03 de febrero de 2023
03 de febrero de 2023 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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A juicio por intentar coimear a funcionarios de la Procelac y el BCRA durante un allanamiento
"¿Cómo podemos arreglar? ¿Querés un palo verde? Te doy un palo verde"
El fiscal Carlos Stornelli requirió la elevación a debate oral y público de un médico que tenía una "cueva" de dinero en el centro porteño y que intentó pagar una dádiva mientras se realizaba un operativo.

Un médico imputado por infracciones al régimen penal cambiario irá próximamente a juicio oral y público por intentar coimear a funcionarios de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y del Banco Central (BCRA) para que dejaran sin efecto la investigación y el resultado de un allanamiento a su departamento.

El fiscal Federal porteño Carlos Stornelli formuló el 3 de julio pasado el requerimiento de elevación a juicio respecto del médico Christian Darío Montero, de 42 años, a quien acusó por cohecho activo en concurso real con cohecho activo agravado por la especial calidad de magistrado del Ministerio Público, teniendo en cuenta que el funcionario de la Procelac es fiscal ad hoc.

De acuerdo con la acusación, Montero ofreció una coima al coordinador del área de Fraude Económico y Bancario de la Procelac, Pedro Biscay, y el gerente de Control de Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del BCRA, Gabriel Zanni, en la tarde del 29 de octubre del año pasado.

En esa jornada, ambos organismos participaron con la colaboración de la Unidad Especial de Procedimientos Judiciales de la Gendarmería Nacional de un allanamiento dispuesto por el juez en lo Penal Económico, Alejandro Catania, a una oficina situada en la calle Triunvirato al 3900, donde funcionaba una cueva de dinero.

El ofrecimiento "de arreglar" fue rato después de que los funcionarios sorprendieran a Montero cuando intentaba ocultar las pruebas. "Al momento del ingreso al domicilio allanado, Christian Montero se apresuró a llevar hacia el balcón dos bolsas y pese a la orden de alto las arrojó hacia el balcón del domicilio contiguo, determinándose luego que contenían documentación y dinero", describió Stornelli en el requerimiento de elevación a juicio. En las bolsas, había poco más de 50 mil dólares, casi 150 mil pesos, unos 4500 euros y más de seis mil reales, entre otros montos menores de otras monedas.

La causa se inició con las denuncias presentadas por Zanni y Biscay. "Ya tuvieron un positivo, ahora hay que ver cómo arreglamos", le dijo Montero al funcionario del BCRA, según figura en la acusación. Biscay, en tanto, narró en la presentación que dio origen a la investigación que "puntualmente y en un contexto en que el imputado pedía explicaciones al funcionario de Procelac actuante sobre el procedimiento en cuestión, expresó concretamente '¿cómo se podía arreglar la situación para recuperar la plata?, lo cual en el contexto de situación fue interpretado como un ofrecimiento de dádiva, a lo que se respondió que contratase a un abogado".

En su presentación, Biscay agregó que Montero dijo espontáneamente que "durante la mañana los del banco [el BCRA] me avisaron que podía operar tranquilo", y que "tenía códigos pero alguien los había roto". "En el mercado todo tiene precio y la información cuesta", declaró Biscay que le dijo el imputado al momento del cohecho.

Otros cinco testigos que participaron del procedimiento corroboraron las denuncias de Biscay y Zanni. "¿Cómo podemos arreglar? ¿Querés un palo verde? Te doy un palo verde. ¿Cuánta plata querés?". El textual lo oyó un testigo ajeno al operativo, convocado para certificar la legalidad de la medida.

Otro inspector del BCRA, quien también fue citado en la investigación, pudo escuchar cuando el médico imputado ofrecía el 10 por ciento del dinero secuestrado para que se dejara sin efecto el procedimiento.

La acusación

"Surge claro que Montero se aseguró de dirigirse a los funcionarios que como máximas autoridades de las entidades participantes se hallaban presentes en el procedimiento", valoró el fiscal Stornelli, y puso el acento en que, antes de los ofrecimientos, el imputado "consultó quién era el gerente para ir a hablar con él".

En efecto, para la imputación Stornelli tuvo en cuenta el carácter de funcionarios públicos de las personas a las que Montero ofreció dinero y el agravante de que, además, en el caso de Biscay se trata de un magistrado del Ministerio Público Fiscal, dada su calidad de fiscal ad hoc de la Procelac.

Stornelli consideró que la conducta de Montero encuadra en el artículo 258 del Código Penal, que establece una pena de uno a seis años de prisión a quien "directa o indirectamente diere u ofreciere dádivas en procura de alguna de las conductas reprimidas por los artículos 256 y 256 bis". Estos dos artículos reprimen a los funcionarios públicos que "por sí o por persona interpuesta solicitare o recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer valer indebidamente su influencia ante un funcionario público, a fin de que éste haga, retarde o deje de hacer algo relativo a sus funciones".

El segundo párrafo del artículo 256 bis agrava la conducta y eleva la pena en caso de que el coimeado sea un juez, un fiscal o un defensor oficial: "Si aquella conducta estuviera destinada a hacer valer indebidamente una influencia ante un magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público, a fin de obtener la emisión, dictado, demora u omisión de un dictamen, resolución o fallo en asuntos sometidos a su competencia, el máximo de la pena de prisión o reclusión se elevará a doce años".