El fiscal general Marcelo Agüero Vera, a cargo de la Fiscalía General N°1 ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico, y la auxiliar fiscal Jennifer Maleh presentaron un recurso de casación contra la sentencia que en septiembre pasado absolvió al extitular del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, Julio Miguel De Vido, en la causa por el ingreso de 790.550 dólares que llevaba consigo en un maletín el empresario venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson cuando arribó al país en la madrugada del 4 de agosto de 2007.

En ese fallo, el Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº1 -integrado por los jueces Diego García Berro, Ignacio Fornari y Luis Losada- había condenado al extitular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) Claudio Uberti y a cuatro funcionarios de la Aduana.

La postura del MPF

Cabe recordar que durante el alegato que se desarrolló el 16 de agosto pasado, los representantes del MPF habían acusado a De Vido por el delito de tentativa de contrabando agravado de importación de divisas conforme los artículos 863, 865 incisos a) y b), en función del 871 del Código Aduanero (Ley 22.415) y solicitaron que se le impusiera la pena de 5 años de prisión de cumplimiento efectivo, 3 años de inhabilitación especial para el ejercicio del comercio, y demás inhabilitaciones previstas en el artículo 876 incisos d y h del Código Aduanero.

Ante la absolución dictada por el Tribunal, los representantes del Ministerio Público Fiscal recurrieron ahora ante la Cámara Federal de Casación Penal porque entendieron que el tribunal realizó una valoración parcial y arbitraria de la prueba recolectada en el proceso e indicaron que la misma "fue despojada de todo contexto", lo que derivó "en un examen superficial de los fundamentos que sustentaron la acusación".

Para el fiscal general y la fiscal auxiliar, los jueces efectuaron "una ponderación fragmentada y aislada de los elementos probatorios e indicios que se presentaron en la causa", que prescindió de la necesaria correlación de las pruebas en su conjunto. De esta forma, hicieron hincapié en la designación de De Vido como titular del Ministerio de Planificación Federal y las relaciones bilaterales que entabló con Venezuela. En esa línea, resaltaron el rol que tenía el exministro (al punto de arrogarse funciones consulares); el nombramiento de Uberti mediante acto administrativo; y la relación jerárquica que existía entre ambos funcionarios.

Los representantes del MPF destacaron las gestiones y la contratación del avión por parte del Estado Nacional y las comunicaciones telefónicas entre funcionarios una vez que ingresaran al país los casi 800 mil dólares. Finalmente, evidenciaron la imposibilidad de aplicar el principio de confianza y la prohibición de regreso.

Reiteraron también que estos hechos no debían ser juzgados de forma aislada y autónoma sino que debían ser “enlazados, acoplados, unidos en un contexto”, lo cual permitiría arribar a una única conclusión: "la participación dolosa de De Vido en el intento de contrabando de divisas".

En esa línea, hicieron especial referencia a la importancia de la prueba indirecta ya que indicaron que si hubieran tenido que nutrirse exclusivamente de prueba directa para este tipo de delitos complejos de corrupción, se caería "en la inevitable consecuencia de lo utópico".

Para concluir, el fiscal general Vera y la fiscal auxiliar Maleh reiteraron que si este estándar probatorio no se aceptara y se exigiera una prueba absolutamente directa “llegarían a una sola y lamentable consecuencia: el triunfo de la impunidad”.