La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo del fiscal general Carlos Gonella, denunció por lavado de dinero a un abogado quien, “junto a su cónyuge, poseerían 20 inmuebles bajo la titularidad de testaferros y con un ingreso promedio de $50.000”. La causa se había iniciado a raíz de un oficio de estilo librado el 15 de octubre del año pasado por el titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N°3, Marcelo Roma, quien investigaba al letrado por una presunta estafa.

Más tarde, desde el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N°37 informaron que al imputado “se lo acusaba de estafas y defraudaciones varias. Manifestó, asimismo, que en las actuaciones había muchas personas involucradas, entre las que se encontrarían personas de su círculo íntimo”. El juzgado además precisó que, “en oportunidad de su descargo, el denunciado había relatado que tenía 20 inmuebles, todos bajo el nombre de testaferros cuya adquisición, teniendo en cuenta las maniobras investigadas, se presumía ilegítima. En virtud de ello y toda vez que el nombrado había declarado ingresos anuales por $40.000, se dio aviso de la situación a Procelac y a la AFIP”.

Desde la Procuraduría especializada derivaron el asunto al Área Operativa de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, a cargo de Juan Argibay, quien dispuso la apertura de una investigación preliminar. En primer lugar, se consultaron informes de organismos públicos para recabar datos sobre automotores, inmuebles y movimientos migratorios, entre otros, respecto de él y otras once personas vinculadas al letrado. También, se solicitó a distintas dependencias públicas, juzgados y fuerzas de seguridad que informaran sobre los investigados todo lo que fuera útil para delinear sus perfiles patrimoniales.

A partir de la información brindada especialmente por la justicia, consideraron que los bienes del letrado “podrían derivar y/o haber sido obtenidos con los frutos de las actividades ilícitas por las que se lo investiga en la órbita de la justicia penal e incluso motivaron varios procesamientos (algunos firmes a la fecha) y la suspensión de un juicio a prueba a su respecto”.

Por esto, desde Procelac indicaron que “cabría evaluar la premeditación consecuente al entramado de estas maniobras ilícitas, a través de la que el abogado denunciado, con la participación de otros sujetos, podría haber puesto en circulación cuantiosas sumas de dinero, traducidos en bienes de los que dispone sin que figuren a su nombre, que no estarían justificados por su actividad profesional y cuyo origen estaría ligado al delitos”.

En definitiva, pusieron de manifiesto que el hombre, “en el marco de expedientes sucesorios y ejecutivos, en trámite ante Juzgados Nacionales en lo Civil y Comercial de Capital Federal, con la participación de los asesores letrados y demás sujetos identificados en las causas penales detectadas, mediante la aseveración de falsedades y engaños logró hacer incurrir en error a los magistrados de dichos fueros, quienes aceptaron que diversos bienes ingresaran al patrimonio de los acusados como propios, concretándose así la afectación y posterior disposición patrimonial”.

Un modus operandi para el engaño

En mayo de 2015, el abogado investigado fue procesado -sin prisión preventiva- por estafa procesal en concurso ideal con uso de documento falso equiparado a público, en concurso real con sustracción de medios de prueba. Esto se debió a que, junto con otras tres personas, concretaron “una maniobra fraudulenta con la finalidad de engañar a la magistrada a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°24 y que en razón de ese engaño [se declaró como heredera a una personas inexistente], que había sido invocada por los imputados para obtener la posesión y disponer en su beneficio” de un departamento ubicado en una zona de alta valuación fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. El perjudicado por esta maniobra fue el propio gobierno de la ciudad.

Además, para hacer desaparecer las constancias documentales de la maniobra fraudulenta, una de las cuatro personas que actuó junto con el abogado, y que por el momento no pudo ser identificada, sustrajo de la mesa de entradas del juzgado el segundo cuerpo del expediente sucesorio.

Por otra parte, para lograr quedarse con un departamento ubicado en el Barrio de Belgrano, el denunciado habría realizado con otras personas un “convenio de entrega de posesión” de esa propiedad, que resultó ser “un invento para usurpar el inmueble mediante la vía judicial”, indicó la denuncia.

