El Tribunal Oral Federal de General Roca condenó a Walter Cortés, Ovidio Zúñiga, Omar Goye y Víctor Cárcar a la pena de 4 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos gremiales y -en el caso del ex intendente Goye el título de contador- por haberlos encontrado culpables del delito de fraude contra la administración pública. Además aplicó multas de 45 mil pesos en carácter de "resarcimiento". Los jueces instruyeron el inicio de una causa para investigar la participación de funcionarios de la Administración de Programas Especiales (APE) del Ministerio de Salud de la Nación en el hecho.

La Fiscalía a cargo de Mónica Belenguer; quien actuó acompañada por el fiscal de instrucción de Bariloche, Jorge Bagur Creta; había solicitado la condena a 6 años de prisión, inhabilitación para ejercer cargos públicos y resarcimiento económico por más de un millón y medio de pesos. Un pedido similar había sido realizado por la Oficina Anticorrupción, que actuó en carácter de querellante.

El delito fue cometido en el año 1999 cuando se desviaron fondos enviados por el Estado Nacional al Sanatorio Arbos, de la ciudad de Bariloche que era administrado por los acusados, quienes son dirigentes políticos y gremiales de la ciudad. El Tribunal consignó que para la operación se crearon sociedades fantasma a las que se transfirieron los fondos.

La Fiscalía se mostró conforme con el fallo del Tribunal.