Con la asistencia técnica del Área de Delitos contra la Administración Pública de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), la Fiscalía General ante el Tribunal Oral Federal de General Roca, a cargo de Mónica Belenguer, se opuso a la suspensión del juicio a prueba en una causa en la que se investiga a directivos de la Asociación Regional Bariloche de Obras Sociales (ARBOS) por la obtención fraudulenta de subsidios del Ministerio de Salud de la Nación destinados al apoyo a obras sociales durante 1999 y 2000.

La maniobra incluyó la utilización de sociedades fantasmas y generó un perjuicio para el Estado de casi 2 millones de pesos. Los involucrados en el hecho son Ovidio Octavio Zuñiga, Walter Enrique Cortés, Víctor Ricardo Carcar, Omar Goye (quien con posterioridad a los hechos investigados fue intendente de Bariloche en los años 2011-2013 y luego destituido) y Gonzalo Madrazo.

La Procelac asisitió en la elaboración de la oposición a la suspensión de juicio a prueba solicitada por el imputado Madrazo. El dictamen realizado por Belenguer se apoyó en el contenido de la Resolución PGN 97/09, donde se aconsejó a los integrantes del Ministerio Público que “no prestaran el consentimiento para los casos en que, por cuestiones de política criminal, el otorgamiento del beneficio a uno de los imputados pudiera debilitar la acusación respecto de otros”.

La representante del Ministerio Público concluyó que "por la calificación aplicable (artículo 174 inciso 5 del Código Penal) y las circunstancias objetivas y subjetivas, tanto respecto de los ilícitos atribuidos, como del juicio de reproche que cabría formular a los imputados no cabría la imposición de una pena en suspenso". También tuvo en cuenta que esto configura un hecho de corrupción.

Ahora el Tribunal debe resolver el asunto y evaluar si la oposición es admisible. Si hace lugar a la presentación de la Fiscalía, el Área de Delitos contra la Administración Pública de la Procelac asistirá a la fiscal en la preparación del juicio oral, cuyo inicio se encuentra pautado para febrero de 2014.

La suspensión del juicio a prueba está prevista en el Código Penal para quienes estén imputados por un delito cuya pena máxima no exceda los tres años de prisión. Y significa que no se celebrará el juicio oral y público y se declarará la extinción de la acción penal a cambio de que la o las personas imputadas cumplan determinadas condiciones, como tareas comunitarias.