27 de octubre de 2021
27 de octubre de 2021 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Por más de 30 mil millones
Cómo fue la estrategia del Ministerio Público Fiscal en una causa por lavado con embargos récord y procesamientos
De la investigación participaron la Fiscalía Federal de Hurlingham, la N°7 en lo Penal Económico, la PROCUNAR y la PROCELAC, junto a un equipo conformado por la AFIP y Gendarmería. Se estima que la organización, desbaratada en octubre, lavó activos provenientes del narcotráfico durante catorce años mediante la asociación ilícita de sus integrantes.

Los principales integrantes de una organización criminal de carácter transnacional, presuntamente dedicada a actividades vinculadas al delito de lavado de activos provenientes del contrabando y tráfico ilícito de estupefacientes y contrabando de divisas durante al menos catorce años, fueron procesados la semana pasada por el juez del fuero en lo penal económico Pablo Yadarola, que dispuso embargos por más de 30 mil millones de pesos.

El avance de la investigación fue el producto de la decisión del Ministerio Público Fiscal de la Nación de construir una imputación que abarcase las maniobras investigadas en una serie de expedientes diseminados en distintos fueron y jurisdicciones que alcanzaban a los supuestos integrantes de la organización. Durante la pesquisa intervinieron dos fiscalías -la Fiscalía Federal de Hurlingham a cargo de Santiago Marquevich, primero, y la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N° 7, que encabeza María Gabriela Ruiz Morales, después-, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), junto a diversas reparticiones de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Unidad de Información Financiera (UIF) y Gendarmería. Antes de su radicación en el fuero penal económico intervino el juez federal de Morón Néstor Barral.

La hipótesis es que el grupo criminal estaba integrado al por menos Carlos Sein Atachahua Espinoza, M. D. Á. F., N. L. A. D. Á, Diego Xavier Guastini -arrepentido ­colaborador asesinado en Quilmes el año pasado-, Miguel Ángel García Ramos y C. V. C. C. Para los investigadores, la organización ingresó al sistema financiero y administró una gran cantidad de bienes producto del narcotráfico, disimulando su verdadero origen a través de distintas empresas, entre las que se destacan ‘ROSGAR S.A.’, ‘SYB S.A.’, ‘TEBINAN S.R.L.’, ‘ESPACIO LIBRE S.R.L.’ y ‘FIDEICOMISO ROSARIO 724’, versando sus actividades económicas sobre negocios inmobiliarios y/o playas de estacionamientos.

En ese sentido, estimaron -y así lo convalidó el juzgado- que, por medio de la adquisición de los paquetes accionarios de las firmas comerciales “Tebinan S.R.L.”, “Rosgar S.A.” y “S y B S.A.”, la estructura que lideraría ATACHAHUA ESPINOZA logró convertir aproximadamente U$S 7.250.000 en efectivo -U$S 1.600.000, U$S 5.000.000 y U$S 650.000, respectivamente- en participaciones societarias que simulaban tener origen lícito.

Por otro lado, por medio de los diferentes programas de exteriorización de capitales a los que adhirieron tanto M. D. Á. F.,como Atachahua Espinoza, habrían logrado convertir ­al menos­ la suma de $ 1.876.820 (aproximadamente U$S 500.000 al momento de su ingreso al patrimonio) y $ 3.140.912 (aproximadamente U$S 830.000) en efectivo de origen ilícito que poseían dentro del territorio argentino, en activos locales de apariencia legítima.

Al inicio la investigación se desarrolló de manera conjunta entre la PROCUNAR y la Fiscalía Federal de Primera Instancia de Hurlingham, y tuvo dos objetivos principales: por un lado, determinar la posible comisión de conductas de tráfico ilícito internacional de sustancias estupefacientes, desplegadas por la estructura criminal liderada por Carlos Sein Atachahua Espinoza, y que tendrían como punto de organización local a un domicilio en el partido bonaerense de Ituzaingó; por el otro, descifrar la operatoria financiera que esa misma estructura habría utilizado dentro del territorio argentino, para legitimar las ganancias provenientes de la actividad narcocriminal mencionada. En una síntesis, la PROCUNAR indicó que “pudimos identificar al ideólogo del entramado societario que posibilitó el cumplimiento de ese objetivo: Diego Xavier Guastini”.

