La Procuraduría de Criminalidad Económica (Procelac), a cargo del fiscal general Carlos Gonella, denunció a una presunta organización narcocriminal por lavado de activos. La investigación había surgido en virtud de la remisión de testimonios efectuada por la fiscal a cargo de la Fiscalía General N°3 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal, Gabriela Baigún, en el marco de la causa en la que se investigó el accionar de una banda conformada por al menos 12 personas. “Esta organización criminal se habría dedicado a la tenencia, comercio, transporte y almacenamiento de sustancias estupefacientes, concretamente marihuana y cocaína, durante el período comprendido entre abril a junio del año 2014”, indicó Gonella en la presentación.

En la comunicación realizada por Baigún, que será la fiscal que actúe en el juicio oral por los delitos vinculados a la narcocriminalidad, se informó que “durante los allanamientos realizados se secuestraron varios automóviles y una gran cantidad de dinero, lo que no sería en principio compatible con la situación patrimonial puesta de manifiesto por los imputados durante el trámite de la causa”. En ese marco, la fiscal “entendió factible a partir de los indicios arrimados a la causa de mención, la posibilidad de que aquellos se encuentren vinculados a maniobras relacionadas con el delito de lavado de activos”, describió el titular de la Procelac.

Desde al Área Operativa de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Procelac, a cargo de Juan Argibay Molina, el 2 de septiembre de 2015 se dispuso la apertura de una investigación preliminar. Entre las primeras medidas, se procedió revisar distintas bases de datos como las del Registro de la Propiedad Automotor, el Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Registro Nacional de Aeronaves y la Dirección Nacional de Migraciones, entre otras. También, se solicitó a distintos organismos públicos y fuerzas de seguridad que informaran todo lo que pudieran sobre los investigados que fuera útil para delinear sus perfiles patrimoniales.

De esta manera, se comprobó que uno de los imputados estaba autorizado a conducir un vehículo a nombre de su esposa, con un valor de plaza mayor a los cien mil pesos. A su vez, su mujer también era titular de dos inmuebles, de los cuales compartía la titularidad en uno de ellos con el imputado. El acusado también tenía una aeronave que había adquirido por “la ínfima suma de $160.000”. Por esto, Gonella consideró que “no puede descartarse a esta altura que estos bienes fueran adquiridos para canalizar las ganancias obtenidas a raíz del ilícito por el cual [el imputado] se encuentra en condiciones de ser juzgado”.

Sin embargo, “no es la única modalidad que el acusado podría haber utilizado para lavar activos: la simulación de emprendimientos o actividades comerciales, como forma de dotar de verosimilitud a una serie de operaciones puede también resultar una maniobra plausible para canalizar activos de origen ilícito”, donde se utilizan “testaferros” o “prestanombres”, “con el objeto de poner en circulación en el mercado los bienes de origen espurio obtenidos, o bien con la finalidad de disimular la fuente real de los fondos ilícitamente obtenidos”, detalló el titular de la Procelac.

De esta manera, a partir de “la gran cantidad de tránsitos migratorios advertidos respecto de alguno de ellos y, naturalmente, la conducta por la cual se encuentran imputados en la causa N°2352 del registro de Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de esta ciudad, resultan elementos que pueden hacer presumir la aplicación de las ganancias” en Paraguay, país del cual muchos de los imputados son nacionales.

A partir de ello, Gonella precisó que “con las mayores y mejores herramientas que ofrecerá la judicialización formal deberá hurgarse en el perfil patrimonial del círculo cercano a los imputados, a los efectos de poder identificar de manera fehaciente si se llevaron a cabo transacciones y operaciones que obedecieron a mecanismos de colocación o integración de activos de origen delictivo”.