El 10 de noviembre, el Área Operativa de Delitos Tributarios y Contrabando de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo de Juan Zoni, solicitó una serie de medidas de investigación contra el intendente de Hurlingham, Luis Acuña, para indagar si cometió el delito de evasión simple (artículo 1° de la ley 24769). La denuncia también incluyó a su esposa, María Azucena Echosor, y sus tres hijos: Fabrizio Acuña, María Silvina Acuña y Emiliano Acuña.

Todo comenzó a partir de una denuncia presentada a la Procelac por el abogado Jorge Javier Cancio, luego de haber tomado conocimiento de un informe periodístico publicado en la página web www.buenosaires2punto0.com.ar. De acuerdo con la denuncia, en la nota periodística se daba cuenta de un incremento patrimonial sospechoso respecto del grupo familiar, quienes serían los socios de una firma denominada FASIEM SRL.

En ese informe también se sostenía que para el año 2006, “la empresa habría deducido compras por $13.700 pesos, pero que no registraba ventas. Respecto al año 2007 logró vender por $3.670 pesos y compró por $370.000 pesos. Para el año 2008 compró por $496.000 y no vendió nada. Para el año 2009 las ventas fueron por $180.000 pesos y las compras por $665.000 pesos. En el año 2010, vendió por $65.500 y compró por $233.400, mientras que en el año 2011 vendió por $162.000 y compró por $166.000”.

Por otro lado, el abogado señaló que FASIEM SRL daba pérdidas desde el mismo momento de su constitución, “pero sigue operando y a su vez ha prosperado en negocios inmobiliario ya que cuenta con nueve propiedades registradas en la provincia de Buenos Aires, de las cuales varias de ellas se encontrarían ubicadas en zonas económicamente privilegiadas”. Según el denunciante, esto “no se condice lo declarado por la firma con la adquisición de dichas propiedades y de todos los bienes en cabeza de la familia Acuña”.

Con estos y otros elementos incluidos en la presentación del letrado particular, desde la Procelac se dispuso la apertura de una investigación con el objetivo de acreditar o descartar los hechos. En consecuencia, se procedió a realizar un análisis patrimonial de FASIEM SRL, de todas las personas físicas mencionadas y de aquellas con las que tuvieran vínculos comerciales.
Fue así que se pudo constatar que la empresa tenía domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y había declarado como actividad principal “construcción, reforma y reparación de edificios residenciales”. A su vez, se comprobó que estaba constituida por los hijos del intendente y su mujer, María Azucena Echosor. Sin embargo, sobre esta última surgió la primera irregularidad: había indicado como estado civil “soltera”. También, se advirtió que la empresa poseía ocho inmuebles, de los cuales dos carecían de valuación fiscal, y dos vehículos de alta gama.

Por su parte, Procelac también demostró que el intendente poseía dos vehículos de alta gama, uno de los cuales compartía la titularidad con su hija Silvina; y dos inmuebles a su nombre. Mientras que su esposa era titular de otras dos propiedades, junto a dos vehículos y un cuatriciclo. Entre los hijos, finalmente, sumaron una cantidad de siete automóviles y ocho inmuebles. Todo esto sin contar los que aportaban sus respectivos cónyuges.
Ante tal masa de activos alrededor del grupo familiar, el área a cargo de Zoni concluyó que correspondía iniciarse una investigación judicial en orden a la actividad comercial de la firma FASIEM SRL, “en tanto se encuentra cuestionada su capacidad económica para adquirir la gran cantidad de bienes que posee registrados a su nombre”.

Con esa investigación se busca determinar si se está “ante personas físicas que disminuyen fraudulentamente su capacidad contributiva, ocultando bienes a través de una persona jurídica o que, como responsables de la persona jurídica, realicen maniobras tendientes a evadir el pago de los impuestos originados en el desarrollos de la actividad comercial de FASIEM SRL”.
En el escrito presentado ante la justicia también se indica que de la información tributaria que se pudo obtener, surgían “sospechosas altas y bajas, falta de presentación de declaraciones juradas y demás irregularidades, que ameritan realizar la pertinente denuncia para investigar dichos extremos”.

Por último, más allá de la investigación por evasión tributaria, también entendieron que era necesario analizar “si la operatoria desplegada por las personas mencionadas no responde a una de las etapas del proceso de lavado de capitales de origen delictivo”. En este sentido, advirtieron “la relación directa o indirecta que poseen estas personas con cargos y funciones en la municipalidad de Hurlingham u otros cargos públicos, lo que requiere una lupa aún mayor sobre las conductas comerciales e impositivas de estos sujetos”.