Otro tanto sucedió con varios pagarés falsos, con los que reclamaban el cobro de deudas de miles de pesos. En varias oportunidades, al momento de iniciar el juicio ejecutorio por esos títulos, se prsentaban los presuntos deudores para desconocer la deuda y denunciar la falsedad de la firma. En uno de esos casos, por ejemplo, uno de los demandados demostró que a la fecha de emisión que figuraba en el pagaré, él se encontraba radicado en España.

Falsas nacionalidades

En otras dos oportunidades, para lograr quedarse con inmuebles que habían quedado sin herederos luego del fallecimiento de sus dueños, el grupo liderado por el letrado denunciado habría inventado presuntos herederos por medio de la falsificación de partidas de nacimiento, una de la República de Moldavia y la otra de Rumania.

En el primero de los casos, tras el fallecimiento de la titular de la propiedad, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, debido a la presunta herencia vacante, inició la sucesión intestada. Sin embargo, tiempo después, una mujer, representada por una abogada del grupo del abogado, se presentó ante la justicia con un certificado de nacimiento expedido en la República de Moldavia, de donde se desprendería que era hija de la mujer fallecida.

Sin embargo, tras los reclamos por parte del Gobierno de la Ciudad, la abogada renunció a la representación de la mujer que reclamaba el inmueble, y luego pidió que se regularan sus honorarios. Más tarde, a través de la información suministrada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, se determinó que la partida de nacimiento era falsa, motivo por el cual el juez de la sucesión remitió el caso a la justicia penal.

En el segundo caso, también después del fallecimiento de la propietaria de un departamento ubicado en Barrio Norte, el consorcio del edificio inició la sucesión con el objeto de cobrar las expensas que se adeudaban. Allí manifestaron que la fallecida no tenía hijos y que desconocían la existencia de herederos, por lo que pidió que se ponga en conocimiento al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ante la posibilidad de tratarse de una herencia vacante. Este último “ya había tomado intervención, al formarse el expediente sobre aseguramiento de bienes”, señaló la Procelac.

A finales de 2006, el departamento fue tasado en 124 mil dólares. Sin embargo, el 10 de diciembre de 2010 fue presentado un escrito por una mujer que decía ser hija de la fallecida. Esto fue suscripto por una abogada también cercana a el denunciado. Gonella relató que, “para acreditar el vínculo aportó un partida de nacimiento de Rumania, con su traducción pública y su correspondiente legalización”.

“Sobre la base de esa presentación y la documentación aportada, la jueza civil decretó el 30 de marzo de 2011 el cese de la reputación de vacancia dictada en su momento, declarando heredera” a la mujer, agregó en la denuncia contra el letrado.

De nuevo, el gobierno de la ciudad volvió a cuestionar la legitimidad de la documentación acompañada. Sin embargo, el 12 de octubre de 2011, la jueza dispuso “hacerle entrega a la heredera […] de la tenencia del inmueble en cuestión”. Pero, agregó el titular de la Procelac, “jamás apareció en persona [la heredera] y en ninguno de sus escritos declara un domicilio real”. Por esto, el 18 de mayo de 2012, el GCBA denunció el caso ante la justicia penal, convencido en la falsedad del documento utilizado.

“El 3 de septiembre de 2012 se presentó un escrito en esta causa por parte de quien se identificó como [la heredera], representada por el abogado Luis Rodríguez […] pidiendo ser defendida por el Defensor Oficial. En ese escrito se constituye domicilio” en un departamento que luego se comprobaría que no era donde vivía la heredera “sino un dependiente del abogado", señaló Gonella.

Finalmente, “en ese proceso penal se oyó en declaración testimonial a la traductora pública […] que intervino en la traducción de la documentación en idioma Rumano relacionado con el certificado de nacimiento de [la presunta heredera] en Rumania. [La traductora] informó que el pedido de traducción le fue encomendado por el estudio”.

El titular de la Procelac concluyó la denuncia considerando que debería intervenir la justicia federal debido a que “el delito de lavado de activos constituye una conducta pluriofensiva que atenta simultáneamente contra la administración de justicia, el orden socioeconómico, la transparencia del sistema financiero y la legitimidad de la actividad económica”. A su vez, aconsejó una serie de medidas cautelares a ejecutar una vez que quede radicada la causa en un juzgado.