El Tribunal Oral en lo Penal Económico N°1 inició ayer el juicio oral y público contra los ex titulares del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, Julio Miguel De Vido; de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Daniel Echegaray; y del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) Claudio Uberti, y los funcionarios de la Dirección General de Aduanas (AFIP-DGA) Rosa Nélida García, Guillermo David Lucángeli, María Cristina Gallini y Jorge Lamastra por contrabando de divisas, lavado de activos y encubrimiento. En representación del Ministerio Público Fiscal intervienen el fiscal general Marcelo Agüero Vera a cargo de la Fiscalía General N°1 ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico y la auxiliar fiscal Jennifer Maleh.

Los funcionarios serán enjuiciados, de acuerdo a las funciones que ostentaban y grado de participación, por haber permitido y/o encubierto el ingreso de 790.550 dólares, que trasladaba Guido Alejandro Antonini Wilson, en un maletín que traía consigo cuando arribó al país en la madrugada del 4 de agosto de 2007 en un avión proveniente de la República Bolivariana de Venezuela, que había sido contratado por la empresa con participación estatal Energía Argentina S.A. (ENARSA).

El caso

De acuerdo con el requerimiento de elevación a juicio elaborado por el responsable de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N°4, Pablo Turano, en la madrugada de aquél día un vuelo privado de la firma Royal Class, que había sido contratado por ENARSA y que provenía de la ciudad venezolana de Maiquetía, arribó a la terminal Sur del Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el vuelo viajaban Uberti, Victoria Carolina Bereziuk -secretaria privada del ex titular del OCCOVI-, Exequiel Omar Espinosa -por entonces presidente de ENARSA- y los ciudadanos venezolanos Guido Alejandro Antonini Wilson, Daniel David Uzcátegui Spetch, Ruth Behrends Ramírez, Nelly Cardozo Sánchez y Wilfredo Ávila Drie, quienes estaban vinculados a la petrolera venezolana PDVSA.

Al arribar los pasajeros, personal de la Dirección General de Aduanas (DGA) -que depende de la AFIP- y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria procedieron a controlar el equipaje de mano. Tras pasar uno de los maletines por el escáner, la oficial de la PSA María del Luján Telpuk advirtió -en el interior de uno de los maletines, que pertenecía a Antonini Wilson- la presencia de paquetes rectangulares. Según Antonini Wilson, se trataba de libros y “papelitos”, pero luego se constató que eran 790.550 dólares.

La DGA -sin dar aviso a la Justicia, como ocurre en otros casos- asumió la dirección del procedimiento, encabezado por la responsable de Control Aduanero de la Oficina Aeroparque Jorge Newbery de la A.F.I.P.-D.G.A., María Cristina Gallini, el jefe de División de Fiscalización y Operativa Aduanera de la División Aeroparque de la A.F.I.P.-D.G.A., Guillermo David Lucángeli, y la directora de Fiscalización y Operativa Aduanera de la Dirección Aduana de Ezeiza -de la cual depende la aduana del aeroparque metropolitano-, Rosa Nélida García. De acuerdo con la acusación, el hecho se habría informado al entonces titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, quien habría ordenado cómo proceder.

Días después, Antonini Wilson dejó el país y viajó a la ciudad estadounidense de Miami. Desde entonces, el Poder Judicial reclamó su extradición, sin éxito.

En la investigación desarrollada por la fiscalía, se intentó determinar si el dinero tenía origen espurio y había sido obtenido en Venezuela para aplicarlo a una operación que le diera apariencia de un posible origen lícito.

El debate

De Vido y Uberti llegan a juicio oral imputados como autores de los delitos de contrabando, en grado de tentativa, agravado por la intervención en el hecho de tres o más personas y por tratarse de funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones o con abuso de su cargo, previstos en los artículos 863, 865 -incisos a) y b)- y 871 del Código Aduanero, y lavado de activos, de acuerdo con el artículo 303 -inciso 3°- del Código Penal.

Por su parte, Echegaray, Gallini, García, Lamastra y Lucángeli están acusados por encubrimiento de contrabando agravado por su calidad de funcionarios públicos, previsto en el artículo 874 -apartado 1, incisos a y b) y apartado 3, inciso a)- del Código Aduanero y encubrimiento de lavado de activos en su modalidad de receptación de dinero, según el artículo 277 -apartado 1, incisos a) y d- del Código Penal.

Las audiencias se desarrollarán todos los miércoles a través de medios virtuales ante el tribunal integrado por Diego García Berro, Ignacio Fornari y Luis Losada. Está prevista la declaración de más de cien testigos durante el debate.