La instrucción de la causa fue ampliada en febrero del año pasado por María Virginia Miguel Carmona, que se desempeña como subrogante en la Fiscalía Federal de primera instancia de Villa María, Córdoba. Se acusa a una organización de ejecutar maniobras destinadas a justificar la adquisición de cereales en forma marginal, es decir, sin que se declaren esas ventas al Fisco.

Pero el 20 de marzo pasado, el juez Roque Ramón Rebak dictó la falta de mérito de los supuestos integrantes de la asociación ilícita tributaria. Esa decisión fue apelada por la fiscal (ver adjunto) cinco días después. Por su parte, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba,  en el voto del juez Ignacio María Velez Funes, al que adhirió José Vicente Muscará, confirmó lo decretado por el juez, al fundamentar la falta de mérito en que no se había podido “establecer aún cuál fue el rol individual o de conjunto que habría desempeñado cada uno de los imputados dentro de la presunta asociación ilícita o el grado de relación personal entre ellos o las empresas a las que pertenecen o negocios que realizarían conjuntamente".

Ante ese pronunciamiento, el fiscal Alberto Lozada interpuso recurso de casación, con la colaboración del área de Delitos Tributarios y Contrabando de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). La fiscalía sostuvo que la Cámara omitió valorar "ciertos elementos de prueba que no sólo eran relevantes, sino incluso dirimentes para solucionar el caso".

El recurso cuestionó que la resolución omitió considerar "la prueba que revela cuál era el propósito de la asociación integrada por los imputados". Además, el fiscal alertó que si el proceso continúa conforme a los criterios sentados por el voto mayoritario del tribunal, la investigación "sufriría innecesarias dilaciones o incluso podría hasta paralizarse, todo lo cual atenta contra la correcta administración de justicia".

Durante el trámite del expediente el apoderado de Corretajes Group SA solicitó el levantamiento de toda medida cautelar que le fuera impuesta, particularmente la referida al bloqueo de cuentas corrientes. La fiscalía de primera instancia se opuso a esa solicitud el 8 de noviembre pasado (adjunto).

La investigación
Según los elementos probatorios recolectados por la fiscal Miguel Carmona, el grupo utilizaba tanto personas físicas como jurídicas que revisten el carácter de “contribuyentes apócrifos".

De esta forma los acusados habrían defraudado a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) mediante la evasión del impuesto al valor agregado (IVA), la evasión del impuesto a las ganancias y la generación de significativos créditos fiscales simulados, mientras permanecían ocultos los verdaderos operadores del mercado.