico N°1, los representantes del Ministerio Público Fiscal tuvieron por probado que los seis acusados (De Vido, Uberti y los cuatro funcionarios) permitieron y encubrieron, de acuerdo a las funciones que ostentaban y a su grado de participación en los hechos, el ingreso de los dólares que transportaba Antonini Wilson -quien permanece prófugo- durante su arribo al país en un vuelo proveniente de la República Bolivariana de Venezuela contratado por la empresa con participación estatal Energía Argentina S.A. (ENARSA).

El fiscal Agüero Vera había señalado que se probó que el empresario venezolano intentó ingresar al país una valija con casi 800 mil dólares “a pedido de Uberti” y “por orden y disposición de De Vido”. En el caso del exministro, el fiscal Agüero Vera había solicitado una condena a 5 años por el delito de contrabando en grado de tentativa. Para Uberti, habían pedido junto a la auxiliar fiscal Maleh una pena de 4 años y 10 meses. En cambio, no habían acusado a Ricardo Echegaray. “La carencia de pruebas sobre Echegaray no permiten arribar a una condena”, indicaron en esa oportunidad.

En tanto, el y la representante del Ministerio Público Fiscal requirieron para las y los funcionarios de la Dirección General de Aduanas las penas de 2 años de prisión de cumplimiento en suspenso por considerarlos encubridores del delito de tentativa de contrabando de importación de divisas agravado por tratarse de funcionarios públicos.

Respecto a la acusación del delito de lavado de activos que pesaba sobre los funcionarios, los fiscales Agüero Vera y Maleh consideraron en ese momento que no se pudieron acreditar las conductas típicas y por lo tanto no acusaron por esa conducta a ninguno de los imputados. “No pudo ser probado con certeza absoluta que el dinero tuviera origen ilícito ni que el mismo resultara espurio”. Pero afirmaron que "salió de las arcas de PDVSA", la petrolera estatal venezolana.

El caso

En la madrugada del 4 de agosto de 2007 un vuelo privado de la firma Royal Class, que había sido contratado por ENARSA y que provenía de la ciudad venezolana de Maiquetía, arribó a la terminal Sur del Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el vuelo viajaban Uberti, Victoria Carolina Bereziuk -secretaria privada del ex titular del OCCOVI-, Exequiel Omar Espinosa -por entonces presidente de ENARSA- y los ciudadanos venezolanos Guido Alejandro Antonini Wilson, Daniel David Uzcátegui Spetch, Ruth Behrends Ramírez, Nelly Cardozo Sánchez y Wilfredo Ávila Drie, quienes estaban vinculados a la petrolera venezolana PDVSA.

Al arribar los pasajeros, personal de la DGA y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria procedieron a controlar el equipaje de mano. Tras pasar uno de los maletines por el escáner, la oficial de la PSA María del Luján Telpuk advirtió -en el interior de uno de los maletines, que pertenecía a Antonini Wilson- la presencia de paquetes rectangulares. Según Antonini Wilson, se trataba de libros y “papelitos”, pero luego se constató que eran 790.550 dólares.

La DGA -sin dar aviso al Poder Judicial, como ocurre en otros casos- asumió la dirección del procedimiento, encabezado por la responsable de Control Aduanero de la Oficina Aeroparque Jorge Newbery de la A.F.I.P.-D.G.A., María Cristina Gallini, el jefe de División de Fiscalización y Operativa Aduanera de la División Aeroparque de la AFIP-DGA, Guillermo David Lucángeli, y la directora de Fiscalización y Operativa Aduanera de la Dirección Aduana de Ezeiza -de la cual depende la aduana del aeroparque metropolitano-, Rosa Nélida García. De acuerdo con la acusación, el hecho se habría informado al entonces titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, quien habría ordenado cómo proceder.

Días después, Antonini Wilson dejó el país y viajó a la ciudad estadounidense de Miami. Desde entonces, el Poder Judicial reclamó su extradición, sin éxito.