Para el MPF, la organización ingresó al sistema financiero y administró bienes producto del narcotráfico, disimulando su verdadero origen a través de distintas empresas e inversiones inmobiliarias

Para la pesquisa se formó un equipo de trabajo, conformado por el Escuadrón Operaciones Antidrogas de Gendarmería Nacional -Comandante Principal Raúl Alberto Sangiuliano-; la Unidad de Información Financiera (UIF, que se presentó como querellante); la Dirección de Planificación y Control Judicial de la AFIP; y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

Procesamientos
El juez Yadarola dictó los procesamientos el jueves de la semana pasada, al encontrar acreditada la acusación con el grado de certeza requerido para la etapa que transita la causa, es decir la de instrucción. La decisión alcanza a cuatro personas, pues una se encuentra prófuga y se declaró la extinción penal en torno a Guastini por su muerte.

En una resolución de 166 páginas, resolvió en torno al lavado de activos y la integración de una asociación ilícita, en calidad de coautores de los acusados, al estimar que todos habrían realizado actos de esa índole y tenían dominio de los hechos.

Para el juzgado, los ahora procesados formaron parte de una agrupación criminal "que operó en el país desde al menos el año 2006 hasta el día de 21 de octubre de 2020"

Así, se indicó que formaron parte de una agrupación criminal “con suficiente permanencia en el tiempo, que operó en el país desde al menos el año 2006 hasta el día de 21 de octubre de 2020, y que de manera habitual y constante desarrolló maniobras financieras de blanqueo de activos, tendientes a poner en circulación y administrar dentro del mercado local, bienes provenientes de un ilícito penal tráfico ilícito internacional de estupefacientes y contrabando de divisas, y a otorgarles apariencia de licitud”.

Embargos multimillonarios
El juzgado recordó que los delitos previstos en el artículo 303 del Código Penal, relativos al lavado de activos, además de las penas privativas de la libertad, prevén otras sanciones, entre las cuales se encuentra la de multa. En ese sentido, al momento de fijar los embargos, tuvo en cuenta: “la cantidad de bienes muebles e inmuebles que todos los imputados poseen; las elevadas sumas de dinero en efectivo secuestradas en los domicilios allanados; el tenor de las imputaciones; la gravedad de los hechos; “la habitualidad y frecuencia con la que se habrían perpetrado las maniobras investigadas; las implicancias de los delitos en trato; la extensión de la investigación; el hecho de que las conductas de lavado de activos se encuentren agravadas” por haber sido realizadas con habitualidad y por una asociación conformada a esos fines.

En consecuencia, dictó esa medida hasta cubrir la suma de 10 mil millones en los casos de Atachahua Espinoza, García Ramos y N.L.A.G.; y de 200 millones en el de C.V.CC., “teniendo en cuenta el rol diferente que cada uno de los imputados ostentaría en la organización bajo estudio”.

En total, los embargos dictados superan los 30 mil millones de pesos

El rol de Guastini
Según consideró PROCUNAR en un documento, “el análisis sobre las maniobras de lavado de activos que, en esta oportunidad, habrán de endilgarse a los integrantes de la estructura criminal liderada por Atachahua Espinoza no puede –bajo ningún concepto- aislarse de la vinculación societaria y comercial que el nombrado mantuvo con Diego Xavier Guastini”.

“Tales vinculaciones deben también ponderarse a la luz del resto de las relaciones comerciales y criminales de Guastini –objeto de otras causas-, varias de ellas confesadas en ocasión de acordar con este Ministerio Publico Fiscal en los términos del artículo 41 ter del Código Penal de la Nación”, indicaron.

Para la procuraduría especializada a cargo del fiscal federal Diego Iglesias, los elementos objetivos reunidos en la pesquisa “permiten afirmar que era el denominador común de distintas organizaciones criminales, a quienes aportaba su experticia, que radicaba en diseñar la mejor estructura posible para permitir al grupo criminal legitimar sus activos, o bien ingresar al país sumas de dinero provenientes del tráfico de sustancias estupefacientes, ponerlo en circulación en el mercado legal y darle así apariencia lícita”.