30 de enero de 2023
30 de enero de 2023 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Se realizaron en la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Finalizaron las jornadas de actualización sobre la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas
Las procuradurías de Investigaciones Administrativas y de Criminalidad Económica y Lavado de Activos participaron de la organización. El primer encuentro se había llevado adelante el 23 de septiembre pasado.

Las Jornadas de Actualización de la Ley 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas finalizaron el viernes pasado en la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires. La actividad estuvo organizada por la entidad anfitriona y por las procuradurías de Investigaciones Administrativas (PIA) y de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), junto con la Oficina Anticorrupción (OA) y la Comisión de Seguimiento del Cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción. La primera jornada se había llevado adelante el 23 de septiembre pasado.

El primero de los paneles que se llevó adelante el viernes pasado fue el denominado “Acuerdos de colaboración: negociación, contenido, y cumplimiento”, moderado por la fiscala general interina de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas Dafne Palópoli. Al comienzo, expuso la fiscala Coordinadora del Grupo de Crimen Organizado de la Fiscalía Anticorrupción de Costa Rica Diana Hernández Gamboa, quien explicó cómo se llevan adelante en su país los acuerdos de colaboración, sus efectos y las dificultades de su aplicación.

Por su parte, el socio de Marval O’Farrell Mairal y director del Programa Avanzado en Compliance, Anticorrupción e Investigaciones de la Universidad Di Tella Gustavo Morales compartió su experiencia como asesor legal de empresas. En esa línea, detalló las posibilidades que considera para que los acuerdos de colaboración resulten más eficientes y para que las empresas obtengan mayores incentivos para colaborar en las investigaciones.

Luego, el fiscal federal Fernando Domínguez expuso al respecto de los desafíos que tiene la aplicación de la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas e hizo foco en la instrumentación eficaz de los acuerdos de colaboración. En ese punto, comentó una experiencia llevada adelante con una empresa transnacional con la que pudo establecerse un acuerdo por primera vez en el marco de esta ley, lo que permitió el acceso a una gran cantidad de documentación y avances en la investigación.

La última en exponer en este panel fue la analista legal de la División Anticorrupción de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) Alejandra Tadeu, que se refirió a la Convención para la Lucha contra el Cohecho de Funcionarios Públicos como catalizadora de reformas legislativas en la región en materia de corrupción activa y a la Recomendación de la OCDE sobre Integridad Pública que la complementa. En esa línea, explicó que esa recomendación incorporó nuevos estándares para la lucha contra la corrupción, que incluyó los acuerdos y resoluciones sin juicio. A eso le sumó el alcance de estas recomendaciones, los elementos esenciales que la OCDE considera para la implementación de los acuerdos y relevamientos que se han realizado sobre el tema.

El segundo panel se denominó “Beneficio indebido y reparación” y fue moderado por el Auditor General de la Universidad de Buenos Aires.Oscar Fernández. La primera en exponer fue la perito oficial especialista en delitos contra la Administración pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Eleonora Feser que explicó las problemáticas que encuentra en la redacción de norma respecto de los beneficios indebidos y algunas limitaciones y desafíos desde su labor.

Después, se presentó el Director del Centro de Gobernabilidad y Transparencia del IAE Business School Raúl Saccani, quién resaltó la importancia de alcanzar acuerdos y de que los peritajes respecto al beneficio indebido se realicen antes de la homologación de los mismos. También puntualizó sobre algunas cuestiones técnicas que presentan dificultades al momento de la determinación del beneficio.

El tercero en exponer fue el abogado asesor de la Unidad Especializada Anticorrupción del Ministerio Público de Chile Alejandro Litman Silberman que compartió su experiencia en ese país al respecto de las sanciones impuestas a las empresas y los efectos que han tenido. Relató que, mediante las instrucciones generales impartidas por el Fiscal Nacional, se regularon aspectos como los pagos de dinero por parte de personas jurídicas en el marco de las suspensiones condicionales del procedimiento.

La última en exponer fue la directora general de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes de la Procuración General de la Nación Carmen Chena, que hizo hincapié en los inconvenientes para el establecimiento o cuantificación de las multas y en las dificultades y vacíos que presenta la redacción legislativa. A su vez, explicó cuestiones técnicas que complejizan las acciones de recupero de activos en estos casos.

El cierre de la jornada estuvo a cargo del fiscal nacional titular de la PIA Sergio Rodríguez y de la directora nacional de Ética Pública de la Oficina Anticorrupción Natalia Torres, quienes brindaron sus conclusiones sobre los temas abordados durante las dos jornadas y dejaron planteados los principales desafíos a futuro en relación a la aplicación de la ley 27.401.